MADRID (apro).- Con el borrador de la reforma educativa, que obliga a las comunidades autónomas a garantizar el derecho a los alumnos a recibir educación en castellano como lengua vehicular, el gobierno de Mariano Rajoy abrió un nuevo frente de confrontación con Cataluña. Y es que dicha medida rompería el sistema de inmersión lingüística en esa comunidad autónoma que tiene como lengua vehicular el catalán. El gobierno de Cataluña en funciones, que preside Artur Mas, anunció hoy que ha convocado a todos los partidos de izquierda para el miércoles 5 a una reunión para fijar una postura común en defensa del modelo de inmersión lingüística. De acuerdo con la consejera de Enseñanza de esa localidad, Irene Ragau, esa reforma, como la presenta el borrador, “no se puede aplicar”, por lo que hoy mismo pedirá que sea retirada cuando se realice una reunión de la Conferencia de Educación, en Madrid. De llevarse adelante, advirtió, la Generalitat de Cataluña recurrirá ante el Tribunal Constitucional. El portavoz del gobierno de Mas, Francesc Homs, aseguró que a la reunión con la Generalitat confirmaron su asistencia el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciative Verds per Cataluña (IVC). Homs añadió que los resultados del modelo de inmersión lingüística catalán avalan el modelo, “así que reformas como ésta solo se pueden entender desde el desconocimiento o la mala fe”. La reforma prevé que las comunidades paguen a las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano, para que puedan acceder a colegios privados. Luego de los esfuerzos que el anterior gobierno (del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hizo por reforzar la educación con un toque aconfesional, el Partido Popular (PP) vuelve a girar al pasado de la educación pública, con un tufo ideológico. Vuelve a apoyar la llamada enseñanza concertada y recupera la asignatura alternativa a la de religión confesional, que es una exigencia de los obispos españoles, entre otros aspectos.