Brasil: Carta blanca para matar

viernes, 21 de septiembre de 2012
SAO PAULO (apro).- En la ciudad de São Paulo, la más rica y poblada de América del Sur, barrios enteros viven en un estado de excepción permanente. Desde hace años, las favelas y periferias sufren el acoso y la extorsión de la policía y de los llamados grupos exterminio, como se denomina en Brasil a los paramilitares formados por agentes y exagentes de los cuerpos armados del Estado. Su modus operandi habla de la impunidad de que disfrutan: llegan, a veces encapuchados, en un vehículo, matan y se van. Muchas veces, en lugares públicos como bares y cafés; en ocasiones, a plena luz del día. En los últimos meses, esa violencia que se ceba con los más pobres se ha recrucedido, especialmente en barrios y poblaciones como Osasco, Sapopemba, Capão Redondo, Guarulhos o la Baixada Santista. Los vecinos de Capão Redondo, periferia sur de Sao Paulo, contabilizaron 21 personas asesinadas en once días, del 17 al 28 de junio, según la revista Caros Amigos. En muchos barrios, la Policía Militar (PM) ha impuesto el toque de queda. “En algunos barrios está todo cerrado a partir de las 20 horas: si un joven tiene que volver a casa del trabajo o de la escuela a eso de las 22 horas, está arriesgando su vida”, relata Danilo Dara, del movimiento de las Madres de Mayo. Vivir en esas comunidades es suficiente para ser sospechoso, y la sospecha a menudo termina en muerte: “Todo puede pasar, cualquiera puede ser prendido, preso o asesinado por estar en el lugar errado, en la hora errada”, escribe la socióloga Vera Telles. La Policía Militar provoca el 20% de los asesinatos en el estado de Sao Paulo: entre 500 y 600 muertes al año, según la Defensoría Pública. El asesinato es el extremo de una política de control y sometimiento de las periferias que abarca la cotidianeidad de los vecinos de los barrios pobres: extorsiones a comerciantes, abordajes policiales arbitrarios e irrespetuosos, toques de queda ordenados por la policía y los grupos paraestatales forman parte de todos los días en las periferias, como apunta Telles en el artículo “La connivencia entre el crimen y el poder”, publicado en Le Monde Diplomatique. Tras las frías estadísticas hay rostros como el de Luís Henrique Castelucho. Cuando lo mataron en Vila Magi, zona norte de Sao Paulo, acababa de encontrar un trabajo en una empresa de reciclaje. O el de Bruno: el coche en el que viajaba junto con sus amigos en el barrio de Sapopemba, zona este de Sao Paulo, recibió 27 tiros. Uno de ellos lo mató. A la madre de Bruno, la “Rota” ya le había matado un hermano unos años atrás. Impunidad En los meses de junio y julio, la violencia en Sao Paulo sufrió un repunte. La capital paulista registró en el primer semestre de este año 586 homicidios dolosos, 22% más que en 2011. Pero esas cifras no contabilizan las muertes provocadas por agentes de la PM que, según estiman organizaciones de derechos humanos, podrían superar las 200 víctimas entre apenas dos meses; la mayor parte, a manos del escuadrón más truculento, la “Rota”, una tropa de elite de la Policía Militar muy temida por su letalidad en la periferia paulista. Este aumento de los homicidios siguió, según la versión más difundida, al asesinato, el pasado 28 de mayo, de cinco criminales pertenecientes a la organización criminal más poderosa del estado, el Primeiro Comando da Capital (PCC), a manos de agentes de la “Rota”. Algunos investigadores señalan que aquella matanza era la venganza por la muerte de un policía a manos del PCC; otros apuntan a que el PCC reaccionaba al traslado de presos a cárceles con el temido Régimen Disciplinar Diferenciado (RDD), muy criticado por las organizaciones de derechos humanos. “Precario equilibrio” En el trasfondo del suceso podría estarel desentendimiento entre policías y criminales respecto a los acuerdos económicos a través de los cuales, cotidianamente, la policía es connivente con la delincuencia organizada. La investigaciones de la socióloga Camila Nunes Dias evidencian que la pacificación de Sao Paulo, que en los últimos quince años ha experimentado una notable reducción en el número de homicidios, se ha basado en un “precario equilibrio” entre las fuerzas del estado y del crimen organizado. Pero ese equilibrio es extremamente fácil, y a veces se rompe: así sucedió en la capital paulista en mayo de 2006, en Carandiru –la masacre en una prisión amotinada que dejó al menos 111 muertos en 1992--, en Castelinho en 2002, en Osasco en 2010 o el pasado mes de junio. Cuando así sucede, quien sale perdiendo es la población de las periferias, que sufre un recrudecimiento de una violencia policial siempre presente. Estudios del Instituto Sou da Paz y el Mapa de la Violencia 2012, realizado por la FLACSO, muestran que las víctimas de homicidios dolosos en Brasil presentan, cada vez más, un perfil determinado: cada vez más, jóvenes, negros y pobres, habitantes de las periferias de grandes urbes como SP. El 62% de las víctimas de la letalidad policial son de raza negra y más del 90% son varones y habitantes de las periferias. Estos casos se registran como “resistencia seguida de muerte”, una figura que no existe en el Código Penal y que a menudo encubre las ejecuciones sumarias que cometen agentes de la policía. Con pocas excepciones, estos casos son archivados sin la investigación alguna. Las Madres de Mayo La ola de violencia traía reminiscencias de los ataques de mayo de 2006, cuando el PCC demostró que, si quería, podía parar Sao Paulo. Como entonces, el PCC mandó a sus hombres salir a las calles y atacar a policías y comisarías, además de quemar autobuses: el saldo, 270 muertos. También como en 2006, el estado respondió con un recrudecimiento de la violencia policial: en apenas una semana, la PM dejó 500 muertos en las favelas y periferias de SP, según confirmó un estudio de la ONG Justiça Global y la Universidad de Harvard publicado el pasado año. “Pagamos con nuestros impuestos, las balas que matan a nuestros hijos”, así resume Débora Maria Silva el absurdo de que, en Brasil, las fuerzas de seguridad del estado, que deberían garantizar la seguridad de la población, son en realidad las que provocan el terror y la muerte entre las comunidades pobres. Débora perdió a su hijo Rogério, de 29 años, en esa triste semana de mayo de 2006. Junto a las madres de otras víctimas, fundó la asociación Madres de Mayo (Mães de Maio), que desde entonces lucha por el fin de la impunidad de lo que las asociaciones de derechos humanos califican de “lento y silenciado genocidio de la población pobre”. Las Madres denuncian que, desde 2006, la letalidad y brutalidad policial no ha dejado de aumentar en los barrios humildes de Sao Paulo. Aquí todo el mundo sabe que, en las periferias, la policía dispara primero y pregunta después. “Cuando hablamos de genocidio, no se trata de ninguna exageración”, aclara Danilo Dara. Y aporta cifras: en los treinta últimos años, desde que la democracia se reinstauró en Brasil, más de un millón de personas han sido víctimas de homicidios violentos y se ha registrado un aumento de 127% en la tasa de homicidios, según el Mapa de la Violencia 2012 de la FLACSO. Sólo en el estado de Río de Janeiro, la policía es responsable de alrededor de 10.000 muertes entre 2000 y 2010. Cifras más altas que en países en guerra declarada, recuerda Danilo. Legitimación de la violencia En un año electoral –Brasil celebra en octubre comicios municipales--, el gobierno conservador enarbola la política de la “tolerancia cero” contra la delincuencia. “Al criminal sólo le quedan dos opciones en Sao Paulo: la celda o el ataúd”, afirmó Alckmin en medio de la oleada violenta del pasado julio. El comandante de la PM, Savador Modesto Madia, declaró, a su vez, que no le preocupa “el número de muertes, sino su legalidad”. Cabe preguntarse de qué legalidad habla, habida cuenta de que casi ninguna de estas muertes llega a investigarse. Como ha apuntado la socióloga y abogada Alessandra Teixeira en una entrevista al Correio da Cidadania, se percibe una orientación política que legitima y alienta la violencia policial, desde los nombramientos de la cúpula –se apunta a Madia como responsable de más de 70 muertes en la Masacre de Carandiru de 1992-- a las declaraciones con tintes bélicos. El discurso de la prensa legitima a su vez este discurso político, y encuentra eco en una parte de la población que sigue pensando que la Rota es truculenta, pero efectiva. Todo ello termina dando a los agentes del Estado “carta blanca para matar”, en palabras de Teixeira. La socióloga alerta, además, del creciente prestigio social que los militares están buscando: hoy, la PM está presente en 30 de las 31 sub-prefecituras paulistas. Para acabar con la impunidad actual, la Defensoría Pública, el procurador de la República y varios movimientos sociales, entre ellos las Madres de Mayo, piden el fin de los registros de “resistencia seguida de muerte” o “autos de resistencia”. Además, el procurador de la República, Matheus Baraldi Magnani, ha pedido con urgencia la sustitución del comando de la PM, bajo el argumento de que la institución está “fuera de control” y está practicando “la violencia por mero placer”. Otra de las demandas de los movimientos sociales es la desmilitarización de la policía, que también sugirió al gobierno brasileño la ONU tras una reciente visita. El sociólogo y experto en seguridad Luiz Eduardo Soares va más allá: pide una auténtica refundación de las instituciones policiales y militares. Tal vez sólo así, superando las herencias de la dictadura militar y amputando desde la raíz la instalada corrupción policial, podría el Estado brasileño hacer frente a los grupos paramilitares que aterrorizan a las periferias. Tanto la ONU como Amnistía Internacional han alertado de la expansión de estos ‘escuadrones de la muerte’, que han alcanzado un notable poder e influencia política en Rio de Janeiro, donde se les denomina milicias. Con la complicidad de la clase política y de los grandes medios de comunicación, ante la impotencia de la población pobre y la ignorancia de las clases medias, los grupos paramilitares se expanden y fortalecen en Sao Paulo, y en todo el país, como vienen denunciando instituciones, movimientos sociales y el diputado Marcelo Freixo. * Nazaret Castro es periodista, corresponsal en América Latina. Escribe para medios como Le Monde Diplomatique y El Mundo, y alimenta el blog personal www.sambaytango.blogspot.com y el proyecto www.carrodecombate.com.

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