Argentina: un tropiezo para la megaminería
ROSARIO, Argentina (apro).- Un pueblito ignoto de la Patagonia acaba de ingresar a la historia de las luchas ambientales en Argentina.
Loncopué, en la provincia de Neuquén, aprobó el pasado 3 de junio una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto. La decisión se tomó a través de un mecanismo de democracia directa. Se trató del primer referéndum de carácter vinculante sobre megaminería que tiene lugar en Argentina. El gobierno de Neuquén, que había hecho gran presión para evitar la consulta pública, presentó un reclamo ante la justicia provincial, para que deje sin efecto el resultado.
La decisión de Loncopué se inscribe dentro de un clima de inquietud social frente a esta modalidad de explotación minera. En los últimos seis meses varias poblaciones afectadas han llevado a cabo acciones de protesta en diferentes provincias de Argentina. La minería a cielo abierto es denunciada como una actividad altamente contaminante, que consume enorme cantidad de agua, casi no genera empleo y deja al fisco sólo un porcentaje ínfimo de sus inmensas ganancias. Los gobiernos provinciales han respondido a los reclamos con represión policial y persecución judicial de los activistas.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner apoya abiertamente la megaminería. Los grandes medios de prensa, opuestos al gobierno, parecen coincidir con la primera mandataria en este punto. Los diarios Clarín y La Nación no dedicaron una sola línea al histórico referéndum efectuado en Loncopué.
Mapuches
Lugar de caciques. Eso quiere decir Loncopué en lengua mapuche. Hoy es una localidad de 7 mil habitantes, que vive de la ganadería y el turismo. Está a 300 kilómetros de la capital provincial, a mil 500 de Buenos Aires y a sólo 20 de la frontera con Chile.
Loncopué es el primer municipio de Argentina que realiza un referéndum vinculante de aceptación o rechazo a la megaminería. En la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, se había realizado en 2003 un plebiscito, en el que el 81% de la población votó contra la megaminería. Pero el resultado no obligaba a las autoridades a adoptar medida alguna.
En Loncopué, al igual que entonces en Esquel, ocho de cada diez habitantes rechazaron la actividad extractiva. Para que el referéndum fuera válido, debía sufragar el 50% de los 3 mil 600 empadronados. Finalmente, lo hizo el 72%, desafiando el llamado a no votar del Movimiento Popular Neuquino que gobierna tanto la provincia como el municipio. Una impactante mayoría de los votantes, el 82.08%, aprobó la ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en las 8 mil hectáreas que corresponden al ejido municipal.
El Movimiento Popular Neuquino gobierna la provincia casi sin interrupción desde hace 50 años. Su fundador, Felipe Sapag, fue cuatro veces gobernador por medio de las urnas y se desempeñó como interventor durante la última dictadura (1976-1983). Su sobrino, Jorge Sapag, es el actual gobernador de la provincia. Otros integrantes de la familia ocupan altos cargos públicos. La negativa de Loncopué afecta sus intereses de manera directa. “Los Sapag están presentes en todos los negocios”, sostuvo lunes 4 el diario Página 12, único medio de alcance nacional que cubrió la consulta popular. “Carlos Nuno Sapag, hermano del gobernador, es titular de dos proyectos mineros que están, justamente, en cercanías de Loncopué. El referéndum también afectó ese negocio.”
El gobernador Jorge Sapag –aliado de la presidenta en el orden nacional– intentó impedir la consulta popular. La estatal Corporación Minera de Neuquén, más conocida como Cormine, elevó dos presentaciones judiciales ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Ambas fueron desestimadas. Dos escribanos se presentaron en la Escuela 168 mientras se llevaba a cabo el referéndum. Su pretensión de constituirse en fiscales o veedores de la consulta fue rechazada, ya que violentaba plazos y procedimientos. La misma explicación fue recibida por el ministro de Seguridad de Neuquén, Gabriel Gastaminza, quien se apersonó en la Escuela 168, junto a dos policías, para reforzar esa demanda. El ministro pidió que se retirara la prensa. Finalmente se fue con las manos vacías.
Durante toda la mañana de la votación, un grupo de hombres del partido de gobierno se plantó junto a la escuela. Todo aquel que concurría a votar era anotado en una lista y se le sacaban fotos. Claramente se buscaba amedrentar a los vecinos que trabajan en reparticiones públicas o perciben algún subsidio.
La escena simboliza el pensamiento anacrónico de los sectores que ostentan el poder en la provincia. Puertas adentro, el ejercicio de la democracia directa reconfortaba a los votantes. “Esto es algo que hacía falta, algo que es simple: que decidamos nosotros por nosotros, no que decidan otros. Creo que no digo ninguna locura ¿no?”, le dijo Oscar Muñoz, de 32 años, al diario Página 12, en el citado artículo.
Cianuro
El proyecto Campana Mahuida, 12 kilómetros al sur de Loncopué, fue inicialmente desarrollado por la empresa estatal neuquina. La Cormine efectuó en 1998 una valuación de los recursos y reservas de la mina. En 2007, el consorcio canadiense Golden Peaks se hizo cargo del proyecto. Se comprometió ante la comunidad a presentar un estudio de impacto ambiental. Su incumplimiento motivó la creación de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), que presentó un recurso de amparo contra la minera. La compañía tuvo que abandonar el proyecto.
En 2008 la empresa china Emprendimientos Mineros SA y la estatal Cormine firmaron un contrato. En Loncopué se instalaría una mina a cielo abierto para la extracción de cobre. La asociación de vecinos AVAL se organizó junto con la comunidad mapuche Mellao Morales, a la que el proyecto afectaba de manera directa.
Presentaron un recurso de amparo ante la justicia, aduciendo que la compañía vulneraba los derechos de los pueblos originarios. Pidieron la nulidad del contrato firmado. Denunciaron que el gobierno provincial había cedido el yacimiento sin licitación pública, por 3 millones de dólares, una cifra irrisoria para un emprendimiento con al menos 15 años de vida útil y reservas por mil 800 millones de dólares.
El rechazo a la megaminería pronto reunió a docentes, amas de casa, familias campesinas, comunidades mapuches, pequeños estancieros. También se sumaron la Iglesia Católica local y la radio Arco iris, cuya antena y sus equipos sufrieron diversos atentados.
En diciembre de 2009, el Superior Tribunal Provincial ordenó frenar la actividad minera hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. La resolución fue festejada en Loncopué por 2 mil 500 personas. El último orador fue Pedro Beroiza, lonko (cacique) de la comunidad mapuche Mellao Morales. “Es histórico que haya salido este fallo en la provincia de Neuquén a favor de una comunidad”, sostuvo, en declaraciones a la FM 103.7 de la capital neuquina. Y cuestionó la actitud de ciertos políticos: “Demasiado han abusado de nuestra comunidad, nos han tratado de ignorantes, y hoy les voy a demostrar que por más estudios que tengan tienen menos dignidad que yo”, dijo.
El gobierno provincial apeló la resolución con un recurso extraordinario. En marzo de 2011, el máximo tribunal de Neuquén volvió a fallar contra el gobierno.
La minería a cielo abierto es un proceso de explotación que se realiza en la superficie de la tierra. Para sacar los minerales se remueve gran cantidad de piedra con toneladas de explosivos. Así se van cavando inmensos cráteres, que pueden alcanzar los 800 metros de profundidad. En las laderas se construye una larga rampa con forma de espiral, por la que suben y bajan los camiones.
Para separar el oro de la roca se utilizan toneladas de cianuro. El proceso insume diariamente cientos de miles de litros de agua potable. El agua contaminada con cianuro y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola suelen fracturarse. Su contenido fluye hacia napas, ríos y arroyos. En el año 2005, un derrame provocado por la minera La Alumbrera, en la provincia de Catamarca, contaminó el río Vis-Vis. La ganancia neta declarada de esta compañía supera los mil 200 millones de dólares anuales. Un cuarto más que el presupuesto provincial en 2010, que ascendió a 900 millones de dólares.
Protestas
Las leyes mineras aprobadas durante el mandato de Carlos Menem (1989-1999) abrieron las puertas a empresas trasnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. En esa década se privatizaron todas las empresas públicas de Argentina. Las decisiones estratégicas del Estado quedaron libradas al humor de los mercados financieros internacionales.
El expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y la actual mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, responsabilizaron al credo neoliberal por el colapso que sufrió Argentina a comienzos de este siglo. Edificaron su legitimidad política con base en este discurso. También con sus políticas de derechos humanos y de fortalecimiento decidido del mercado interno, modelo que fue reparando las profundas heridas infligidas al tejido social en las décadas anteriores. Ajeno a las críticas, el gobierno ha reforzado el impulso de dos actividades económicas de gran efecto contaminante: la agricultura transgénica y la megaminería.
“El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, dice un informe del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), presentado en noviembre de 2011. En él se consigna que la cantidad de proyectos mineros en Argentina aumentó un 740% entre 2003 y 2007.
El informe proyectaba para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”.
Eso es justamente lo que ha ocurrido en los primeros meses de este año. Miembros de las asambleas socioambientales, que manifestaban o cortaban los accesos a las minas de Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta, en la provincia de Catamarca, y Amaicha del Valle, en Tucumán, sufrieron represión, allanamientos y detenciones.
En enero de 2012 la Justicia de Catamarca aplicó la Ley Antiterrorista, sancionada por Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2011, para impedir el bloqueo a los camiones de la minera La Alumbrera. “Nueve ambientalistas detenidos el viernes en Santa María, Catamarca, fueron imputados bajo la Ley Antiterrorista, sancionada en los últimos días de diciembre”, informó el diario Perfil el pasado 20 de enero, citando las declaraciones de la abogada Selene Herrera.
La dinámica que se vive en Argentina se repite en otros países de Latinoamérica. “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales”, sostiene el informe de Ocmal. “La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
A lo largo de 180 páginas, el informe titulado Cuando tiemblan los derechos: Extractivismo y criminalización en América Latina, analiza la situación en todos los países de la región. En la página 137 se refiere a la situación en México: “A lo largo del trabajo que realizamos en el Frente Opositor a la Minería de San Luis, hemos constatado que se aplica la represión directa mediante la utilización de la violencia física en sus diferentes formas contra los movimientos y protestas sociales”, dice el informe.
“Hay varios casos de uso desproporcionado de la fuerza, secuestro exprés (la policía detiene, tortura y libera sin poner a disposición de la autoridad), abusos sexuales contra mujeres, uso de gases lacrimógenos, amenazas, vigilancia, tortura, cateos ilegales, censura, restricciones para manifestarse, para realizar asambleas, reuniones o marchas, discriminación. Todo esto con la consecuente impunidad para quienes son responsables de cometer tales abusos.”
Glaciares
El 30 de septiembre de 2010 se aprobó en Argentina la Ley Nacional de Protección de Glaciares, que establece restricciones a la actividad minera, considerada como una de las principales causas de su deshielo. Cristina Fernández de Kirchner había vetado en 2008 una ley similar. Tanto la oposición como los ambientalistas acusaron al gobierno de dilatar la norma para favorecer a la multinacional Barrick Gold, que lleva a cabo dos grandes emprendimientos en Veladero y Pascua Lama (junto a Chile). La minera alegó que la ley perjudicaba sus intereses. Consiguió seguir operando a través de medidas cautelares que dejan su aplicación en suspenso.
“Esto pone de manifiesto que ciertas empresas no están dispuestas a aceptar controles estatales ni auditorías ambientales independientes”, escribió Clarín en su edición del 7 de diciembre de 2010. El caso ha sido tomado por la Corte Suprema de Justicia.
La crisis internacional ha hecho trepar los precios internacionales de metales como el oro, la plata y el cobre. Pero las regalías que pagan las mineras en Argentina ascienden sólo al 3%. Eso basta para que el gobierno nacional y los provinciales apoyen la actividad.
“En mi país, por ejemplo, muchos critican la minería y sin embargo ponen a Chile como un modelo de ejemplo de desarrollo económico”, dijo Cristina Kirchner el 20 diciembre 2011, al asumir por seis meses, en Montevideo, la presidencia del Mercosur. “Y yo les digo, pero si el principal desarrollo que tiene Chile ha sido el cobre, por qué lo que está del otro lado de la cordillera no va a estar de este lado de la cordillera y tal vez en mayor medida porque la veta sigue hasta el mar, no hay límites geográficos para la geología, no hay límites políticos para la mineralogía.”
En enero pasado los pobladores de varias localidades aledañas al cerro Famatina, en La Rioja, bloquearon su acceso durante 37 días. La canadiense Osisko Mining Corporation planea instalar en Famatina una mina a cielo abierto para extraer oro. La movilización popular forzó la detención del proyecto. El conflicto evidenció una vez más la grieta que existe entre la voluntad de los vecinos y los intereses de políticos y corporaciones.
El obispo de La Rioja, Roberto Rodríguez, le pidió al gobierno de la provincia que realice una consulta popular para que los ciudadanos tomen la decisión sobre el modo de explotación de los minerales. Idéntica propuesta deslizó la diputada nacional Victoria Donda, del Movimiento Libres del sur, aunque esta vez dirigida al gobierno nacional: “¿Por qué no ordena un plebiscito entre los pobladores de las provincias en las que se lleva a cabo la minería a cielo abierto, para que ellos decidan si están de acuerdo o no con este tipo de emprendimientos?”, planteó la diputada.
El gobierno de Neuquén ya sufrió en carne propia el resultado de la democracia directa. Igualmente ha elevado una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que apunta a demostrar que el municipio de Loncopué se habría excedido en sus facultades al convocar al acto eleccionario. En lo que sí se excedieron los pobladores de Loncopué fue en la celebración. Tras conocerse el resultado del referéndum, se desató entre los vecinos una verdadera fiesta.