MADRID (apro).- El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, se sentó hoy en el banquillo de la Comisión de Información del Congreso español que indaga la quiebra de Bankia, la cuarta mayor institución financiera del país que el político y economista dirigió de 2010 a 2012, cuando tuvo que ser rescatada. Nacionalizada y con una inyección que llegará a los 23 mil millones de euros para sobrevivir, la institución bancaria es el símbolo por excelencia de la ruina del sistema financiero español, contaminado con los intereses de gestores y miembros de los partidos políticos que ocuparon sus consejos directivos, y por sostener un negocio artificialmente: el del crédito para la llamada burbuja inmobiliaria que ya estalló y hoy es su mayor pesadilla. Hoy, el sistema financiero que en 2008 se presumía como sólido, y base de una economía que para el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero era la Champion League, será rescatado por la troika (FMI, Banco Central Europeo y el Consejo Europeo). Rato no es un militante del Partido Popular más. Como vicepresidente y ministro de Economía de los gobiernos del derechista José María Aznar (1996-2004), era considerado el artífice del “milagro español”, la época boyante de la economía de este país, lo que le permitió después escalar al FMI, institución que dejó intempestivamente, con el enojo de los países socios. En 2004, antes de su proyección internacional, Rato fue considerado como un fuerte sucesor de Aznar, pero al final se descartó por apoyar a Mariano Rajoy. Irónicamente, Rajoy dejó caer en desgracia a Rato tras su salida de Bankia. Durante su comparecencia de este jueves, Rato defendió su gestión al frente de Bankia, y señaló al Banco de España de haber fijado la ruta de la fusión de la institución que encabezó (Caja Madrid) con un puñado de pequeñas cajas en serios problemas. También aseguró que renunció a la presidencia de Bankia porque el gobierno no tuvo confianza de su plan para reflotar a la institución que, según dijo, era cuatro veces más barata, pues requeriría de 7 mil millones de euros. Aclaró que pese a que el Banco de España aceptó su plan para sanear la nueva Bankia, el gobierno lo rechazó, y fue esa pérdida de confianza lo que lo llevó a presentar su dimisión. Dijo que “tiene la conciencia de haber hecho bien las cosas” y también consideró que su gestión no repercutió en costos para los contribuyentes. No obstante, siguió repartiendo culpas al asentar que la crisis de Bankia tuvo que ver con el deterioro económico y por los errores en las previsiones económicas de los organismos internacionales. Rato señaló que el 2 de junio de 2010 fue convocado “con urgencia al Banco de España”, donde el entonces presidente Miguel Fernández Ordóñez le pidió que en la fusión de Caja Madrid –que aquél presidía– con otras cajas incluyera a Bancaja. “Fui conminado a negociar, aunque no fui forzado a fusionarme”, apuntó en su intervención. Entonces, dijo, se contrató a la auditora Deloitte para que realizara el estudio. Con ello Rato contestó a Fernández Ordóñez, quien el pasado miércoles 25 aseguró que la culpa de la ruina era de los gestores. Después de dar los pormenores de los pasos que se siguieron, entre ellos someter a la institución a las pruebas de esfuerzo de la entidad, sostuvo que se planteó que la fusión requería una cifra de 11 mil 500 millones, que el Banco de España consideró excesiva. En la audiencia, el exvicepresidente de Aznar prefirió no hacer referencias abiertas a sus diferencias con el presidente Mariano Rajoy ni con su ministro de Economía, Luis de Guindos. Actualmente Rodrigo Rato está acusado ante un juzgado de la Audiencia Nacional, que encabeza el juez Fernando Andreu, a raíz de las denuncias que por separado formularon el partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y el movimiento 15-M, a las que se dio entrada. Entre los objetivos del proceso judicial está el de aclarar si en la gestión de Bankia prevaleció el favor político sobre el rendimiento económico a través de un buen número de inversiones que resultaron ruinosas. En el caso existen indicios de defraudación, que produjo un grave perjuicio a la economía de España. Entre otros comparecientes estuvo la exvicepresidenta y ministra de Economía del gobierno anterior, Elena Salgado.