WASHINGTON (apro).- Un reporte del Departamento de Justicia estadunidense sobre las operaciones de contrabando tolerado de armas a México, confirmó los “graves errores” del caso, aunque absolvió al procurador general Eric Holder de haber ocultado información. Michael E. Horowitz, inspector general del Departamento de Justicia, responsabilizó a altos funcionarios de esta dependencia federal de actuar con negligencia e irresponsabilidad respecto de las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto, que permitieron el tráfico a México de unas 2 mil 435 armas de alto poder, entre 2006 y 2010, las que terminaron en manos de cárteles del narcotráfico. Sin embargo, Horowitz eximió a Holder, en el informe de 472 páginas, de cualquier responsabilidad en el tráfico ilegal supervisado de armas a México, pero recomendó acciones disciplinarias o sanciones administrativas en contra de 21 funcionarios, exfuncionarios, fiscales federales, agentes y exagentes involucrados directamente en las malogradas operaciones. El reporte, que este jueves 20 será sometido al escrutinio del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, advierte que fueron las oficinas en Phoenix y en Tucson, Arizona, del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), las directamente responsables de orquestar las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto, respectivamente, con las que traficantes proveyeron a los cárteles del narcotráfico mexicano de un importante arsenal de rifles AK-47 y pistolas de alto poder. “El inspector general concluyó que tanto la operación Receptor Abierto como Rápido y Furioso fueron diseñadas con graves errores, y que sobre éstas no hubo una supervisión responsable por parte de la oficina regional de ATF en Phoenix, y del fiscal federal en Arizona”, sostiene el reporte que divulgó el Departamento de Justicia. Después de casi dos años de investigaciones y de revisar 100 mil documentos, así como de entrevistar a unas 130 personas, Horowitz establece que fue desde el gobierno del expresidente George W. Bush, en 2006 y 2007, cuando por negligencia de los funcionarios del Departamento de Justicia se permitió que a través de Receptor Abierto se traficaran a México unas 472 armas, las que terminaron en manos del narcotráfico. De este arsenal, a la fecha sólo se han decomisado 64 armas. Las dos operaciones identificadas e investigadas por Horowitz fueron diseñadas por la oficina regional de la ATF en Phoenix, supuestamente para permitir que traficantes reconocidos de armas hicieran comprar múltiples armamentos, seguirlos y supervisarlos en todo momento. Y una vez en la frontera sur de Estados Unidos, detener a los traficantes al momento de contactar a sus contrapartes que se encargan de meter ilegalmente las armas a México y con ello desmantelar la red de trasiego. El reporte apunta que los agentes y funcionarios de ATF no sólo perdieron el rastro de las armas y los traficantes, sino que nunca pudieron identificar a todos los contactos que se encargan de meter las armas a México. Con Rápido y Furioso, la ATF permitió el tráfico ilegal supervisado de mil 961 armas, con un costo total de un millón 475 mil 948 dólares. De ese total, las autoridades estadunidenses y mexicanas sólo han logrado decomisar, a la fecha, unas 710 armas; peor aún, dos de ellas –dos rifles AK-47— justo en el lugar del asesinato del agente federal estadunidense Brian Terry, ocurrido el 14 de diciembre de 2010. De acuerdo con el reporte, casi 80% del total de las armas traficadas por Rápido y Furioso fueron compradas por sólo siete individuos. El costo total de las armas traficadas a México por la operación Receptor Abierto fue de unos 265 mil 387 dólares con 75 centavos, de acuerdo con la investigación de Horowitz. Entre las acusaciones más graves que hace el inspector general a las 21 personas identificadas como responsables de las dos operaciones, se destaca su “fracaso para considerar el riesgo de seguridad pública en México y Estados Unidos”. El Departamento de Justicia anota que, tomando en cuenta que en el estado de Arizona los agentes de ATF ya tenían una lista larga de sospechosos de traficar armas a México, las operaciones Receptor Abierto y Rápido y Furioso (esta última se inició a finales de octubre de 2009) no hubieran sido necesarias para hacer arrestos y confiscar armamento. “El riesgo de seguridad pública fue inmediatamente evidente cuando se iniciaron las dos operaciones”, se enfatiza en el informe. Otra de las conclusiones a las que llega el inspector general es que “desde el arranque de las operaciones, los agentes de ATF supieron que la compra de las armas estaba siendo financiada por las organizaciones violentas del tráfico de drogas, y que el destino final del armamento era México”. El larguísimo pero detallado reporte de Horowitz relata varios incidentes en los que se hace evidente la negligencia y falta de profesionalismo de los agentes de la ATF para detener el tráfico ilegal de armas a México. Durante Receptor Abierto, por ejemplo, el informe acota que, ante la fuga de armas, los gobiernos de México y Estados Unidos realizaron operaciones conjuntas para confiscar armamento, pero los trabajos no fueron exitosos, ya que como las operaciones se realizaron en diciembre de 2006, por las fiestas navideñas la ATF no contaba con el número de agentes suficientes para rastrear las armas. Por esta falla, el reporte sostiene que posteriormente, a finales de ese año, en Tijuana, Baja California, en el lugar donde ocurrió un enfrentamiento entre sicarios del cártel de los Arellano Félix y un grupo rival, se encontraron armas que habían sido adquiridas en Tucson por medio de Receptor Abierto. No obstante, el inspector general exculpó a Holder al sostener que el procurador general se enteró de la existencia de Rápido y Furioso a finales de enero de 2011 o principios del mes de febrero de ese mismo año. En el Congreso federal, los republicanos encabezados por el representante de California, Darrel Issa, quien es presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, acusaron formalmente a Holder del delito de desacato, al negarse a entregarles documentos de Rápido y Furioso y Receptor Abierto, antes de que concluyera la investigación de Horowitz. Issa sostuvo que Holder se negó a develar documentos clasificados, porque se iba a descubrir que pese a que se había enterado de Rápido y Furioso, él no hizo nada para frenar el operativo. Lo que deja en claro el reporte es que en el Departamento de Justicia sí hubo negligencia con respecto a Rápido y Furioso. Horowitz señaló a los subprocuradores adjuntos de la División Criminal del Departamento de Justicia, Lanny Breuer y Jason Weinstein, de haberse enterado desde abril de 2010, a través de las jefaturas en Washington de ATF y por medio del director interino de ésta, Kenneth Melson, de la existencia de Rápido y Furioso. En el informe incluso se acusa directamente a Weinstein, quien anunció su renuncia después de que se diera a conocer el reporte, de que en febrero de 2011, por negligencia e irresponsabilidad, no identificó los riesgos que implicaba Rápido y Furioso, pese a que tenía en sus manos las evidencias de las fallas del operativo. Entre los 21 señalados por el reporte, además de los nombres de los subprocuradores y del exdirector interino de ATF, destacan Brandon García, agente especial de ATF quien estuvo a cargo de Receptor Abierto; William Newell, agente especial a cargo de la oficina regional de ATF en Phoenix, y los fiscales federales Michael Morrisey, Jennifer Maldonado, David Petermann y Tom Ferraro.