MÉXICO D.F. (apro).- Algunas de las principales revistas científicas del mundo se encuentran en medio de la polémica. La causa: son acusadas de servir más a propósitos políticos y comerciales que a un real interés científico. La semilla del conflicto brotó por la decisión de la revista estadunidense Food and Chemical Toxicology de retractarse de la publicación en 2012 de un artículo que expuso cómo ratas de laboratorio alimentadas con maíz genéticamente modificado, durante toda su vida desarrollaron cáncer, deficiencias hepato-renales y muerte prematura. La investigación en cuestión es Toxicidad a largo plazo de un herbicida Roundup y de maíz genéticamente modificado tolerante a Roundup, elaborado por Gilles-Eric Séralini, Emilie Clair, Robin Mesnage, Steeve Gress, Nicolas Defarge, Joël Spiroux de Vendômois, del Instituto de Biología de la francesa Universidad de Caen; Didier Hennequin, de esa misma casa de estudios, y Manuela Malatesta, de la italiana Universidad de Verona. Elena Álvarez-Buylla, presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCSS), ve “un doble estándar” y “violación de principios éticos” en la conducta de algunas publicaciones científicas. “Los editores ceden a presiones de transnacionales” y adoptan decisiones “que van en contra del interés público y de la sustentabilidad”, declara a Apro Álvarez-Buylla, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La académica defiende a Séralini y su equipo, cuyos resultados “son mejores que los de muchos artículos publicados por esa y otras revistas”. El 19 de noviembre último, A. Wallace Hayes, editor en jefe de Food and Chemical Toxicology (FCT), dirigió una carta a Séralini en la que le comunicaba el retiro del artículo en cuestión. “El editor en jefe no halló evidencia de fraude o manipulación intencional de los datos. Sin embargo, hay una razón de preocupación en relación tanto con el número de animales en cada grupo de estudio y la variedad particular elegida”, cita la misiva. Wallace Hayes concluyó que “los resultados presentados (aunque no incorrectos) no son concluyentes, y en consecuencia no alcanzan el umbral de publicación para Food and Chemical Toxicology. La revisión por pares no es perfecta, pero funciona, en una declaración bastante obtusa. Séralini ha defendido su trabajo y ya amenazó con represalias legales. El 29 de noviembre el Comité para la Investigación e Información Independiente sobre Ingeniería Genética, fundado por el experto galo, rechazó los señalamientos de la publicación. Si persiste la decisión de la retractación, “atacaríamos con abogados, incluyendo en Estados Unidos, para pedir una compensación financiera por los grandes daños contra nuestro grupo”. No es la primera medida que coloca a FTC en aguas tormentosas. A inicios de este año el comité editorial creó el puesto de editor asociado para biotecnología, para el cual nombró a Richard E. Goodman, profesor del Programa de Investigación y Recursos sobre Alergia por Alimentos de la Universidad de Nebraska. El problema es que Goodman trabajó para la transnacional estadunidense Monsanto entre 1997 y 2004, cuando evaluó la alergenicidad e inocuidad de plantas transgénicas de la compañía y publicó documentos en su nombre defendiendo esos productos. Elsevier es la empresa que publica FTC y pertenece a Reed Elsevier Group plc. Afincada en Amsterdam, publica unos 2 mil revistas científicas, técnicas y médicas, como The Lancet y Cell. En el mundo se publican más de 25 mil revistas académicas. De ese mercado, Elsevier, la casa de origen alemán Springer y la estadunidense Wiley acaparan más de 40% de todos los artículos publicados. Las dos revistas más afamadas del medio científico son la inglesa Nature y la estadunidense Science. La primera pertenece a Nature Publishing Group, división de la poderosa editorial Macmillan Publishers Limited, y la segunda, a la Asociación Estadunidense para el Avance de la Ciencia. Ambas tampoco han estado libres de escándalos. “El conocimiento se ha convertido en una mercancía. Las revistas han jugado un papel muy perverso (en ese proceso). El carácter público del conocimiento es muy importante”, denuncia ante Apro Mariana Benítez, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Las publicaciones suelen convocar a científicos a enviar papers sobre un rango de temas, pesquisas financiadas mayoritariamente por dinero público en las universidades. Pero muchas revistas son de paga, mecanismo de donde proceden sus ingresos. De esa forma, se privatiza un bien social. Si los expertos quieren difundir su trabajo en publicaciones de acceso universal, deben pagar una cuota. Luego de enviar un trabajo, la publicación convoca a otros especialistas a una revisión entre pares para que revisen la metodología y los resultados. En el caso de Séralini, FTC no ha revelado quiénes efectuaron la inspección luego de difundida la investigación. Confabulaciones desde México Disputas anteriores evidencian el doble estándar aplicado por las revistas. En diciembre de 2001 Ignacio Chapela y David Quist, profesores de la Universidad de California en Berkeley, divulgaron el artículo ADN transgénico introgresado en maíz tradicional en Nature, con lo cual probaron la contaminación de maíz nativo con grano genéticamente modificado en la Sierra de Juárez (Oaxaca), destruyendo también el mito de la industria biotecnológica de que eran productos controlables. Como Séralini y otros, ambos expertos enfrentaron la maquinaria encendida por las compañías y, finalmente, Nature se desdijo en abril de 2002 del texto aparecido en sus páginas. Empero, FTC no ha revocado la decisión de difundir el documento de 2004 Resultados de un estudio de aseguramiento de la seguridad de 13 semanas con ratas alimentadas con maíz tolerante al glifosato, elaborado por Bruce Hammond, R. Dudek, J. Lemen y M. Nemeth, empleados de Monsanto. Ese texto ha servido de base para la autorización de cultivos transgénicos en varias zonas del planeta, a pesar de que adolece de algunas de las características detectadas en el artículo de Séralini. La historia reivindicó a Chapela, un capítulo que expuso de nuevo la relación entre las corporaciones y las revistas. Luego de la aparición de ese documento, el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad decidieron producir una pesquisa para corroborar esas afirmaciones, consignando esa misión a Álvarez-Buylla y Salvador Rivera, actual director del Centro de Investigaciones Avanzadas de Irapuato. Pero tiempo después, el gobierno se separó del proyecto. En agosto de 2005 Sol Ortiz-García, del INE, Ezequiel Ezcurra, F. Acevedo, Jorge Soberón y A. A. Snow publicaron la pesquisa Ausencia de transgenes rastreables en variedades locales de maíz en Oaxaca, México (2003-2004) en la revista estadunidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), adscrita a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y en la cual rechazaron la tesis de Chapela y Quist. La editora de esa pieza fue Bárbara Schaal, de la Universidad de Washington, y vicepresidenta de la academia estadunidense. Desde abril de 2009, Schaal integra el Consejo de Ciencia y Tecnología del presidente Barack Obama. La labor de Schaal ha sido financiada por entes como Monsanto, las fundaciones Nacional de la Ciencia y McKnight y la Agencia Internacional para el Desarrollo, según una ficha del Instituto Estadunidense de Ciencias Biológicas. Su esposo es Joe Leverich, profesor de Biología de la Universidad de Saint Louis y quien ha experimentado con variedades transgénicas de arroz, uno de los negocios previstos por Monsanto. Cuando Science le pidió a Álvarez-Buylla revisar esa investigación, descubrió que era la misma en la que había colaborado, pero carente de sus propios datos, sin que hubiera tampoco retractación alguna. La académica y su equipo completaron entonces ese trabajo y trataron de publicarlo, sin éxito, en PNAS y la también estadunidense Ecological Applications, dependiente de la Sociedad Ecológica de ese país. Randy Schekman, Premio Nobel de Medicina 2013, asesoraba entonces a la Academia Nacional de Ciencias y cunde la sospecha de que influyó para que PNAS rechazara ese escrito. Finalmente, Álvarez-Buylla y sus colaboradores publicaron Presencia de transgenes en maíz mexicano: evidencia molecular y consideraciones metodológicas para la detección de organismos genéticamente modificados en Molecular Ecology, propiedad de Wiley, en noviembre de 2008. La académica denuncia la existencia de “intereses fácticos” en la academia estadunidense de ciencias. Otra muestra de doble rasero se refiere a la labor de Alejandra Bravo y su esposo Mario Soberón, hijo del ex rector Guillermo Soberón, y profesores del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, acusados de falsear imágenes sobre estudios de la bacteria Bacillus thuringiensis (BT), esencial para la generación de proteína en el maíz transgénico, en al menos 11 artículos divulgados en revistas científicas. Inicialmente, ambos fueron sancionados a finales de 2012 por un comité interno del IBt y otro externo, incluyendo las renuncias a sus cargos, pero la Defensoría de los Derechos Universitarios dictaminó en septiembre último el levantamiento de las penas por irregularidades en el proceso abierto contra Bravo y Soberón, quienes han defendido la tecnología transgénica. De los 11 documentos revisados, al menos tres ya han sido corregidos, el más reciente de un artículo difundido en enero de 2010 en la revista Insect Biochemistry and Molecular Biology, publicada por Elsevier. Previamente, enmendaron un texto aparecido en 2007 en Journal of Biological Chemistry, de la Sociedad Estadunidense de Bioquímica y Biología Molecular. Otros cuatro están en vías de corregidos. En Estados Unidos está tipificada la conducta científica inapropiada, en relación con malas prácticas o falseos investigativos, pero en México está ausente. Por eso, la UCSS se enfocará en la ética científica en 2014. A raíz del affaire Bravo-Soberón, la UNAM también elaborará códigos de conducta. A los investigadores “se les exige transparencia y apertura de datos, pero a las empresas se les respeta el secreto comercial”, señaló Benítez, en relación con el artículo de Hammond de 2004.