TEGUCIGALPA (apro-cimac).- El triunfo de un partido de derecha o golpista el próximo domingo en los comicios que se efectuarán en este país significaría un grave retroceso para los derechos humanos de las mujeres, quienes se han visto severamente marcadas por el golpe de Estado de junio de 2009. En medio del contexto de inseguridad e incertidumbre que se vive en este país centroamericano, defensoras y activistas exteriorizaron su temor a una imposición del Partido Nacional, cuyo candidato presidencial es Juan Orlando Hernández, con lo que el clima de hostigamiento, persecución y agresiones, lejos de detenerse, iría en incremento. Integrantes del Observatorio de las Violaciones de los Derechos Humanos y Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral destacaron la importancia de la participación femenina en los próximos comicios generales para impedir que lleguen a los principales puestos de representación popular personajes vinculados a la extrema derecha porque se limitarían aún más las garantías mínimas de las hondureñas. Se estima que por primera vez en la historia de la nación más de 70% del padrón acudirá a las urnas. Según cifras del Tribunal Supremo Electoral, las mujeres representan 51% del padrón, es decir, son 2 millones 724 mil 4 mujeres del total de 5 millones 355 mil 122 de votantes. En estos comicios se elegirán presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldes, 128 diputados al Parlamento y 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen). El ganador o ganadora de la elección presidencial sucederá a Porfirio Lobo, quien dejaría su puesto el 27 de enero próximo. Carmen Castro, integrante de la Red Mesoamericana contra la Violencia, dijo que es primordial reforzar la labor de líderes y representantes de grupos de mujeres que buscan impedir una eventual imposición del Partido Nacional, el cual –a decir de la activista– ya ha cometido severas violaciones a DH. En junio de 2009, Manuel Zelaya –electo presidente en 2006– fue derrocado en momentos en que promovía una consulta popular para reformar la Constitución. Después –de acuerdo con organizaciones civiles– inició un estado de emergencia para los DH de los hondureños. Castro advirtió que el Partido Nacional está en favor de la militarización de las calles, lo que ha colocado a mujeres y niñas ante una alta vulnerabilidad de ser agredidas sexualmente, además de que su candidato, Orlando Hernández, ya ha anunciado como “medida de seguridad” el despliegue de más policías militares en las comunidades. La activista puntualizó que tampoco se debe pensar que el triunfo de partidos surgidos tras el golpe de Estado, como el Partido Libertad y Refundación (Libre) y cuya candidata presidencial es Xiomara Castro, esposa del expresidente Zelaya, garantizará el pleno respeto y reconocimiento de los DH. A raíz del golpe de Estado surgieron cuatro nuevos partidos: uno de ellos es el Libre, que según sondeos es la fuerza a vencer por parte de los partidos Nacional y Liberal, ambos de extrema derecha y que eran las principales fuerzas políticas antes del golpe de Estado. Además surgieron el Partido Anticorrupción, que lleva como candidato a la Presidencia a Salvador Nasralla, y la Alianza Patriótica Hondureña, que lidera Romeo Vásquez, quien fue jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas durante la gestión de Zelaya y la principal figura militar del golpe de Estado. También está el Frente Amplio Político en Resistencia (Faper), cuyo líder es Andrés Pavón y quien también dirige el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh). Carmen Castro relató que han intentado acercarse a los partidos para manifestarles las demandas e intereses de las hondureñas, pero únicamente han logrado un acercamiento con Xiomara Castro, quien se ha manifestado abierta a escuchar las demandas de las organizaciones, lo que no garantiza un gobierno feminista, “pero abre la puerta para construir puentes de acción”. En ello coincidió Berta Cáceres, líder indígena del pueblo Lenca, quien incluso enfrenta una demanda judicial por defender las comunidades de Río Blanco (al norte del país) de la construcción de una represa. Cáceres señaló que la presencia de una mujer en el poder no garantiza que todas las hondureñas, desde sus necesidades y características específicas, serán escuchadas y “visibilizadas”. La dirigente sostuvo que las mujeres indígenas y rurales viven brutales formas de explotación, pues desde siempre han llegado empresas trasnacionales que buscan despojarlas de los recursos naturales. “Cuando intentamos defender lo que es nuestro, cuando salimos a exigir nuestros derechos, nos persiguen, nos violentan y nos criminalizan”, denunció. La también coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) llamó a estar atentas a las violaciones a DH que puedan cometerse en el contexto electoral, pero sobre todo a las agresiones y acciones violentas que se cometan después de los comicios, pues “ahora tenemos la mirada internacional encima, lo que puede inhibir ciertas conductas, pero una vez que se celebren los comicios se podían cometer agresiones, incluso asesinatos”. Melissa Cardaza, integrante de Feministas en Resistencia, dijo que ningún partido se ha comprometido (ni lo hará) a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como sería la interrupción legal del embarazo o los matrimonios entre personas del mismo sexo. “Vivimos en un país extremadamente conservador y tenemos candidatos presidenciales más interesados en conseguir el poder que en el pueblo”, aclaró. La activista añadió que la verdadera lucha de las mujeres en el contexto electoral tendría que reforzarse una vez que se dé a conocer al ganador o ganadora, pues “es cuando tendremos que seguir empujando para ser reconocidas por quien sea que llegue a la Presidencia”.