MADRID (apro).- El preacuerdo que se alcanzó el pasado lunes 25 de noviembre en la sede de la petrolera YPF, en Buenos Aires, fue el primer paso sustancial para encaminar la solución al conflicto que inició la expropiación del 51% de dicha compañía argentina a la española Repsol por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el último tramo del conflicto se implicó a regañadientes el gobierno de Mariano Rajoy, empujado por la petición que le hizo el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en el almuerzo que compartieron en el marco de la Cumbre Iberoamericana, en Panamá. Hasta ese momento, Rajoy seguía al pie de la letra su forma de hacer política: Opta porque el tiempo resuelva los conflictos. Bajo el argumento de que Repsol es una empresa privada, no movía un dedo, pese a que fue el propio Rajoy el que repudió inicialmente la expropiación de la presidenta Kirchner. Sus ministros de Industria, José Manuel Soria, de Exteriores, Jesús Manuel Margallo y el resto del gobierno salieron a señalar lo que calificaron como un atropello. En ese marco, Rajoy viajó a México para participar en la reunión del G- 20 en Los Cabos, visita que aprovechó para pedirle al presidente pre témpore del grupo, entonces Felipe Calderón, su respaldo para repudiar la acción argentina, a la que el presidente mexicano se montó, echando por la borda su papel de interlocutor en un conflicto de esa índole. Pero el recurso iniciado por el presidente de Repsol, Antonio Brufau, de recurrir a los tribunales internacionales para buscar una indemnización que cifró en 10 mil 800 millones de euros –en un principio llegó a hablar de 18 mil millones— por parte de Argentina, no avanzó y solo enturbió más la crisis. La prensa española aupada en el mismo tono, defendió a Repsol como si de una entidad pública se tratara y no de una empresa privada que tiene una cota del 60% de su capital que cotiza en las bolsas de Nueva York y en la de Madrid. Es comprensible desde el punto de vista de la seguridad jurídica que cualquier inversión deba tener garantías en un país extranjero, sin embargo, los argumentos argentinos fueron solo publicados para ser vapuleados en los medios españoles. Kirchner justificó su expropiación con el argumento de que la Repsol de Brufau incumplió con una serie de compromisos de inversión. Es decir, los beneficios de YPF los llevó íntegros al seno su petrolera, sin cumplir la parte que le correspondía invertir. Kirchner, por tanto, tenía derecho a expropiar, pero también la obligación de indemnizar a Repsol con un precio justo. Nada de eso se justificó en la prensa española, obviamente, donde se consideró un atropello argentino a rajatabla, sin cuestionar a Repsol, por cierto, uno de los principales anunciantes en los medios de comunicación españoles, hoy tan golpeados por la crisis. Después del almuerzo en Panamá, la semana antepasada el ministro de Industria español, José Manuel Soria, viajó a México, donde se reunió con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y con el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, un actor central en esta trama. El encuentro parece haber cumplido su objetivo de centrar campo de acción de cada parte, definir las posiciones reales de cada jugador, sin menoscabo del derecho de Repsol de recibir lo justo por una inversión multimillonaria en la compañía argentina, que durante un tiempo fue la joya de la corona del grupo español, al grado que formó parte de su nombre propio: Repsol-YPF. Soria había estado sumido en un maremágnum de informaciones decantadas siempre del lado de Repsol. Algunos conocedores hablan de presupuestos millonarios en manos de Brufau para temas de comunicación y lobby. Ya es conocido el manejo mediático que tuvo en 2011 cuando la mala gestión de Juan José Suárez Coppel al frente de Pemex pretendió un acuerdo de sindicación de votos junto con el entonces presidente de la constructora hispana Sacyr, Luis del Rivero, uno de los empresarios más volátiles y déspotas, quien fue prácticamente desplazado de esa posición luego del escándalo. Para nadie era un misterio que Luis del Rivero fue quien años antes trató de impulsar la venta de su 20% de Repsol a la rusa Lukoil, hasta que los servicios de inteligencia españoles prendieron las luces rojas, por el supuesto capital mafioso que se anida en la petrolera rusa. En ese momento, Suárez Coppel provocó una de las peores andanadas de Repsol y del llamado “cartel español” –así bautizado por el periodista y escritor catalán afincado en México, Oriol Mallo— en contra de Pemex, por pretender “romper” la hispanidad de Repsol y por pretender su “asalto” para aprovecharse de la petrolera hispana. Con la ayuda de un costoso gabinete de comunicación español –hoy asentado en México y que ha vendido sus servicios a la Bolsa Mexicana de Valores—como lo es Llorente y Cuenca, inició una ofensiva contra México, al que se montaron El País o incluso el expresidente Felipe González. Lozoya sufrió un trato similar en junio pasado cuando llevó –a través de Carlos Morales, director de Pemex Exploración y Producción— la propuesta argentina que consistía en indemnizar a Repsol con acciones de Vaca Muerta y participar en una sociedad en la que además de YPF también entraría Pemex. Entonces se consideró una oferta trampa, pero ahora, salvo matices, la oferta no es muy distinta de que aceptó esta misma semana por el consejo de administración de Repsol, solo que hoy están garantizados los 5 mil millones de dólares en bonos soberanos argentinos. En junio fue “insuficiente” y hoy fue aceptada por el consejo, con el mensaje pues a decir de algunos medios españoles, desde La Moncloa se advirtió que es un asunto de Estado. El rechazo que Pemex sufrió en junio pasado, explican algunos conocedores, fue tomado mal por Lozoya. Lo dejó en mal ante Peña Nieto, en momentos en que se discutía la presentación de la reforma energética –que presuntamente será aprobada en el Congreso de México en este mes de diciembre— y cuando iniciaba su plan de internacionalización de Pemex. No le salió la jugada inicial. Por ello no es extraño la dureza con que Lozoya ha tratado a Brufau, a quien criticó por tener una retribución “de ocho millones de dólares teniendo resultados significativamente menores que el resto de sus competidores”. En una de sus respuestas a los legisladores en su reciente comparecencia, advirtió que “desde que la administración actual de Repsol ha tomado las riendas de la empresa, el retorno de la acción ha sido de cero, mientras que para un promedio de las empresas europeas de exploración y producción ha sido de 87%”. Por eso Pemex votó en contra del punto de acuerdo en el que el consejo de Repsol aprobó la estrategia y la gestión del equipo de dirección” de la petrolera hispana. No obstante, Lozoya fue uno de los que impulsó la vía de la negociación, entre otras cosas, porque Pemex tiene interés en entrar a una sociedad con YPF para la explotación del megayacimiento de Vaca Muerta, pese a que oficialmente se niega esa posibilidad. Un día después del acuerdo aceptado por el consejo de Repsol, Pemex anunció que destrababa la compra del 51% del astillero Hijos de J. Barrera, con lo cual se abre la posibilidad de que en Galicia se construyan los floteles que Pemex requiere para su operación. Otro actor que zanjó el camino a un acuerdo fue Isidro Fainé, presidente de La Caixa y de CaixaBank, que posee el 12,9% del capital de Repsol, siendo su principal accionista. Fainé se reunió en noviembre de 2012 y en febrero de este año con la presidenta argentina, para discutir una posible salida negociada, pero fue rechazada junto con la propuesta argentina que llevó Pemex en junio. Sin embargo, hay otros actores que tuvieron menos protagonismo público, como fue el caso de la embajada de Estados Unidos en Madrid, con el embajador James Costos, que presionó al gobierno español para que se llegara a un acuerdo. Su participación resultó determinante debido a que una empresa estadunidense, Chevron, ya tiene firmado un acuerdo con YPF para realizar inversiones en el megayacimiento de Vaca Muerta. No ha sido una inversión ajena a la polémica, después que New York Times publicara un extenso artículo en el que alude a funcionarios argentinos vinculados al sector petrolero que dijeron que el acuerdo Chevron-YPF “escudará” a la compañía americana de pérdidas financieras relacionadas con un cambio en los vientos políticos”. Y sostenía que Chevron podrá abandonar las operaciones en Argentina “sin pagar penalidades” y continuar recibiendo “beneficios netos por el 50% de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad”. Frente a todo este entramado, la presidencia de Brufau en Repsol parece estar en su momento más bajo, con lo cual será difícil que pueda gestionar el acuerdo completo con el gobierno argentino. Está claro que no jugó bien sus cartas en la estrategia de confrontación con Kirchner ante los tribunales internacionales y se quedó fuera de foco en la firma de la paz. El portal vozpopuli.com dio a conocer que mientras en Argentina se tejía el preacuerdo que da salida a la crisis, Brufau acudía como patrocinador de una cena de famosos en la fundación catalana Lluita contra el Sida para salir del desplante del gobierno argentino y de los principales accionistas de Repsol.