Gran Bretaña: "Fortaleza" contra inmigrantes

viernes, 18 de octubre de 2013
LONDRES (apro).- Gran Bretaña reforzará aún más los controles contra inmigrantes indocumentados, a quienes se les dificultará mucho poder establecerse en el país. Ello ocurre en el marco de una nueva ley de Inmigración elaborada en medio de crecientes pedidos de británicos para que se tomen “acciones más drásticas” contra los llamados “sin papeles”. La ministra del Interior, la conservadora Theresa May, confirmó que la nueva legislación obligará a los bancos británicos a controlar el estatus inmigratorio de aquellas personas que quieran abrir cuentas en el país. De manera similar, deberán actuar los propietarios de inmuebles que alquilen viviendas a inmigrantes. La legislación acelerará el proceso de apelación en casos de inmigrantes con el fin de facilitar la deportación a sus países de origen. Con la nueva ley “primero se deportarán a criminales extranjeros, y después se aceptarán los casos de apelación”, declaró la ministra. Dicha ley también se obligará a inmigrantes temporarios --como estudiantes extranjeros-- a hacer una contribución para el Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés). Mark Harper, ministro de Inmigración, declaró que la nueva Ley de Inmigración "impedirá que los inmigrantes utilicen los servicios públicos que no les corresponden, reducirá los factores que incentivan a muchos a dirigirse a Gran Bretaña y facilitará la deportación de personas que no tienen documentación adecuada para permanecer en el país". "Seguiremos dándole la bienvenida a los inmigrantes más inteligentes y mejor capacitados, que quieran contribuir para nuestra economía y sociedad, y cumplan nuestras leyes. Pero la ley debe estar del lado de aquellos que respetan las normas, y no de quienes las rompen", subrayó Harper. Como parte de la nueva ley, se otorgarán poderes a inspectores para que controlen el estatus inmigratorio de aquellos que solicitan la licencia para conducir. Por su parte, el ministro de Inmigración en la sombra, el laborista David Hanson, sostuvo que los conservadores "siguen fallando en temas inmigratorios y la ley no resolverá los principales problemas". "El número de criminales extranjeros deportados ha caído en más del 13% desde las elecciones (de mayo de 2010), los controles fronterizos se han reducido con sólo la mitad de los sospechosos detenidos, y la inmigración ilegal ha empeorado", afirmó el parlamentario opositor. "Sin embargo, no parece haber nada en esta nueva ley que resuelva los problemas de control de fronteras", continuó. Para Don Flynn, director del grupo Migrants' Rights Network, no existe evidencia fehaciente que indique que los inmigrantes se trasladan a Gran Bretaña para aprovecharse de los servicios públicos. "Hay muy pocos inmigrantes que vienen aquí con problemas médicos. No hay evidencia significativa para decir que se aprovechan del NHS", dijo el experto. La Asociación Médica británica también criticó los planes del gobierno y dijo que los doctores y enfermeras "no deberían convertirse en inspectores de inmigración". "La realidad es que los inmigrantes no vienen aquí para tratarse en el NHS, sino para trabajar en el sistema de salud", declaró la entidad. El gobierno que encabeza David Cameron quiere reducir la inmigración neta a Gran Bretaña de países no europeos por debajo de 100 mil personas al año. Pero las últimas cifras oficiales indican que la migración neta aumentó a 176 mil personas en 2012, 23 mil más que durante el año anterior. En ese contexto y ante el agravamiento de la situación, un informe de 291 páginas encargado por el comisionado de la Unión Europea (UE) para empleo e inclusión social, Laszlo Andor, concluyó el pasado 13 de octubre que al menos unos 600 mil inmigrantes desempleados procedentes de la UE viven en Gran Bretaña. El reporte agregó que hubo 611 mil 779 inmigrantes comunitarios "no-activos" en el Reino Unido en 2012, comparado con 431 mil 687 en 2006, un incremento del 42%. El número total de inmigrantes comunitarios sin trabajo es mayor que la población de la ciudad de Glasgow, en Escocia. Mientras que entre 2005 y 2006 el aumento del número de inmigrantes de la UE no activos en el Reino Unido se había estabilizado, desde entonces ha crecido significativamente, de acuerdo con el informe. El número de personas que llega al país sin empleo aumentó 73% de 2009 a 2011. El reporte indicó que de acuerdo a esa cifra de desempleados, el costo anual para el sistema sanitario trepó a mil 500 millones de libras (2 mil 390 millones de dólares).   Matrimonios arreglados El documento de la UE se suma a otro sobre el tema inmigratorio, elaborado por el canal Sky News y dado a conocer el día 16 de octubre, que concluyó que al menos una de cada cinco bodas civiles en Gran Bretaña, un 20%, son arregladas para que uno de los participantes obtenga el derecho a residir legalmente en el país. El presidente de la Asociación de Servicios de Registros Civiles, Mark Rimmer, declaró a Sky que al menos el 20% de los matrimonios en áreas urbanas son “sospechosos” de realizar esta práctica. Por su parte, el Ministerio del Interior británico admitió que el número de bodas denunciadas como falsas se triplicó en los últimos tres años, a mil 800 casos. Sin embargo, Rimmer explicó que esos incidentes serían "la punta del iceberg" y una "gota en el Océano" comparado con la escala del problema. El directivo consideró que el problema es ahora mucho peor que en 2004, cuando la primera legislación para combatir ese fenómeno fue aprobada por el Parlamento, obligando a los registros civiles a denunciar aquellas bodas que consideran sospechosas. "Estamos viendo cada vez más casos de bodas arregladas con fines inmigratorios, pero esto es sólo una parte de la escala real del problema, que es enorme", agregó Rimmer. "La mayoría de las autoridades de registros civiles no son agentes de inmigración, y por ende muchas veces no saben cómo detectar las bodas falsas", continuó el presidente de la entidad. Rimmer sostuvo que el problema es más grave en Londres, donde se reportan ese tipo de casos de forma constante cada semana. Además, destacó que entre 15 mil y 173 mil bodas civiles por año en Inglaterra y Gales tendrían como fin un beneficio puramente inmigratorio, y serían falsas ya que en muchos casos la pareja sólo se conoce en el registro civil y no mantendrá ningún vínculo o contacto después de la ceremonia. Tanto el primer ministro David Cameron, como la ministra del Interior May prometieron desterrar ese problema durante el gobierno actual. En una ponencia en octubre de 2011, Cameron prometió poner fin "a la ridícula situación en la que un juez de paz sabe que el matrimonio que va a oficiar es falso, pero no puede hacer nada para impedirlo". Brodie Clarke, exjefe de la Agencia de Fronteras británica, afirmó a Sky News que es imposible que los agentes de inmigración controlen cada uno de los matrimonios que se llevan a cabo en el país. "Ellos no pueden estar en todos lados. Dependemos de que la gente denuncie este tipo de bodas a los registros civiles en el caso de sospechas", subrayó Clarke. El ministro para Inmigración, Mark Harper, declaró que ese tipo de matrimonios "fue blanco desde hace mucho tiempo de inmigrantes que buscan evitar someterse a las leyes inmigratorias del país, en muchos casos asistidos por criminales organizados". "Los jueces de paz sienten mucha frustración cuando casan a personas que obviamente no tienen como objetivo llevar una vida de casados. Tenemos que contar con mejores herramientas para erradicar este problema”, indicó el funcionario.   Ánimo anti-inmigrante La temática de inmigración parece además estar preocupando más a los británicos. Un sondeo de la cadena británica Sky News dado a conocer el día 14 de octubre destacó que la mayoría de la población considera que Gran Bretaña está sobrepoblada, principalmente por el gran número de extranjeros, y quiere que el gobierno tome "acciones drásticas". Según la encuesta, el 67% de los británicos no cree que los esfuerzos de la actual coalición gobernante para reducir la migración neta en 100 mil personas al año sean suficientes. El 27% de los entrevistados dijo que la "ola de inmigración" que Gran Bretaña ha experimentado en la última década "no trajo beneficios positivos para la nación". Y un 52% sostuvo que es muy probable que vote por un partido político que prometa reducir "significativamente" los niveles de inmigración en el país. La encuesta concluyó que la población británica que más se preocupa por el impacto de la inmigración es la que está menos expuesta a los inmigrantes. Por ejemplo, 71% de los consultados que vive en el campo consideró que es necesaria una "acción drástica" por parte del gobierno, comparado con el 53% de aquellos que viven en zonas urbanas. Y el 71% de personas que “no conoce bien” a ningún inmigrante, apoya medidas tajantes, comparado con el 58% que dijo que “conoce bien” a los inmigrantes. El ministro de Economía británica, el conservador George Osborne, declaró que su gobierno está determinado a "reducir la inmigración", al indicar que desde que la coalición asumió el poder, en mayo de 2010, ese índice se redujo en un tercio. "Nosotros heredamos una situación del gobierno laborista en la que habían firmado todos los tratados que permitían que los habitantes de estos nuevos países que se habían sumado a la Unión Europea pudieran venir a Gran Bretaña", dijo Osborne desde Beijing, donde realizó una gira. "No había controles en las fronteras. Pero nosotros hemos resuelto esa situación. (El primer ministro) David Cameron, (la ministra del Interior) Theresa May y todo el gobierno hemos impuesto límites a la inmigración", agregó. Según Osborne, Gran Bretaña "no debe depender de la inmigración para su éxito económico, sino lograrlo por sí sola en el mundo". De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, la población del Reino Unido aumentará de 62 millones de personas en 2010 a 73 millones en 2035. Dos tercios de ese aumento total serán inmigrantes. Entre 2001 y 2011, la población de Inglaterra y Gales aumentó en 3.7 millones de personas, el mayor incremento en 200 años con 2.1 millones de extranjeros. La encuesta de Sky concluyó que existe una creciente preocupación de la población por el impacto de la inmigración en los servicios públicos. La mayoría de los encuestados cree que los sistemas de salud, educación, de vivienda y de subsidios públicos "se han visto afectados negativamente como consecuencia de la inmigración".  Y un 74% dijo estar preocupado por la posibilidad de que rumanos y búlgaros puedan ingresar libremente a Gran Bretaña a partir de fines de año. Del total de los entrevistados, 42% considera que el debate actual por la inmigración en Gran Bretaña se ve injustamente empañado "por acusaciones de racismo", mientras que el 40% admitió que se le califica de "xenófobo" si habla sobre el tema en público.

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