GINEBRA (apro).- La discriminación sistemática contra mujeres indígenas y migrantes, observada en México durante el examen ante el Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas, que se realizó la semana pasada, constituye un caso paradigmático de “abandono de derechos de esas minorías, excluidas de la protección a causa de la negligencia del Estado, lo que incita a la ONU a crear la imputación general de discriminación por omisión valida para todos los países”, dice a Apro el guatemalteco José Francisco Cali Tzay, uno de los 18 expertos que integran este Comité. “Es un mal ejemplo, sobre todo en la región (de América Latina). Hay situaciones muy graves: llegan a 22 mil los migrantes secuestrados en México, y los indígenas son criminalizados por oponerse a la explotación minera contaminante y se les condena por presuntos delitos sin haberles traducido a sus lenguas las inculpaciones en la justicia. Algunos están en la cárcel sin saber por qué”, exclama Tzay, luego de la comparecencia de una nutrida delegación gubernamental de México que asistió a Ginebra para hacer frente a este Comité, cuyas conclusiones serán presentadas públicamente y por escrito el próximo 9 de marzo. Tzay pone un ejemplo de la discriminación persistente en México: “Un indígena fue deportado a Honduras por su perfil físico y era ciudadano de México. ¡Tuvo que trabajar varios meses en Honduras para pagarse el pasaje de vuelta al estado de Guerrero!”. Durante la sesión del Comité, Tzay preguntó a los miembros de la delegación oficial de México si el gobierno de Felipe Calderón no iba a revisar las sentencias judiciales contra indígenas que no pudieron ejercer plenamente el derecho a defenderse, por ausencia de traductores, pero no consiguió una respuesta satisfactoria. Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y jefe de la delegación mexicana, prometió que en 2015 México dispondrá del número suficiente de traductores a todas las lenguas de los 68 pueblos originarios reconocidos en el país. Informó que actualmente hay 450 intérpretes en los tribunales competentes. Los 175 países que en 1969 firmaron la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de la ONU, se dotaron de un Comité de 18 expertos independientes elegidos por el voto secreto de los Estados que la han ratificado. El objetivo: corroborar si los gobiernos acatan la Convención y mantienen esfuerzos permanentes para reforzar su aplicación. Ahora le tocó el turno del examen a México. Los debates orales fueron trasmitidos en directo por video, a través de Internet, gracias al Movimiento Internacional contra Todas las formas de Discriminación y Racismo, una ONG japonesa con oficinas en Ginebra (IMADR, por sus siglas en inglés). En ese “dialogo interactivo” entre los expertos de la ONU y la delegación mexicana se ofrecieron cifras relevantes, como que 10% de los 112 millones de mexicanos son de origen indígena, además de los 450 mil afrodescendientes. La delegación mexicana dio un tácito reconocimiento de que existe una especie de menosprecio por parte del resto de la población, que sustentaría una suerte de “discriminación estructural de baja intensidad”, manifestación de “racismo cultural”, plagado de prejuicios, pero adelantó que la justicia indígena, de acuerdo con sus propias normas, ha obtenido ya un alto grado de reconocimiento. “La autoidentificación de los indígenas es un principio respetado, no lo determina el Estado. Sus lenguas han dejado de ser dialectos y se ha mejorado su enseñanza. Disfrutan del derecho a la autonomía y gozan del debido proceso. Todo proyecto de explotación de sus tierras obliga a la consulta previa y a la presentación de un informe de impacto ambiental avalado por un órgano de gobierno, y las concesiones se pueden anular con respaldo de una ley”, resumió Janitzio Durán Ortegón, titular de la Unidad de Planeación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México. “Protagonizamos una revolución judicial garantista en México. Estamos castigando todas las violaciones de los derechos humanos. El grado de transparencia del gobierno alcanza los más altos estándares internacionales. Existe una voluntad de erradicar la impunidad y limitar los excesos del poder. Hoy hay más garantías que antes para afrontar la lucha contra el crimen organizado. Las declaraciones obtenidas sin presencia de un abogado son nulas. Se respeta la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a ser juzgado en vista pública, pero es cierto que perduran problemas”, subrayó Alejandro Negrín Muñoz, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, varios de los miembros del Comité matizaron la euforia oficial mexicana. Para el experto estadunidense Carlos Manuel Vázquez, “la administración de justicia en la lucha contra el crimen organizado ha empeorado”. Su colega de Burkina Faso, Fatima-Binta Victoire Dah, quiso saber cuándo se va a retirar el Ejército de la lucha contra el narcotráfico, y ninguno de los 16 integrantes de la representación mexicana articuló una respuesta. Al francés Régis de Gouttes le llamó la atención que no se ventilen querellas por racismo en los tribunales, lo cual demostraría una falta de confianza de las víctimas en la justicia, o miedo a denunciar. El rumano Ion Diaconu concluyó que hay leyes que no se aplican en México, un fenómeno que según el colombiano Pastor Elias Murillo Martínez es característico del continente latinoamericano y del Caribe, que consiste en disponer de una sólida legislación para combatir la discriminación racial, pero cuya aplicación es altamente deficitaria. Para probar sus dichos, Murrillo Martínez enumeró algunos hechos cuya rendición de cuentas México tiene pendiente. Solicitó el esclarecimiento del asesinato de José Trinidad de la Cruz, indígena nahua abatido por paramilitares en el marco de una disputa por tierras. Mencionó las detenciones arbitrarias de José Ramón Aniceto y Agustín Cruz, indígenas otomíes, por reclamos de acceso al agua. Señaló que se aguarda el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de México sobre la condena al indígena Hugo Sánchez a 37 años de prisión por un secuestro, que el acusado parece negar y cuya prueba sería motivo de controversia. Murillo Martínez también dijo esperar un pronunciamiento sobre inquietantes cifras establecidas por organizaciones de la sociedad civil: 49% de los marginados en 441 municipios mexicanos serían indígenas, y un sondeo en establecimientos penitenciarios establecería que 63% de la mujeres indígenas privadas de su libertad no tuvieron interpretes en el curso de los procesos judiciales que las condujeron a la cárcel.