MÉXICO, D.F. (apro).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, aseguró que hoy que Paraguay se encuentra en medio de una "crisis institucional" que no puede resolverse sólo por la vía de la acción externa. Durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la forma en que el parlamento de Paraguay destituyó al presidente Fernando Lugo, Insulza manifestó que la del país sudamericano es una situación “bastante nueva, que no afecta el respeto de la ley, sino las normas aplicadas en una manera en que algunos Estados miembros consideran que produce perjuicio a la democracia". Por su parte, el embajador de Nicaragua, Denis Moncada, presentó ante el organismo un proyecto de resolución que busca, además de condenar enérgicamente la crisis en Paraguay, la restitución del presidente democráticamente electo, Fernando Lugo. En su intervención, Moncada reiteró el repudio que todo el gobierno nicaragüense siente por la ruptura del orden constitucional que el pasado viernes 22 se concretó en Paraguay. “Nicaragua ha expresado su condena y repudio a esta acción a todas luces inadmisible para el concierto de naciones de América Latina y el Caribe, y declara que no reconoce al actual gobierno golpista de Paraguay instalado por la dictadura parlamentaria de ese país”, aseveró. También sostuvo que el derrocamiento de Lugo “constituye un atentado a la democracia representativa y al sufragio universal practicado en los países del hemisferio”. Añadió: “La manifestación soberana del pueblo, plasmada a través del ejercicio del sufragio universal, fue ignorada por fuerzas internas conservadoras cuyo fin era sacar del poder a un presidente que no se apegó a la sumisión de intereses externos". Resaltó además que en el llamado juicio político que llevó al derrocamiento de Lugo “se violentó el debido proceso y la presunción de inocencia”, y no se respetó su derecho a la defensa. “Fue un juicio nulo, sin eficacia jurídica, por lo que Lugo debe retornar a la República de Paraguay y culminar con el periodo presidencial para el que fue escogido”, insistió, y recalcó que su país “no reconocerá a ninguna autoridad del gobierno de facto”, presidido por Federico Franco. Antes, el delegado de República Dominicana ante la OEA, Robert Saladín, propuso que el organismo convoque una asamblea extraordinaria para tratar exclusivamente la situación que vive Paraguay tras la destitución del presidente Fernando Lugo. Saladín añadió que “para nadie es un secreto que la forma apresurada” en la que fue destituido Lugo ha causado gran consternación. “No tuvo un tiempo razonable para su defensa, lo cual es violatorio según los acuerdos internacionales”, dijo. De su lado, el representante de Honduras, Leonidas Rosa Bautista, instó a la conformación de una misión que evalúe el caso paraguayo y que rinda un informe ante el Consejo. “Habiendo considerado los hechos, proponemos ante esta Secretaría la creación de una misión permanente que rinda un informe ante este Consejo”, recalcó. En tanto, el embajador de Paraguay ante la OEA, Hugo Saguier Caballero, señaló estar "convencido de que se cumplieron las normas en el país en el marco de la Constitución Nacional", durante el proceso que conllevó a la destitución del presidente Fernando Lugo. El diplomático recordó que "hasta el viernes pasado representaba al gobierno de Fernando Lugo, y posterior a su destitución fui convocado al Paraguay y acudí a presentarme, porque estaba claro que se había cumplido con un proceso legal constitucional". Durante su intervención en la sesión especial de la OEA, Caballero sostuvo que "el país ha cumplido con todos los compromisos internacionales y espera que todos los gobiernos de la región hagan lo mismo". El representante paraguayo afirmó que a partir de los hechos en Curuguaty, donde murieron al menos 17 personas, sectores de la sociedad pidieron que se aclararan los sucesos porque "el pueblo estaba conmocionado y minuto a minuto se informaba de lo ocurrido". Subrayó: "Las fuerzas públicas pretendieron usar un protocolo activado por el Ministerio del Interior para enviar a efectivos policiales sin armas, para cumplir de manera pacífica con la orden judicial y disuadir manifestantes (...), estas medidas no fueron consideradas como las adecuadas para proteger al pueblo". Por esa razón, dijo, "el Congreso decidió retirarle el apoyo al presidente Fernando Lugo y acusarlo para dar inicio a su enjuiciamiento".