MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) denunció que la puesta en marcha de leyes migratorias en Estados Unidos ha derivado en violaciones a derechos humanos de indígenas y personas de origen latino. En el informe En un terreno hostil: violaciones de los derechos humanos al implementar las leyes de inmigración en el suroeste de Estados Unidos, Amnistía reveló actuaciones discriminatorias de las autoridades estadunidenses. Para AI, “Estados Unidos ha fracasado en sus obligaciones de respetar los derechos de las personas migrantes a la vida y su acceso a la justicia, al ser víctimas de crímenes, particularmente mujeres y niños, y el derecho de las comunidades indígenas a atravesar la frontera”. Según el reporte, el reforzamiento de fuerzas policiales y armadas para proteger la frontera de Estados Unidos con México ha provocado el incremento de muertes de inmigrantes. En el informe se destaca que luego del aumento de mil 200 agentes de la Guardia Nacional en la zona de San Diego, California, se han producido 7.6 muertos por cada 10 mil arrestos, en el caso de Arizona. En contraste, de 1986 a 1996 el promedio era de 1.4 muertos al año; para 2001 fueron 75; en 2010, 231 fallecidos, y de enero a abril de 2011 se localizaron 46 cuerpos sin vida. Se resalta que mientras la Guardia Fronteriza reportaba, de 1998 a 2008, unos 3 mil 557 migrantes muertos al intentar llegar a Estados Unidos, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) estimó que la cifra estaba por debajo en 43% de los casos. Por su lado, organizaciones no gubernamentales y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contabilizaron unos 5 mil 287 muertos en esa década. Amnistía también advirtió que mientras ha crecido el número de muertes, las detenciones de la Patrulla Fronteriza han disminuido. Así, mientras en el año 2000 se detuvo a 1.65 millones de personas, en 2009 sólo 541 mil fueron arrestadas. De acuerdo con Amnistía, los migrantes han sido forzados “a dejar rutas tradicionales y no tienen otra opción que compartir los corredores utilizados por los traficantes de drogas y las pandillas criminales. Como resultado, ellos padecen mayor riesgo de ser forzados a actuar como ‘mulas’ de drogas o unirse a las pandillas, ser secuestrados o asesinados, o quedar atrapados entre el fuego de las guerra contra las drogas”. AI también recordó que cada año migran a Estados Unidos 1.8 millones de personas y que, de 11.2 millones de personas ilegales en ese país, 60% son de origen mexicano. Enseguida documentó casos de personas de origen latinoamericano nacidas en Estados Unidos que han sido arrestadas por sus rasgos físicos y han estado incluso un año en prisión hasta que autoridades han confirmado su ciudadanía. Se comprobó que 25% de los arrestos de las diferentes agencias de seguridad de Estados Unidos han estado orientados precisamente por los “perfiles raciales”. La organización internacional también retomó casos de abusos de autoridades migratorias de Estados Unidos contra pueblos originarios que comparten territorios en la Unión Americana y México, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entre las tribus indígenas afectadas destaca la Nación Tohono O’odham, con una población de 28 mil personas; de ellas, mil 500 nacieron en México. Las autoridades fronterizas, destacó AI, ponen en duda la validez de las tarjetas de reconocimiento de integrantes de la tribu, por lo que con frecuencia son “víctimas de perfilamiento racial y discriminación”. Refirió que la puesta en marcha de programas estatales y federales orientados a reportar a autoridades migratorias a personas sólo por su aspecto físico, como en el caso del programa de Comunidades Seguras, provocaron el año pasado al menos 29% de las deportaciones, con la consecuente desintegración familiar. La organización cuestionó que un recurso jurídico, como otorgar visas humanitarias para víctimas del delito como trata de personas o violencia familiar, no sea utilizado, pese a que se trata de problemas crecientes en Estados Unidos. Según la agrupación, en 2009 reportes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) destacan que sólo se aceptó el 6% de unas 5 mil solicitudes de visas de este tipo, una cifra ínfima si se compara “con las decenas de miles de sobrevivientes del tráfico humano que el gobierno estadunidense estima están presentes en el país en un momento dado”. Es por ello que Amnistía pidió al gobierno estadunidense, local estatal y federal, la “suspensión de la aplicación de las políticas migratorias en tanto no se determine si pueden ser implementadas de manera o no discriminatoria”. También solicitó que “las autoridades se aseguren de que ninguna política tenga el efecto directo o indirecto de poner en riesgo la vida, la salud o integridad de personas migrantes”. Asimismo, llamó “al gobierno estadunidense a garantizar seguridad y justicia a quienes han sido víctimas de trata, así como que toda persona migrante tenga un acceso a la justicia en condiciones de igualdad”.