MÉXICO, D.F. (apro).- La niebla cubre la hierba y en medio de pequeños montes resplandece la laguna, rodeada de cientos de campesinos que, aseguran, terminará contaminada si finalmente se concreta el Proyecto Minero Conga, en Cajamarca, uno de los distritos más pobres de la sierra de Perú. Desde hace dos años, los llamados “guardianes de las lagunas” realizan asambleas y consultas populares, pero también han creado frentes de defensa y han recurrido a estrategias legales para detener la ampliación de la mina Yanacocha, que desde hace 21 años explota oro y cobre en la región. Para celebrar su segundo aniversario, en los próximos días, los “guardianes” tienen planeado colocar la primera piedra de una construcción (Casa Rondera) desde donde puedan vigilar su territorio, protegidos del aire, el frío y la lluvia. Edy Benavides, presidente del Frente de Defensa de la Provincia Hualgayoc-Bambamarca y vocero del comando Unitario de Lucha Región Cajamarca, cuenta que no solo se han enfrentado con la policía y el ejército en su protesta contra la ampliación de la mina, sino que ahora también lo hacen con grupos armados. El pasado 20 de septiembre, dice, fueron atacados con armas de alto calibre y rafagueados a menos de 200 metros. “Era un grupo de 50 personas y atacaron. Yo estaba en Arequipa en una Cumbre de Pueblos Afectados por la Minería”, relata. Añade: “Nos robaron casi todo: frazadas y víveres, y cuando regresé salimos 500 a reconstruir el campamento. A las 11 y media de la noche nos atacan a quemarropa”. Eso, apunta, es sólo una parte, pues “la policía siempre nos ha fregado, hostigado. Lo de estos grupos ya es un extremo”, denuncia. De acuerdo con Benavides, desde noviembre de 2011 personas ajenas a la comunidad de El Alumbre trabajan en una carretera, sobre la Laguna Negra, destinada a un nuevo proyecto minero. El 9 de noviembre de ese año, recuerda, varias comunidades instaron a la minera a abandonar sus incursiones, y el 24 del mismo mes realizaron un paro indefinido, al tiempo que organizaban congresos y asambleas informativas. Durante nueve días y ocho noches, los pobladores se mantuvieron en la región de las lagunas, haciendo frente a la policía. El día 25, el campamento de campesinos fue atacado con bombas de gas y perdigones, y la policía destruyó por igual vehículos y alimentos que encontró a su paso. Como respuesta, más de 500 personas que se encontraban en las lagunas y 10 mil del pueblo de Bambamarca bajaron a la ciudad de Cajamarca. A partir de ese momento no han cesado los engaños y la represión, sostiene Edy Benavides. A raíz de los acontecimientos, el gobierno del presidente Ollanta Humala convocó a una mesa de diálogo, durante la cual intentaron convencer a los inconformes para que firmaran a favor de la construcción de la mina. El diálogo con el entonces primer ministro, Salomón Lerner, se rompió en diciembre. Las movilizaciones continuaron, y en febrero de 2012 se realizó la Marcha Nacional del Agua, desde Cajamarca hasta Lima. Los manifestantes presentaron dos proyectos de ley para evitar la destrucción del medio ambiente con elementos como el mercurio y el cianuro, pero no fueron atendidos. El 3 de julio de 2012, Humala declaró “estado de emergencia”, con lo que suspendió los derechos a la libertad individual; la inviolabilidad de domicilio, de reunión y de tránsito, e intervinieron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. El gobierno recurrió a esa medida a raíz de las protestas de los opositores a Conga, que derivaron en cinco muertes en Celendín, departamento vecino de Bamacocha, donde la población intentó tomar la municipalidad. Durante ese y el siguiente mes, los inconformes desafiaron a las autoridades con manifestaciones y la convocatoria a distintos paros. El 8 de octubre de 2012, concluido el “estado de emergencia”, los opositores a la mina adoptaron el nombre de “guardianes de las lagunas”. Según Benavides, fue la primera vez en la historia de Perú que un pueblo no respeta el “estado de Emergencia”.   Habrá más agua, asegura el gobierno Entre 2006 y 2008 la minera inició trabajos para determinar si podía diseñarse un nuevo proyecto de extracción ante la baja de reservas de metal en Yanacocha. De acuerdo con el informe semestral del Observatorio de Conflictos Mineros de Perú, dicho proyecto representó una inversión de cinco mil millones de dólares (la empresa multinacional Newmont Mining Corporation posee 51.35% de la mina y la paraestatal peruana Buenaventura el 43.65% restante). La extensión del proyecto comprendería tres mil hectáreas en la intersección de tres provincias: Cajamarca, Bambamarca-Hualgayoc y Celendín. Según el informe del Observatorio, Bambamarca dio en concesión 90.17% de su territorio a las minas extractoras de oro y cobre. Y para el proceso de limpiado de los metales, los inversores no han dudado en aprovechar las lagunas. La laguna de Yanacocha cuenta con 23 hectáreas de espejo de agua y la de Perol (donde los guardianes realizan manifestaciones desde junio) con 17 hectáreas. Estas dos, las más grandes, están interconectadas con otras 20 lagunas. La concreción del Proyecto Minero Conga y la construcción de cuatro reservorios de agua destruirán cuatro de estas lagunas, según Benavides, quien asegura que toda la región es reserva de agua dulce, donde nacen cinco ríos. Dos de los reservorios, detalla, son para extraer el mineral, otro para botar material removido y el último para almacenar relaves. Además, dice, se pretende diseñar un tajo abierto de 800 metros de profundidad, que afectaría aguas subterráneas. De acuerdo con el gobierno de Ollanta Humala, ya se ha cumplido con todos los peritajes ambientales necesarios para arrancar el proyecto, con el cual, ha dicho, se tendrá más agua. “Habrá más agua, pero no para las poblaciones”, revira Benavides. Y destaca que en octubre de 2012 la minera Gold Fields dejó sin agua al poblado de Hualgayoc, donde las autoridades locales de saneamiento reportaron exceso de aluminio, cadmio, arsénico y fierro. Todavía hoy, agrega, se recuerda la tragedia de Choropampa, departamento ubicado en la provincia de Chota, también en Cajamarca, cuando en junio del año 2000 un camión de Yanacocha derramó 150 kilos de mercurio a lo largo de una carretera, que afectó a 70% de la población, causándole envenenamiento, deformidades y muertes. Y hoy, sospecha Benavides, las personas que atacan los campamentos de los “guardianes”  podrían estar siendo pagados por la minera.   Lucha emblemática De acuerdo con un texto escrito por el pensador uruguayo Raúl Zibechi, bajo el título “Resistencia en los Andes a la minería”, una de cada cinco hectáreas de Perú están concesionadas a multinacionales mineras (casi 20% del territorio). Dichas concesiones se concentran en la región más pobre del país, la sierra andina, y afectan la mitad de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas (49.6%). Según el artículo de Zibechi, Cajamarca –con 54.2% de su población en la pobreza– se ha enfrentado a una intensa actividad minera desde hace 200 años. Y añade que durante toda la historia minera de Perú, nunca un conflicto había logrado interesar a la opinión pública de todo el país. Y los “guardianes de las lagunas” han propiciado que el gobierno y las empresas diseñen nuevas estrategias para desarticular su resistencia, que se ha ampliado a los departamentos de Cusco, Apurímac, Junín y Piura. Benavides señala que desde la presidencia de Alberto Fujimori se intensificó el saqueo de los recursos naturales, que provocó severos desastres en los pueblos explotados. “Ellos ponen sus autoridades, pero debe haber una forma para recuperar el país, para que podamos levantarnos”, dice el activista, y asegura que la emblemática lucha contra Conga “ha permitido que el país despierte”. Durante 36 años, en Cajamarca han existido rondas campesinas dedicadas al cuidado de los bienes y el territorio. “Hoy suben una vez cada semana o cada 15 días a vigilar. Las rondas se turnan entre comunidades, y en eso se basan los ‘guardianes’”, subraya Benavides, quien enfrenta decenas de denuncias. De acuerdo con información difundida por la agencia de noticias ambientales Servindi, los distintos frentes en defensa de Celendín planean movilizaciones a las lagunas Azul y El Perol, el 9 y el 24 de este mes, y para 2014 han invitado a observadores internacionales de derechos humanos. “Seguiremos hasta lograr que el gobierno y la mina desistan de su proyecto”, asegura el presidente del Frente de Defensa de la Provincia Hualgayoc-Bambamarca.