BUENOS AIRES (apro).- “Secreto”. Tal es el carácter que la dictadura argentina daba a muchos de sus actos de gobierno. “Secreto” es también la palabra que encabeza las 280 actas encontradas en el subsuelo de la sede central de la Fuerza Aérea, el pasado 31 de octubre. Las actas de la dictadura reproducen el temario abordado por los miembros de las Juntas Militares en sus reuniones formales. Revelan los planes y los fundamentos ideológicos del gobierno más sangriento de la historia argentina. Los documentos abarcan el periodo que se extiende desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hasta la restauración de la institucionalidad democrática, el 10 de diciembre de 1983. “En términos históricos el valor del hallazgo es inconmensurable”, dice a Apro Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, a cargo del análisis preliminar de las actas. “Es la primera vez que se encuentra un registro de la dictadura tan enorme, ordenado, sistematizado, y del mismísimo corazón de la toma de decisiones del terror”, sostiene. Los textos permiten conocer los temas que estuvieron a consideración de la Junta Militar y las posiciones de los integrantes de cada fuerza. “Está toda la documentación doctrinaria de la Junta, donde planificaban, por ejemplo, cómo presentar ante la opinión pública el tema de los desaparecidos y la guerra antisubversiva, el cinismo con que lo hacen”, dice Peñafort. Todos esos papeles aportan información sobre la estrategia a largo plazo de la dictadura. A través de diferentes etapas de consolidación del poder, el gobierno de facto pretendía extender su dominio hasta el año 2000. El diagrama que lo certifica es una especie de mapa conceptual ubicado sobre una línea de tiempo. El “Proceso de Reorganización Nacional”, nombre que el gobierno militar se asignó a si mismo, fija ahí un “Plan general tentativo” que debía extenderse, como “plazo mínimo”, hasta el inicio del Siglo XXI. “El plan político tenía dos etapas: una ‘Fundacional’ y otra que ellos llamaban de la ‘Nueva República’, que terminaba en el 2000”, describe Peñafort. De acuerdo con la funcionaria, el plan incluía “una suerte de regreso a una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas y el poder económico”. Lo más grave –dice– es que  “parte de este plan se siguió ejecutando” durante los posteriores gobiernos democráticos. Las actas de la dictadura fueron halladas  en dos cajas fuertes, un armario y una estantería emplazados en un sótano del edificio Cóndor, sede central de la Fuerza Aérea. El recinto mostraba signos de abandono y humedad. El jefe de la fuerza, brigadier Mario Callejo, comunicó al ministro de Defensa, Agustín Rossi, el hallazgo hecho por personal de limpieza. No se trata de actas taquigráficas. Lo que allí se enumera es el temario discutido cada día. Hay también anexos con informes provenientes de distintas dependencias. Un equipo de 30 personas se aboca ahora a la clasificación de los documentos. El acceso a las actas ya está disponible para la Justicia y para los organismos de Derechos Humanos. En seis meses lo estará –ya digitalizado– para el público en general. Para el periodista e historiador Osvaldo Bayer el descubrimiento es fundamental. “Demuestra el propósito real de estos militares de destruir cualquier movimiento que estuviera en contra de una dictadura”, dice a Apro. “Además, habla de su falta de vuelo a la hora de gobernar. Realmente ha sido la de (Jorge) Videla la peor dictadura que hemos tenido en toda nuestra historia y una de las peores en la historia del mundo.”   Delitos económicos Se supone que las actas podrían aportar información sensible para algunos juicios que se instruyen en Argentina contra los beneficiarios civiles del terrorismo de Estado. Y es que durante la dictadura muchos empresarios fueron extorsionados y obligados a desprenderse de sus bienes. De este modo se favoreció a otros empresarios, amigos del régimen. “Está documentado todo lo que fue el plan económico y la violación de los derechos económicos de mucha gente”, dice Peñafort. Añade: “Algunos que hoy defienden el derecho de propiedad se hicieron ricos violando los derechos humanos”. La funcionaria cree que este accionar respondió a un plan sistemático que violaba la Constitución y los derechos humanos de quienes eran accionistas de las sociedades. “En término de lo que son estos delitos económicos, esta documentación va a permitir echar luz sobre cómo se construye una matriz neoliberal, que va a empobrecer la patria y va a terminar en esa experiencia espantosa que nos tocó vivir en 2001”, apunta. El asunto que mayor atención pública concita se refiere a la causa Papel Prensa. En 13 de las actas encontradas se trata el caso de esta fábrica y de quienes eran sus propietarios. El 2 de noviembre de 1976, los diarios Clarín, La Nación y La Razón se quedaron con el paquete mayoritario de la única fábrica de papel de diarios que había entonces en Argentina. Su dueño había sido David Graiver, un empresario y banquero argentino. Poseedor de una inmensa fortuna, Graiver murió en Chilpancingo, Guerrero, México, el 6 de agosto de 1976, en un accidente de avión cuyas causas nunca fueron aclaradas. Uno de los muchos negocios que tenía Graiver era administrar clandestinamente los fondos que la organización revolucionaria peronista Montoneros había obtenido de sus secuestros extorsivos. A su regreso de México, en septiembre de 1976, la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, recibió amenazas de muerte que la conminaban a vender Papel Prensa. También recibió presiones de la organización Montoneros para que les devolviera una suma millonaria que le habían confiado a su marido. La dictadura estaba decidida a quedarse con la papelera. Papaleo dice que la obligaron a vender Papel Prensa bajo amenazas y presiones, sin poder leer siquiera el documento que le dieron a firmar. La mujer recuerda que en esa reunión nocturna realizada el 2 de noviembre de 1976, en oficinas del diario La Nación, el representante de Clarín, Héctor Magnetto, le advirtió: “Firme, o le costará la vida de su hija y la suya”. La hija de Graiver y Papaleo tenía entonces dos años. El 14 de marzo de 1977, Papaleo se convirtió en una desaparecida. Pasó por centros de detención clandestinos. Fue vejada y torturada. Durante cinco años estuvo detenida ilegalmente. El 25 de agosto de 2010, Cristina Fernández de Kirchner presentó el informe Papel Prensa, la verdad, en la Casa Rosada. La presidenta describió como ilegal el traspaso de Papel Prensa a favor de los periódicos. Dijo que Clarín y La Nación se beneficiaron de la disponibilidad de papel a precio ínfimo, mientras sus competidores tenían que comprarlo a precios de mercado o en el extranjero. Fernández presentó la apropiación de Papel Prensa no sólo como delito económico, sino también como pieza fundamental de la alianza entre estos holdings de medios y la dictadura. “La Junta trataba en conjunto la transferencia de las acciones y el destino de los familiares de la familia Graiver“, dice ahora Peñafort. “El argumento de que (la venta de las acciones) era un tema entre privados ha quedado absolutamente denostado frente a esta evidencia documental”. Además, añade, “los aspectos vinculados a la operación, tales como responsabilidades emergentes o cesión de acciones, los decidía la Junta Militar”. El caso Graiver-Papel Prensa también se enmarca dentro de la guerra entre el gobierno y el poderoso multimedios Clarín. El Ministerio de Defensa ha remitido copia de las actas al juez federal Julián Ercolini, quien investiga en esta causa a los principales directivos de los diarios Clarín y La Nación, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, respectivamente.   Listas negras “Finalmente se han encontrado y publicado”, dice a Apro el periodista Osvaldo Bayer. Se refiere a las listas negras de artistas e intelectuales opuestos al régimen. “Eso demuestra toda la ignorancia y las falsedades que están en esas listas –sostiene–. Yo figuro en la lista ‘F4’. Nos calificaron como los más peligrosos, siendo que yo me dediqué siempre a la investigación histórica y jamás empleé la violencia en mi vida.” La Junta Militar definía cuatro “fórmulas” para catalogar a sus opositores en el ámbito de la cultura. Partían desde la F1, “sin antecedentes ideológicos marxistas”, y llegaban hasta la F4: “Registra antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública, no se le proporcione colaboración, sea auspiciado por el Estado, etc.”. Bayer figura como F4 en las tres listas negras encontradas en las actas. Corresponden a los años 1979 (285 nombres), 1980 (331 nombres) y 1982  (199 nombres). Las listas incluyen a escritores, periodistas, locutores, pintores, músicos, actores, directores teatrales, abogados, docentes, escultores, críticos de arte, guionistas, publicistas, escenógrafos, compositores, cineastas, dibujantes, titiriteros, médicos y psicólogos. Entre los censurados están los músicos Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa y Nacha Guevara, los cineastas Leonardo Favio y Fernando Pino Solanas, el periodista Jacobo Timerman y el actor Federico Luppi, los escritores Tomás Eloy Martínez y Julio Cortázar. Los listados alfabéticos contienen varios de los nombres más relevantes de la cultura argentina de las últimas décadas. “Yo siento en sí un orgullo de que esos militares me hayan condenado a muerte por mis libros, porque no pudieron demostrar jamás que yo estuve en la guerrilla, o que estuve en una oposición política desde el extremismo, todo lo contrario: yo siempre luché por la paz, por la igualdad y por la libertad”, dice Bayer. Entre 1972 y 1974, Bayer publicó los cuatro tomos de su libro Los vengadores de la Patagonia trágica, donde cuenta el alzamiento de peones rurales en el sur argentino en 1921, en reclamo de condiciones de trabajo dignas. Muchos latifundios pertenecían entonces a familias inglesas. La represión de la protesta corrió por cuenta del Ejército Argentino, y alrededor de mil 500 peones fueron fusilados y enterrados en fosas comunes. Al libro le siguió la película La Patagonia Rebelde, filmada por Héctor Olivera en 1974. “Cuando prohibieron el libro, en 1974, yo desafié a los historiadores militares a que nos reuniéramos en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, y que ellos trataran de demostrar si en mis cuatro tomos de La Patagonia Rebelde había alguna documentación falsa. Además, yo podía demostrar que todo era documentación fidedigna. Por supuesto, no concurrió ninguno, pero eso sí, me condenaron a muerte, me dieron 24 horas para dejar el país”, apunta Bayer. La amenaza corrió por cuenta del grupo paramilitar Alianza Anticomunista Argentina. Bayer marchó al exilio junto con su familia. Durante la dictadura, la confección de los listados estaba a cargo de la Secretaría de Información Pública (SIP), la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de representantes de las tres fuerzas militares. Hubo también otras listas negras para censurar artistas e intelectuales. El listado de canciones prohibidas solía estar a la vista en las estaciones de radio. En abril de 1982 estalló la guerra entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. De un día para el otro los medios dejaron de pasar música en inglés. Folclore, tango y rock en castellano ocuparon ese enorme espacio. Muchos artistas censurados y perseguidos recuperaron la posibilidad de difusión y la de actuar en público.   Desaparecidos Las actas revelan también la discusión interna de las Juntas frente a los conflictos externos que afrontó Argentina en ese periodo. Sobre el trato que la Junta Militar dio a la Guerra de Malvinas no se ha difundido información.  Las actas secretas revelan que la Junta abordó en 20 reuniones de 1977 y 1978 el conflicto fronterizo con Chile. Ambos países se disputaban la soberanía de tres islas en el Canal de Beagle, al sur de Tierra del Fuego. En mayo de 1977, el Reino Unido, árbitro formal de la disputa limítrofe, falló a favor de la posición chilena. “Lo que está básicamente son las distintas teorías que ensayaba la Junta para no dar cumplimiento al laudo”, aclara Peñafort. En efecto, Argentina declaró nulo el laudo arbitral en enero de 1978. En diciembre de ese año ambos países estuvieron al borde de la guerra. Las actas de la dictadura echan luz sobre la participación activa de civiles en las políticas del régimen. La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) colaboró con las Juntas Militares haciendo recomendaciones sobre las políticas económicas. La Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) reemplazó al Congreso Nacional en el dictado de decretos-leyes. Sus juristas se reunían para tal fin con los ejecutivos de las grandes empresas. Antes de dejar el poder, la Junta Militar dio a conocer el “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”. Las Fuerzas Armadas ofrecían en dicho informe una versión justificadora del terrorismo de Estado. El documento original ha sido encontrado entre las actas. El debate dentro de la Junta debido a las denuncias internacionales por los desaparecidos había comenzado mucho antes. “Una de las preguntas que se desprenden de los informes es cómo plantear lo que ellos llaman ‘los excesos’ de la guerra antisubversiva”, dice Peñafort. “Se preguntan cómo designar a los desaparecidos. En uno de los informes alguien aconseja decir que están con ‘averiguación de paradero’. Hay una negativa a ponerle un nombre a una situación que incluía la desaparición y la muerte de personas”, sostiene. “El 8 de agosto de 1979, durante la reunión que generó el Acta 106, la Junta Militar analizó junto a los representantes de la denominada CAL (Comisión de Asesoramiento Legislativo) la redacción de un decreto-ley donde se habilite la figura de ‘presunción de fallecimiento’ para los desaparecidos, que finalmente no prosperó”, consignó el diario Página 12 en su edición del pasado 5 de noviembre. Entre los documentos que se hallaron está el Libro de Correspondencia: entradas y salidas. Allí figura el registro de los pedidos que la Junta recibía a diario de los familiares de esos hombres y mujeres que las propias fuerzas armadas y de seguridad secuestraban, torturaban y asesinaban de manera secreta. “Un momento que me conmovió fue cuando encontré el registro del ingreso de las notas de Hebe de Bonafini (presidenta de las Madres de Plaza de Mayo) y de Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo)”, cuenta Peñafort. “O sea que además del dolor de haber perdido un familiar, un hijo, el valor, porque le estabas mandando el reclamo al mismísimo eje del mal, sabiendo que eso podía volverse contra tu ser. Entonces uno dice: Cuánto amor. Cuanta militancia. Cómo finalmente las cosas que hacen mejor al hombre están por encima  del terror.” La propia Hebe de Bonafini destacó la importancia del hallazgo de las actas. “Es un premio a los años de lucha y una manera de mostrar que tenemos unas nuevas Fuerzas Armadas”, dijo a la Agencia Télam el pasado 11 de noviembre. Es la primera vez que el responsable de una de las fuerzas entrega archivos secretos de la dictadura a su superior civil. Desde el Ministerio de Defensa se ha instado a los jefes de las Fuerzas Armadas a intensificar “la requisa en lugares no habituales”. Se espera encontrar otros archivos secretos. Los organismos de Derechos Humanos reclaman desde hace tres décadas el registro completo de los ciudadanos que las Juntas Militares hicieron desaparecer. El hallazgo de las actas de la dictadura alimenta la esperanza de encontrar las listas con sus nombres, las circunstancias de su desaparición y muerte, la suerte que corrieron sus cuerpos.