MADRID, (apro).- El pleno del Consejo General del Poder Judicial formalizó este jueves la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial al despojarlo de su plaza como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La decisión se tomó por la totalidad de los 20 vocales presentes, debido a que uno de los vocales, Félix Azón, se ausentó en plena sesión porque no quiso participar en la votación. Azón se ausentó por estar en desacuerdo con que la votación se realizara en esta fecha, el 23F (23 de febrero), coincidiendo con el 31 aniversario del intento de golpe de estado de Antonio Tejero al frente de miembros de la Guardia Civil, y en el que participó un sector de la milicia, afirma el periódico El País en su sitio web. El pleno del máximo organismo del Poder Judicial ratificó una decisión anticipada el pasado lunes 20 por la Comisión Permanente del mismo órgano, un procedimiento que no es habitual. Con esta ratificación, quedó formalizada la expulsión de Garzón de la carrera judicial, por lo que a partir de ahora queda vacante su plaza en el juzgado de la Audiencia Nacional. Dicha plaza saldrá a concurso. Apenas dos semanas después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo que condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación al encontrarlo culpable del delito de prevaricación, al ordenar la intervención de comunicaciones de los cabecillos del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política en España. Aparte de la ausencia del vocal Azón en la sesión plenaria del CGPJ, otro vocal José Manuel Gómez Benítez, amigo de Garzón, votó a favor de la resolución, pero pidió que se hiciera constar su oposición a que la Comisión Permanente se hubiera tomado la atribución –el pasado lunes—de haber formalizado la ejecución de la sentencia del alto tribunal, porque no existía ninguna razón de urgencia. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, dijo en conferencia de prensa posterior a la sesión, que “no es nada agradable” dar una noticia de esta trascendencia, pero aseguró que todos “estamos sometidos al imperio de la ley”. Reiteró que el juicio a Garzón contó con “todas las garantías” de la ley y que el CGPJ solo cumplió con su obligación al ejecutar la sentencia. Sin embargo, la víspera Garzón pidió al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia en su contra al considerar que prácticamente se le fabricó un delito para expulsarlo de la carrera judicial.