MÉXICO, D.F. (apro).- Hay que haber estado alguna vez en Filipinas para poder dimensionar la magnitud de la catástrofe humanitaria que vive ese país tras el paso del devastador tifón Haiyan, rebautizado localmente como Yolanda. En 1989 Proceso me envió al archipiélago, para documentar la disputa por la repatriación del cuerpo del exdictador Ferdinand Marcos, quien acababa de morir en su exilio de Hawai. Ahí Imelda, su viuda, reclamaba que los restos del hombre que había gobernado Filipinas durante 21 años (1965-1986) con mano dura, en medio del amiguismo y la corrupción, pudieran descansar en su provincia natal de Ilocos Norte. Corazón Aquino –viuda de Benigno Aquino II, asesinado en 1983 presuntamente por el marquismo– entonces presidenta de Filipinas y quien había desbancado tres años antes a Marcos a la cabeza de un masivo movimiento popular, se negaba rotundamente. Temía que los todavía muchos incondicionales del otrora hombre fuerte convirtieran sus exequias en un acto político y que se reavivaran las pugnas de poder (ella sufrió seis intentos de golpe de Estado). Volé primero a Honolulu, donde pude ver a una Imelda llorosa, que seguía velando a su marido embalsamado y luego seguí el viaje hacia Manila. Al aterrizar entre violentas sacudidas, el piloto advirtió que había “mal tiempo”. Era de noche y llovía copiosamente. Pero en las primeras horas de la madrugada el viento empezó a ulular e hizo vibrar las ventanas del hotel donde me alojaba. Pronto se cortaron el suministro eléctrico y la comunicación telefónica. El agua de la alberca se agitaba como en un sismo, y sombrillas y sillas volaban a su alrededor. Era un tifón; el segundo que esa semana de octubre azotaba a Filipinas. Cuando finalmente se pudo salir, las calles del distrito financiero de Makati –donde se ubicaba el hotel– estaban inundadas. Árboles y anuncios espectaculares yacían caídos, cables rotos colgaban de los postes y la basura flotaba por todas partes. Apenas se podía circular, pero conforme se acercaba uno al puerto, el panorama se volvía peor. Ríos de agua pestilente, que arrastraba toda clase de desechos, bajaban de las colinas circundantes donde se hacinaban millones de habitantes en casuchas construidas con cartón, tablas de madera y techos de lámina. En los canales que corrían a cielo abierto por las ahora anegadas callejuelas pobladores hacían sus necesidades fisiológicas y lavaban su ropa, y ahí también cocinaban y comían. Sólo se resguardaban para descansar y, ahora, muchos de ellos no tenían ya donde hacerlo. Con todo, los tifones Ángela y Dan, que ese año golpearon distintos puntos del arcihipiélago, fueron benignos: “sólo” mataron a 159 personas y dejaron sin hogar a medio millón. Nada, comparado con los casi 5 mil muertos, otros tantos desaparecidos, 13 millones de afectados y 4 millones de desplazados internos que calcularon en su último balance las agencias humanitarias de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja como consecuencia de Yolanda. Integrada por 7 mil islas, con casi 100 millones de habitantes y una línea costera que en conjunto abarca 18 mil 417 kilómetros, Filipinas constituye un territorio que, según los meteorólogos, sufre un promedio de 200 tormentas tropicales en un lapso de diez años.  La que acaba de ocurrir, sin embargo, rebasó todos los cálculos de intensidad y extensión geográfica. Esta vez, la tormenta no golpeó la isla densamente poblada de Luzón, donde se asienta la Gran Manila, sino las de Leyte, Samar, Cebú, Negros, Panay, Mindoro y particularmente el área de Tacloban, todas zonas rurales y pesqueras de alta vulnerabilidad en muchos de cuyos puntos el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR) declaró “desastre total”. Carreteras, puentes, hospitales, escuelas, aeropuertos resultaron dañados; 1.1 millones de viviendas quedaron gravemente afectadas y por lo menos otras 500 mil totalmente destruidas. Y es que en todos estos lugares se repite el mismo patrón de desigualdad y miseria de la capital. Según estudios locales, en por lo menos 16 ciudades filipinas un promedio de 23% de sus habitantes vive con ingresos de apenas 1.5 dólares diarios y en barrios pobres autoconstruidos, “altamente vulnerables al impacto del viento y las inundaciones que traen consigo los tifones”. Esta precarización se alimenta de la inequitativa tenencia de la tierra, en general, que lleva a la migración en busca de opciones de subsistencia y desemboca en asentamientos ilegales; y, en particular, de la rápida industrialización de las zonas rurales costeras –piscicultura, producción de sal industrial y cultivos intensivos de arroz– que han obligado a pequeños agricultores y pescadores, así como a poblaciones indígenas, a retirarse a áreas motañosas o emigrar a los cinturones de miseria de las ciudades. Poco en realidad ha cambiado desde que los Marcos dejaron el poder en 1986, ya que ni la reforma agraria emprendida por Corazón Aquino ni los intentos por crear nuevos polos de desarrollo fuera de Manila, emprendidos por los sucesivos gobiernos, han dado frutos. Y no los darán, dice la organización Social Watch Filipinas, “si el gobierno no modifica la estructura actual de poder y recursos, elitista y centrada en las ciudades”. Las estadísticas lo confirman, ya que si bien en los noventa los índices de pobreza bajaron un poco, han vuelto a subir y alcanzan un 27.9% de la población, según el Banco Mundial. La brecha entre el 20% más rico y el restante 80% en cambio se ha ahondado, y ensañado con los de siempre: campesinos sin tierra, trabajadores temporales, pescadores, jóvenes, mujeres, y minorías como indígenas o musulmanes. La tasa oficial de desempleo es de 7%, pero esconde un 23% de subempleo, en un país donde la mayoría trabaja por cuenta propia o en labores mal remuneradas. El sector agrícola ha bajado a 12.8% y el  manufacturero a 19.4%, mientras que los servicios se han disparado al 55.7%. Se calcula además que unos 5 millones de filipinos han emigrado en busca de trabajo a otros países y ayudan a sobrevivir con sus remesas a los que se quedan. Para paliar estas carencias, desde 2007 el gobierno filipino ha implementado el programa “Pantawid Palmiya”, similar al de “Hambre Cero” en Brasil y “Oportunidades” en México. Financiado por el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, el informe 2013 de Social Watch Filipinas expresa dudas sobre su sustentabilidad y destaca que “además sus beneficiarios se ven obligados a acudir a centros médicos y educativos de baja calidad”. Según esta organización, el Plan Nacional para el Desarrollo de Filipinas 2011-2016, que impulsa el presidente Benigno Aquino III y que propone un crecimiento sostenido e inclusivo del producto interno, con creación masiva de empleos y reducción de la pobreza, no es más que “seguir con lo mismo y concentrarse en el crecimiento del pastel”. Y el “pastel” ciertamente ha crecido. En el decenio pasado ascendió a un ritmo promedio de 4.7% anual, y en los últimos años ha llegado al 7%, sólo detrás de China que ocupa el primer lugar de crecimiento en Asia. Sin embargo, un tercio del presupuesto debe destinarse a la abultada deuda externa (102 mil millones de dólares) y la renta per cápita anual apenas llega a los 4 mil 500 dólares, lo que coloca a Filipinas en el lugar 165 de ingresos a nivel mundial. Pero aparte de un sistema que favorece la macroeconomía y la concentración del dinero, lo que más merma las arcas nacionales es la corrupción. Si los Marcos se hicieron famosos por su acumulación de ropa, zapatos, joyas, obras de arte e inmuebles, los políticos actuales y sus socios empresariales no se quedan atrás. El último escándalo estalló en julio pasado, luego de que Jeane Lim-Napoles, hija de una millonaria empresaria filipina, presumiera en Facebook su lujosa fiesta de cumpleaños en Hollywood. Su madre, quien desde 2007 regenteaba una red de organizaciones civiles falsas, al parecer ayudó a varios legisladores a desviar cuantiosos fondos federales. Un sistema, bautizado popularmente como “barril de manteca”, permite a los parlamentarios la adjudicación directa de fondos presupuestales a proyectos sociales optativos en sus respectivas circunscripciones. Cada senador recibe alrededor de 4 millones de dólares anuales y los diputados un tercio. Una auditoria estatal, sin embargo, reveló que varios de ellos habían gastado más de 200 millones de dólares en proyectos inexistentes. A cambio de una comisión, los legisladores simulaban invertir en proyectos locales a través de las organizaciones falsas de la madre de Lim-Napoles, y luego recibían intacto el dinero. Todo se mantuvo oculto, hasta que las indiscreciones de la joven en la redes sociales develaron la trama. Enfurecidos, cientos de miles de filipinos salieron a la calle para exigir la abolición de los “barriles de manteca” y otros fondos especiales que se ejercen sin ningún tipo de supervisión. Las auditorías, enmarcadas en el programa contra la corrupción que lanzó Aquino III cuando tomó posesión como presidente en 2010, alcanzaron también a Gloria Macapagal Arroyo. La exmandataria, quien estuvo temporalmente bajo arresto domiciliario, está acusada de fraude fiscal, malversación de fondos y desviación de recursos para financiar las campañas de 2004 y 2007. Macapagal Arroyo, quien actualmente representa en el Congreso a su natal provincia de Pampanga, se ha declarado reiteradamente inocente y dijo al diario The Manila Times que se trata de una “persecución política” de su sucesor. A su vez, éste también  se encuentra bajo el escrutinio de la opinión pública. Como presidente, el hijo de Corazón Aquino dispone de un “barril de manteca” de 500 millones de dólares y además decide, sin ninguna supervisión, la asignación de fondos especiales para varios rubros del presupuesto filipino anual. En 2011, según una investigación periodística, habría entregado unos 25 millones de dólares a 18 senadores que votaron a favor de la destitución del presidente del Tribunal Supremo, su principal rival político. El problema es que en Filipinas hay una “corrupción sistémica”, dice Florentino Rodao, un estudioso de la realidad filipina en la Universidad Complutense de Madrid. El sistema de partidos, explica, es muy frágil y favorece el clientelismo y la compra de votos, y para ello los fondos discrecionales son muy útiles. Desde la salida de Marcos, todos los gobiernos han sido acusados de algún cargo de corrupción y algunos inclusive han caído por ello. Y nada indica que en el corto plazo esto vaya a cambiar.