MÉXICO, D.F. (apro).- Una estafa comercial que involucra al empresario regiomontano Fernando Villarreal Cantú expone las trampas existentes en el intercambio global, denunciadas frecuentemente en reuniones internacionales. El caso, perseguido judicialmente por autoridades estadunidenses, involucra al banco francés BNP Paribas, a uno de sus altos ejecutivos, Fernando Pablo Villarreal Cantú, a nueve de sus empresas y a cuatro empleados. El giro más reciente del caso es una decisión judicial que avala a las autoridades de Estados Unidos para que prosigan con su demanda en contra de BNP Paribas y uno de sus exempleados. Entre 1998 y 2005, esa institución bancaria y las compañías se confabularon para aprovecharse del Programa de Entrega de Garantías de Crédito, del Departamento estadunidense de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), por casi 78 millones de dólares, según las investigaciones del gobierno de Estados Unidos y expedientes judiciales consultados por Apro. La acción civil 4:11-cv-03718, de 25 páginas de extensión y fechada el 18 de octubre de 2011, cita a las exportadoras estadunidenses U.S.A. Meat and Grain Co., Virgo Commodities Corp., Mid-Valley Grain Co., Alamo Feeders Inc. y Laredo Grain Company como partícipes en el esquema fraudulento. Además, menciona a las importadoras mexicanas Internacional Grain S.A. de C.V., Central de Granos de la Laguna S.A. de C.V., Compañía Ganadera Vi-Ba Hnos., S.A. de C.V. y Granos Rolados S.A. de C.V. Todas ellas pertenecen a Villarreal Cantú, de 60 años de edad, y presidente del Grupo Empresarial Logistik, asentado en Monterrey. A diferencia de BNP Paribas, de su filial BNP Paribas North America (con sede en Houston) y su exgerente Jovenal Miranda Cruz, Villarreal Cantú no ha sido perseguido aún por la justicia estadunidense. Exportadores estadunidenses de materias primas (commodities) pueden obtener financiamiento de la banca privada respaldados por compromisos de pago de importadores extranjeros mediante el programa de garantías del USDA. Los exportadores transfieren al banco el derecho de pago y la obligación de desembolso de los importadores, mientras que el USDA garantiza la liquidación al banco gracias al programa citado. El empresario regiomontano montó un esquema para obtener las garantías para las ventas de sus empresas exportadoras, aunque su posesión tanto sobre éstas como sobre las importadoras lo hacía inelegible para el programa. De acuerdo con la acusación, Villarreal Cantú sobornó a Miranda Cruz, gerente de finanzas comerciales de la oficina en Houston de BNP Paribas, que financió las operaciones de las compañías citadas. De esa cuenta, las exportadoras aplicaron y recibieron las garantías del USDA usando documentos falsos y luego asignaron esas garantías a BNP, que a su vez abrió una línea de crédito por el monto cubierto. Como los importadores mexicanos incumplieron con el reclamo de los casi 78 millones de dólares en abril de 2005, el banco inició el trámite para cubrir ese monto. Los expedientes dan cuenta de 238 reclamaciones, la primera de las cuales data del 22 de abril de 2005 por un valor de un millón 153 mil 382 dólares, pagados el 7 de junio de ese mismo año. La última petición se remonta al 18 de mayo de ese año por 32 mil 339 dólares, desembolsados el 2 de noviembre de ese año. La cifra más alta fue la reclamada el 4 de agosto de 2005, por un millón 492 mil dólares, erogada el 16 de septiembre de ese año. Villarreal Cantú, quien hasta 2008 estuvo enfrascado en un pleito familiar por el cuidado y patrimonio de 35 millones de pesos de su madre Raquel Cantú, no respondió a la consulta de Apro. Un horno legal Luego de que el USDA transfirió a mediados de 2005 los vencimientos a la División Criminal de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Texas, la investigación formal arrancó el 11 de agosto de ese año. El 24 de marzo de 2010 los fiscales presentaron cargos en contra de Villarreal Cantú, Cruz y los empleados del empresario Robert Wayne See, Jorge Eduardo González Pizana, Javier Heriberto Hinojosa y Joel Villalón. La acusación sindica violaciones a la Ley de Reclamos Falsos, enriquecimiento ilícito y pago anómalo, y arguye que los banqueros sabían que los exportadores no podían aplicar para las garantías, pero lo ocultaron ante el USDA. Estados Unidos demandó a BNP Paribas SA, BNP Paribas North America, la oficina en Houston del banco y el propio Cruz el 18 de octubre de 2011. Este último se declaró culpable el 12 de enero de este año. BNP Paribas trató de frenar la persecución penal bajo el argumento de que el gobierno estadunidense está judicialmente impedido de hacer sus reclamos, debido a que, dijo, el plazo de éste había expirado y además los había manipulado legalmente. Pero en una resolución del 6 de agosto de este año, el juez de distrito Sim Lake rechazó la petición del banco y estipuló que Estados Unidos debe presentar un pliego enmendado en un plazo de 30 días especificando cuál de las tres filiales de BNP es responsable de las maniobras. “El hecho de que información falsa fue entregada a BNPP como parte de una conspiración para defraudar a Estados Unidos no es necesariamente inconsistente con los argumentos de Estados Unidos de que BNPP es responsable por la entrega conocida de reclamos falsos y fraudulentos”, justificó el magistrado en su documento de 54 páginas. Lake escribió que “los argumentos de los acusados fallan porque Estados Unidos ha alegado hechos capaces de establecer que los contratos de pagos de garantías son inválidos porque estuvieron manchados de fraude, sobornos y/o retribuciones ilícitas”. Mientras, el banco y las exportadoras estadunidenses señaladas en la querella están enfrascados en un proceso de arbitraje a raíz de las garantías contratadas.