BUENOS AIRES (apro).- La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional en su totalidad. Así lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia el pasado 29 de octubre. La Ley de Medios había sido promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Debía reemplazar la Ley de Radiodifusión de la última dictadura militar. La democracia argentina demoró casi 26 años en poder derogar aquella ley promulgada en 1980 por el dictador Jorge Videla. Cuatro años más retrasó el Poder Judicial en declarar la plena vigencia de todos los artículos de esta ley antimonopolios. La Corte Suprema zanjó de este modo la disputa que el gobierno de Cristina Fernández mantiene desde 2008 con el Grupo Clarín. La Ley de Medios procura garantizar el derecho de la sociedad a recibir información de fuentes plurales y diversas. Desalienta la concentración en el sector y fortalece el desarrollo de medios comunitarios, de modo que las “voces predominantes” no impidan escuchar al resto. Como voz predominante se entiende principalmente al Grupo Clarín, el gran derrotado en esta contienda. El holding de medios más importante de Argentina deberá desprenderse de buena parte de sus 264 licencias y quizá también de algunos de sus activos. El máximo tribunal declaró la constitucionalidad de cuatro artículos de la ley que el multimedios impugnaba. El fallo avala la necesidad de una autorización estatal para la transferencia de licencias y la restricción a la acumulación de licencias de aire y de cable. La sentencia niega, asimismo, que la explotación de una licencia implique un derecho adquirido. Y no objeta, por último, que el Estado obligue a un privado a desprenderse de licencias antes de que venza el plazo otorgado. El fallo de la Corte Suprema, de 392 páginas, pone el interés de la comunidad por encima del interés privado. Reconoce la potestad del Estado para regular el mercado de medios y evitar que “un reducido número de personas ejerza el control sobre la información y, directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas”, según sostiene el dictamen, citando la Declaración sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Ningún Estado responsable puede permitir que la configuración cultural de su pueblo quede en manos de monopolios oligopolios”, sostuvo uno de los jueces de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, en entrevista con el diario Página 12 el pasado 30 de octubre. “Los medios audiovisuales tienen una incidencia decisiva en nuestros comportamientos, en los miedos, en los prejuicios, en toda la vida de relación de los humanos” y hasta “determinan los propios proyectos existenciales de la población”, abundó. “La homogenización de nuestra cultura a través de la monopolización de los medios audiovisuales sería la destrucción de nuestro pluralismo, como lo es cualquier uniformización, por definición antípoda de la igualdad republicana y democrática”, sostuvo Zaffaroni. Sustentabilidad El máximo tribunal consideró también que “las restricciones al derecho de propiedad” del Grupo Clarín, “no ponen en riesgo su sustentabilidad y sólo se traducen en eventuales pérdidas de rentabilidad”. Desestimó así un argumento central esgrimido por el multimedios, en el sentido de que la sustentabilidad económica garantiza la independencia necesaria para constituir una voz crítica, no condicionada por la concesión de subsidios estatales o de la pauta de publicidad oficial. “Sólo una escala económica monumental permite realizar periodismo de investigación crítico del poder”, había expresado la constitucionalista convocada por el holding, María Angélica Gelli, durante la audiencia pública llamada por la Corte Suprema el 29 de agosto de 2013. El máximo Tribunal se preguntó “cómo es posible que otros grupos licenciatarios resulten económicamente sustentables”, negando entidad a dicho argumento. “Hay muchos medios pequeños o medianos –objeta el fallo– que la tienen (la sustentabilidad) y, al revés, grandes conglomerados de medios que pueden ser condescendientes con el gobierno de turno”. La Corte Suprema expresó también que “no se ha probado que, al momento del dictado de la sentencia, exista una afectación actual de la libertad de expresión” del Grupo Clarín. Concedió al holding la posibilidad de reclamar un resarcimiento en caso de que la adecuación al nuevo esquema –la desinversión– le provoque un daño patrimonial. Le impuso al Grupo Clarín las costas del juicio. Al conocerse la sentencia, las acciones del holding sufrieron una estrepitosa caída en las bolsas de Buenos Aires y Londres. Aturdido, el Grupo Clarín demoró más de una hora en dar la noticia en el portal online de su diario homónimo. Y sólo horas más tarde expresó su posición a través de un comunicado escueto. Allí se insistió con que “la verdadera intención del gobierno con esta ley, ha sido la enorme colonización oficial de medios producida desde su sanción”. El comunicado expresa que Clarín “respeta las decisiones judiciales” pero también, “que analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales”, incluyendo a “la Secretaría Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA”. “Es difícil que prospere, ya que el Secretaría Interamericana de Derechos Humanos sólo entiende en casos en los que se afecten derechos de las personas, no utilidades de los conglomerados empresarios”, se objetó desde Página 12. La Corte Suprema se tomó también su tiempo para advertir al gobierno. “El Estado afecta la libertad de expresión si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas”, se lee en el resumen del fallo. “Lo mismo ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales”, indica el fallo. “La ley y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial”. El fallo insta además a que la Afsca, que hoy depende del Poder Ejecutivo, sea “un órgano técnico e independiente”. Inesperado Varios políticos de la oposición disintieron con el fallo de la Corte Suprema. Expresaron, sin embargo, que el Grupo Clarín debe acatarlo. Varios diputados de Unión PRO se presentaron el 31 de octubre ante la Corte para solicitarle que suspenda el fallo. Mauricio Macri, líder de dicho partido, sostuvo que derogará la Ley de Medios en caso de llegar a la primera magistratura en 2015. El alcalde de la ciudad de Buenos Aires se autoproclamó como candidato a la presidencia el 27 de octubre pasado. También los medios del Grupo Clarín se veían exultantes esa noche, al conocerse el resultado de las elecciones legislativas. El oficialismo perdió en todos los distritos más importantes del país. Retuvo, sin embargo, el control de ambas cámaras del Congreso Nacional. Cristina Fernández no puede candidatearse para un tercer mandato. El oficialismo no dispone hoy de otro candidato que pueda usufructuar la gran intensión de voto de la presidenta. El 29 de octubre, apenas 48 horas más tarde, el gobierno pudo transformar el agridulce resultado electoral en fiesta popular con música en vivo y fuegos artificiales. El éxito judicial fue tan inesperado como fulminante. El kirchnerismo lo celebró junto a miles de simpatizantes esa misma noche en la Plaza Congreso de Buenos Aires. La sentencia de la Corte Suprema tiene una dimensión histórica. “No es un triunfo sólo del gobierno; es un triunfo de la democracia, de la libertad, del pluralismo; es un triunfo de los miles de medios y trabajadores que en todo el país pujan por hacer uso de su derecho a expresarse en libertad sin que ningún gigante condicione el mercado y los silencie”, expresó esa noche Martín Sabatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Dos días más tarde, el 31 de octubre, Sabatella se presentó en la sede del Grupo Clarín en Buenos Aires para “notificar” a la empresa sobre el avance del “proceso de adecuación de oficio” a la Ley de Medios. Este proceso contempla las siguientes instancias: notificación, tasación, selección de bienes a concursar, realización del concurso, adjudicación y, por último, “el nuevo titular haciéndose cargo”, según indicó el propio Sabbatella. Clarín declaró que la “actuación es nula e improcedente”. El Grupo Clarín fue el único de los grandes holdings del sector que accionó judicialmente contra la Ley de Medios y se negó a presentar un “plan de adecuación”. Según el fallo, dicho plazo de desinversión de un año está vencido. La anunciada implementación de una “adecuación de oficio” se parecería a un desguace y promete ser muy dura. Se supone que Clarín no se desprenderá voluntariamente de las licencias que exceden la pauta legal y que accionará judicialmente ante cualquier intento del Estado para llevar la ley a la práctica. “Sin embargo, este fallo, que sorprende por la dureza con la que rechaza todos los planteos del Grupo Clarín, no es el punto final del largo conflicto entre el gobierno y el multimedios”, deslizó el diario La Nación el pasado 30 de octubre. “En efecto, a partir de ahora, como lo reconoce expresamente la propia Corte -que dispuso expresamente que el plazo de adecuación de un año ya está vencido-, la discusión pasará por la forma en la que se llevará a cabo el proceso de desinversión de las licencias de TV, radio y cable del Grupo Clarín. Y esto podría generar una infinidad de nuevos litigios, que podrían tardar más tiempo”, sostiene. Las alternativas que le quedan al Grupo Clarín para conservar sus medios de comunicación y negocios de telecomunicaciones son “complejas”, según admite La Nación. Una sería “presentar un plan de adecuación o distribuir la propiedad de los medios entre futuros herederos de las licencias de los principales accionistas del grupo (donde cuatro personas controlan el 71% de la empresa)”. El propio Sabbatella sostuvo que Clarín tiene un camino alternativo a la adecuación de oficio. El multimedios debería “completar” la presentación que el financista mexicano David Martínez –dueño del 40% de las acciones de Cablevisión– hizo ante la Afsca en diciembre de 2012. En tal caso la autoridad de aplicación analizaría la propuesta. Legitimidad “La presidenta recibió con agrado el fallo de la Corte Suprema”, dijo a la prensa el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, el 31 de octubre. Indicó que la presidenta Fernández “continúa en reposo y cumpliendo con los pedidos médicos”, tras la operación a la que fuera sometida el 8 de octubre. La madre de todas las batallas. Así denominó el kirchnerismo a la disputa en el plano político, judicial y cultural para lograr que la corporación de medios más importante de Argentina deje de marcar la agenda política de los sucesivos gobiernos. El kirchnerismo supo ser socio del holding durante el mandato de Néstor Kirchner (2003-2007). Pero a comienzos de 2008, durante el “conflicto con el campo”, el recientemente asumido gobierno de Cristina Fernández vio cómo el multimedios tomaba partido por los grandes productores agropecuarios, que se resistían a un aumento de las retenciones a la exportación que percibe el Estado. Desde la promulgación de la Ley de Medios, en octubre de 2009, se desencadenó una durísima batalla en el plano judicial y político. El multimedios acusó al gobierno de querer silenciar a la prensa opositora y aquél denunció al Grupo Clarín como cómplice y beneficiario de la última dictadura militar y de la década neoliberal de los noventa. La presidenta sostuvo repetidas veces que el director ejecutivo de Clarín, Héctor Magnetto, es el cerebro de una campaña de desestabilización que busca destituirla. “No hay gobierno que pueda soportar tres portadas negativas de Clarín”, se le atribuye haber dicho a Magnetto, aludiendo a la capacidad que tenía su diario para generar un clima de zozobra entre los máximos representantes del poder político. El periódico Clarín es el de mayor circulación en el país. Sus titulares se repiten día a día hasta el hartazgo por los alrededor de 300 medios de los que dispone el holding. La periodista Graciela Mochkofsky sostiene que la derrota de Clarín frente al gobierno responde a una crisis de legitimidad que afrontan los grandes conglomerados. “Es que esa relación de poder –la relación entre esos grandes holdings de medios y los gobiernos, y el peso desmedido de aquellos en la esfera pública–, que antes parecía intocable, natural o invisible, se volvió materia de discusión cuando el ciudadano común empezó a tener la posibilidad de expresarse por sí mismo y llegar a otros sin necesidad de comprar una rotativa”, escribió en la edición del 29 de octubre en El Puercoespín. “De pronto no eran los medios de comunicación los dueños exclusivos de la palabra pública, como antes –prosigue–; y cuando eso ocurrió, discutir sus privilegios y sus conductas fue una secuencia inevitable”. Cifras En concreto, Clarín ya no podrá tener más de 10 licencias de radio y televisión abierta en todo el país. Hoy tiene 11. Allí donde tiene licencias de radio y televisión sólo puede ser dueño de una señal de TV de paga (canal de cable). Hoy tiene siete. El proveedor de televisión por cable Cablevisión utiliza 264 licencias, según la Afsca, 158, según el propio Grupo Clarín. Aquí la desinversión será importante. El tope legal es de 24 licencias. “Pero aún suponiendo que todos estos números se verifiquen (no más de diez radios o canales de TV ni más de 24 licencias de cable), en ningún caso el Grupo Clarín debe llegar con sus medios a más del 35% de la población del país o los abonados a la TV por suscripción (ningún privado puede hacerlo, sólo los estatales y los pertenecientes a la Iglesia Católica)”, explicó La Nación el pasado 30 de octubre. Frente a la incompatibilidad de ser propietario de TV abierta y de TV por suscripción en una misma localidad, Clarín deberá elegir entre sus canales abiertos y Cablevisión en, al menos, cuatro ciudades. “Especialmente compleja, y posible fuente de nuevos litigios judiciales, es la aplicación del tope de licencias de TV de paga a una red indivisible, sobre la que también se ofrece el servicio de acceso a Internet”, sostuvo. Incluso cumpliendo con la ley, el Grupo Clarín seguirá siendo mucho más poderoso que todos sus competidores. Dispondrá de un diario, una agencia, un sistema de distribución por cable, un canal de aire y un canal de noticias. También de la fábrica de papel de diarios Papel Prensa, cuyas acciones fueron adquiridas durante la última dictadura militar, en un procedimiento oscuro que hoy investiga la justicia. A pesar de que 162 de los 166 artículos de la ley están vigentes desde 2009, el gobierno no impuso su cumplimiento estricto al resto de los grupos de medios para no fortalecer aún más la posición dominante de Clarín. Ahora también otros conglomerados deberán adaptarse a la ley. Por ejemplo el Grupo Uno, idéntico a Clarín en su estructura de conglomerado, pero de menor tamaño. “Faltan regulaciones, faltan medidas concretas para el sector sin fines de lucro, faltan mayores incentivos a los medios comunitarios”, advirtió el 30 de octubre Página 12. “Fortalecido por el fallo, el gobierno deberá ponerse al día, con medidas que pudo y debió implementar antes.” De hecho, la ley reserva un tercio del espectro de radio y televisión para las organizaciones sin fines de lucro. Su implementación, hasta ahora ínfima, requiere de financiamiento y de mecanismos que aseguren participación popular, responsabilidad y calidad comunicacional. Organizaciones sociales y comunitarias han denunciado que hoy no están dadas las condiciones para apropiarse de ese espectro que por ley les corresponde. Cuando Cristina Fernández retome el ejercicio de la primera magistratura su situación será más sosegada que cuando pidió licencia médica. Podrá encarar con autoridad el tramo final de su mandato. Dispone de mayoría propia en ambas cámaras. Su rival más peligroso y enconado se encuentra ahora a la defensiva. Diferentes representantes del gobierno coincidieron en señalar que la Ley de Medios es un triunfo del pueblo contra las corporaciones. Se considera que esta es la ley más debatida en la historia de la democracia argentina, ya que surgió de las propuestas elevadas por 24 foros que se desarrollaron en 2009 en distintos puntos del país. De plasmarse el espíritu de la ley en el futuro mapa de medios, será uno de los avances más importantes de estos 30 años de democracia.