MADRID (apro).- Las diferencias diplomáticas entre España y Argentina subieron de tono por la posible expropiación que pesa sobre las acciones que la petrolera Repsol tiene en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la antigua compañía pública argentina que en los noventa el presidente Carlos Menem vendió a la petrolera hispana. Aunque oficialmente Argentina no ha anunciado esa posible expropiación, este viernes el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Margallo García, advirtió que “cualquier agresión contra Repsol, violando los principios de seguridad jurídica, será considerada como una agresión contra el gobierno español, que tomará las medidas que considere oportunas”. Hizo esta advertencia –misma que había externado, un día antes, su homólogo de Industria, José Manuel Soria— luego de haber convocado a consultas al embajador argentina en España, Carlos Antonio Bettini. España, dijo, solicitó a sus aliados, Estados Unidos y a México, que funge al frente de la presidencia del G-20, y Colombia como sede de la Cumbre de las Américas, su intervención, para que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reconsidere su posición sobre la empresa asociada de Repsol. Margallo García dijo: “YPF es importante para Repsol y Repsol es importante para España”. Señaló que desde febrero pasado iniciaron las hostilidades contra YPF —empresa de la cual Repsol posee 27.4%, el Grupo Petersen 25% y el gobierno argentino aún conserva un porcentaje de las acciones— que se tradujo en una devaluación de 40% en el valor de sus acciones. El ministro aseguró que en Argentina se ha cuestionado la política de dividendos de la empresa sobre la de inversiones que se harían en ese país; incluso se empezaron a retirar las licencias de expropiación en algunas provincias. El periódico El Clarín publicó el jueves 12 que existe un proyecto de ley de expropiación de la empresa YPF elaborado por la Casa Rosada, y en medios diplomáticos aquí se asume que la decisión ya está tomada y que se daría a conocer la próxima semana. Hasta el momento, el gobierno de Fernández de Kirchner no ha emitido ninguna declaración oficial sobre este hecho, ni sobre la advertencia española. El propósito de este proyecto sería la expropiación de 51% de las acciones que Repsol tiene de YPF. En la conferencia de prensa, el ministro Margallo García no quiso adelantar cuáles serían las medidas de respuesta, con el argumento de que el gobierno español mantiene la confianza en una solución negociada que esté basada en el “sentido común y el diálogo”. “El peor de los escenarios sería una ruptura, y no sólo en términos económicos, de las relaciones fraternales que mantienen desde hace décadas ambos países”, dijo. En el mismo tono, la vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría dijo al ser cuestionada sobre las medidas que España asumiría con Argentina: “Las medidas no se anuncian, se adoptan”, acotó tajante. Aparte de las gestiones ante México, Estados Unidos y Colombia, la Unión Europea (UE) también se implicó en activar los canales diplomáticos, producto del cual el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, habló vía telefónica con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, adelantó el periódico El País. La vicepresidenta española dijo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el gobierno español defenderá “con todos los instrumentos a su alcance” los “intereses generales” de España. En enero pasado, el ministro de Industria, José Manuel Soria, viajó a Argentina para entrevistarse con funcionarios del gobierno argentino, cuando iniciaron las hostilidades contra la petrolera hispano-argentina.