ROSARIO (apro).- Una larga fila de personas ocupa el pasillo que va desde la calle hasta la cocina del Centro Comunitario San Cayetano. Los vecinos esperan su turno con un recipiente plástico vacío en la mano. El sol del mediodía cae a plomo sobre Ludueña, un barrio pobre de la ciudad argentina de Rosario. Cuatro vecinas sirven y entregan las 400 raciones que han cocinado esta mañana. Hoy el menú incluye arroz con estofado, algo de pan y medio huevo por persona. Mercedes Delgado participó en este proyecto de autogestión barrial durante 20 años. Cocinaba y daba catequesis. A las siete de la tarde del 8 de enero oyó tiros que venían de la calle. Corrió a buscar al menor de sus seis hijos. Ya el día anterior se habían registrado balaceras entre los “soldados” de dos bandas de narcotraficantes que luchan por el control del barrio. También Claudia, compañera de Mercedes en el comedor comunitario, salió desesperada en busca de su hijo al oír los tiros. Alcanzó a ver que los niños de una y otra habían encontrado refugio. “Veo a Mercedes doblando la esquina”, cuenta a Apro. “A todo esto, ya estaban los tiros. Pero hubo un momento en que se calmó”, recuerda Claudia. “De golpe, vuelven los tiros, y veo a mi hijo de 29 años que venía hacia mi casa. Desde el patio mi hija le grita que corra. Y yo, a Mercedes: ‘Dale, Mercedes, corré, metete adentro’”. Claudia dice que en la cara de Mercedes se dibujó una sonrisa. “Pero los disparos… ¡Pa! ¡Pa!.. –revive con tristeza contenida–. ¡Ay!, dijo Mercedes. El mismo impacto la hizo girar y cayó al suelo.” Mercedes Delgado recibió en la espalda dos tiros de calibre 11.25. Murió en el Hospital Centenario horas más tarde. Tenía 50 años. El accionar violento de las bandas de sicarios en los barrios pobres de Rosario ocupa desde hace meses las portadas de los diarios. La disputa en torno a las responsabilidades enfrenta al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner con el de la provincia de Santa Fe, donde se encuentra Rosario, gobernadas ambas por el Partido Socialista. En octubre último fue detenido el jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Tognoli, acusado de connivencia con el negocio. El 4 de febrero, el gobernador Antonio Bonfatti removió la cúpula de la policía. Las balaceras y ajustes de cuentas entre bandas se han convertido en los últimos años en moneda corriente. Algunos de los “soldados” del narco involucrados en la balacera que acabó con la vida de Mercedes Delgado –explica su compañera Claudia– comieron durante años la comida que allí se prepara. El poder de fuego de las bandas del narco equipara al de la policía. Sus “soldados” usan armas de guerra. También Mirta compartió con Mercedes Delgado 20 años de trabajo en el centro comunitario. Católica militante, Mirta no se deja doblegar por el miedo que se ha apoderado del barrio. “Lamentablemente la policía libera zonas porque vienen a buscar plata de los búnkers”, dice a Apro. “Llevan a chicos inocentes y los que son realmente culpables quedan siempre sueltos”, sostiene. Mirta cree que la legalización de algunas drogas quebraría el negocio de los narcos y la consiguiente violencia. El miedo en el barrio es muy grande. Muchas madres son aquí el sostén de la familia. “Antes había presión y amenazas del narco sobre las madres para ir incorporando al hijo mayor como correo, o ‘soldado’, o con alguna tarea, quizá de distribución, llevar un paquete”, explica a Apro Gustavo Martínez, secretario general del sindicato de empleados del Estado ATE. “Esta presión se ejercía poco después de alguna ejecución, o una balacera, o una demostración de poder de fuego y de crueldad, de lo que están dispuestos a hacer”, cuenta este politólogo con una larga historia de militancia barrial. “En los últimos tiempos, nos dicen: ‘Están locos, ahora los narcos quieren a todos los pibes’.” Los “búnkers” Los ‘búnkers’ o quioscos son los puntos de distribución y venta en las villas y los barrios pobres. Funcionan en casas precarias o son construidos, de la noche a la mañana, como cubículos de ladrillo, poco más grandes que una cabina telefónica, con una pequeña mirilla para hacer las operaciones. En Rosario funcionan en la actualidad entre 150 y 200 de ellos. El chico que entrega y cobra la droga pasa 10 o 12 horas encerrado, con una botella de agua y otra para orinar. “Los que colocan en una esquina o en un lugar de la calle un lugar para vender droga, los llamados quioscos o búnkers, ponen chicos menores de 16 años para que después no queden presos”, explica a Apro Carlos del Frade, uno de los periodistas más reconocidos de la ciudad. “Son protegidos por gente de la propia banda, y también por la policía, que arregla con ese búnker que le pasa una equis cantidad de plata por semana para que no los moleste otra banda que quiere tener el mismo territorio para vender droga”, sostiene el comunicador. “Esto a veces genera un conflicto entre bandas, que son los llamados ajustes de cuentas, en donde se disputan el lugar para vender droga y se disputan la protección policial. Por eso la policía por ahí se corre para que se maten entre ellos y cotizar aún más alto la protección”, explica. La desigualdad social alcanza en Rosario niveles extremos. En el centro, de cara al río Paraná, crecen rascacielos exclusivos y hoteles de lujo. Pero no bien se deja atrás la zona elegante de la ciudad, brotan como hongos, en medio del tejido urbano, islotes de extrema pobreza: las villas miseria. Según datos oficiales, en 2012 el índice de los homicidios dolosos en Rosario experimentó un aumento de 15% respecto de 2011, situándose muy por encima de la media argentina. 155 de estos 183 homicidios tienen relación con la violencia del narco. Los vecinos de diferentes barrios, a falta de respuesta del Estado, han comenzado a destruir y quemar quioscos de drogas, exponiéndose a las balas de las bandas. “Cuando los vecinos tiran abajo un búnker, tanto la policía como la gente del gobierno de la provincia miran para otro lado: el problema es que mañana se levanta otro quiosco a dos o tres metros de distancia”, opina Carlos del Frade. “Porque justamente lo grueso del narcotráfico no pasa por la última cadena de comercialización, que es la venta al menudeo, sino por lo que significa la inversión y la recaudación del dinero grueso de la droga que no está en los barrios, sino que está en el centro de la ciudad de Rosario “, sostiene el periodista. “Ahí están los verdaderos búnkers –dice–. El corazón del narcotráfico es el lavado de dinero, es la circulación de dinero, y eso es lo que debería ser atacado y no está siendo atacado.” Mono El asesinato más notorio provocado por la violencia del narco se produjo en la madrugada del 1 de enero de 2012. Esa noche fueron ejecutados Adrián Rodríguez, Jeremías Trasante y Claudio Suárez. Los tres militaban en la agrupación Frente Popular Darío Santillán. Se proponían cambiar las condiciones de vida en Villa Moreno: hacinamiento, viviendas de madera y lámina, falta de agua, basurales. Fueron confundidos con “soldados” de otra banda. Lita Gómez es la madre de Claudio Suárez, a quien todos conocían como Mono. Después de los brindis, Mono, Adrián y Jeremías fueron a la cancha de futbol del barrio. Habían quedado en encontrarse allí con unas amigas para salir a festejar el Año Nuevo. Pasadas las tres de la mañana, en el barrio todavía se oían cohetes y balazos al aire. Cuando a Lita Gómez le avisaron que su hijo había sido herido, pensó que habría recibido un tiro en la pierna. En la cancha se encontró con los tres jóvenes moribundos. Cada uno había recibido al menos ocho tiros de ametralladora FMK3. “Estaba la policía ahí pero no hacía nada”, cuenta Lita Gómez a Apro. “No venía la ambulancia, así es que nosotros alzamos a Mono, que estaba solito ahí entre los yuyales y el agua podrida, todo bañado en sangre, lo subimos al asiento de atrás del auto y lo llevamos al hospital”. En el camino el muchacho se quejaba, decía que no daba más. “Respira, gordo”, le gritaba la madre: “No nos vas a dejar solos”, le decía, ya que meses antes había perdido a su otro hijo a causa de una muerte súbita. “Llegamos al hospital y abro la puerta para ayudar a bajarlo”, cuenta Lita Gómez, con lágrimas en los ojos. “Me dice ‘Mami, ayúdame a respirar, por favor’. Entonces me abraza, levanta la manito y me baja la cabeza, para que yo lo ayude a respirar –cuenta–. Pero él ya estaba todo frío, tenía los labios morados. Y yo le hice respiración, pero cuando lo sacaron por el otro lado, ya no pude hacerlo respirar más”, solloza. El periodista Carlos del Frade formó parte de la comisión independiente que investigó el caso. “Son asesinados por una banda vinculada al narcotráfico, comandada por un hombre que se hace llamar El Quemado Rodríguez, cabeza visible de una banda que se llama Los Quemados”, explica. “La policía --la comisaría 19-- le da seguridad para los búnkers, acceso a automóviles, a motos y también a armas”, explica Del Frade. “Esto es lo que se ha comprobado, a través de las escuchas telefónicas que surgen de la causa –dice-- y lo que debe tener una respuesta política para descabezar tanta corrupción policial, que hace que hablemos hoy en Rosario de ‘narcopolicía’.” El 5 de febrero, la banda en cuestión perdió a Maximiliano El Quemadito Rodríguez, hijo de Sergio El Quemado Rodríguez. El joven, de 25 años, fue ejecutado a plena luz del día en una esquina céntrica de Rosario. El disparo de bala calibre 9 mm, efectuado a corta distancia, le perforó la cabeza. Consumo El pelo cano puebla las sienes de Horacio Tabares, el especialista en consumo de drogas más reconocido de la ciudad. Psicoanalista y psicólogo social, Tabares sostiene que la sociedad argentina está viviendo una etapa de “consumo salvaje”. Esto ocurre, a su juicio, porque confluyen la sobreoferta de sustancias, un sector vulnerable --proclive a resolver las situaciones de angustia a través del consumo-- y un entramado cultural narcisista y hedonista. Tabares dirige la ONG Vínculo. “En las zonas de alta complejidad nosotros venimos registrando que hay un sector de adolescentes y jóvenes –esto es, la escoria de la sociedad de mercado– que toman como modelos a los dealers, los distribuidores, porque se presentan con vehículos de alta gama, mostrando una vida rumbosa, con dinero fácil, lo distribuyen”, dice a Apro. “Esta organización ‘narcocriminal’ les ofrece algo que la sociedad no les ofrece a estos jóvenes: una identidad”, puntualiza. “Estos que no son nadie, que son los excluidos del sistema, que son los que tienen que realizar las actividades más denigradas, de golpe se encuentran con que el narco les ofrece un lugar” --¿Y cuál es el precio? –se le pregunta. --El precio es una corta expectativa de vida --resume Tabares. La violencia en los barrios periféricos ha sido usada por parte de la prensa para estigmatizar aún más a los sectores más pobres. El gran consumo, sin embargo, se da entre las clases alta y media. Las estadísticas confirman esta aseveración. El consumo de cocaína entre estudiantes de secundaria de la provincia de Santa Fe, donde se encuentra Rosario, pasó en diez años de 0.1 a 2.7% y el de mariguana creció diez veces. Los datos surgen de una encuesta de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), organismo oficial encargado de generar información estadística sobre el consumo de sustancias, divulgada el pasado 20 de enero. Sombras En las villas suelen instalarse la así denominadas ‘cocinas’ de producción de cocaína. Su residuo, el ‘paco’, se destina a los consumidores pobres. Se necesita sin embargo de una gran logística para proveer estas “cocinas” de pasta base –que viene de Bolivia o de Perú– y de precursores químicos. “Quienes más se benefician de esto y dirigen estas operaciones no están macerando las hojas de coca en algún lejano punto de la cordillera peruana”, razona Horacio Tabares. “Estos están sentados en los grandes centros financieros, trabajando ese dinero en la bolsa, ingresándolo en circuitos legales, con un ejército de profesionales, de abogados, contadores, etcétera. Estos son los que hasta ahora no han caído ni parece que vayan a caer.” Las bandas también compiten por el territorio con las organizaciones sociales. A la hora de captar adolescentes la política es agresiva: “Llegan con una caja: ‘Acá tenés un arma, acá un celular, las llaves de la moto, acá tenés plata”, cuenta Gustavo Martínez. “Eso es mucho para un pibe al que la sociedad le dice que no tiene futuro. Las organizaciones que trabajan en los barrios se preguntan ¿qué tenemos nosotros para contraponer a esto? Hay una sensación de impotencia.” La disputa ya ha provocado incidentes graves. El 10 de enero último, Carlos Ferreyra, Ariel Ferreyra y Gastón Arregui fueron baleados en el noroeste de Rosario. Los tres jóvenes pertenecen al Movimiento Evita, la organización social más grande de Argentina. Gerardo Rico es diputado provincial por el Frente para la Victoria, el partido de la presidenta Cristina Kirchner. Es además miembro de la conducción nacional del Movimiento Evita. “El problema del narco no es únicamente de venta de droga, sino que tiene que ver con un control territorial. Y a su vez con contención social, que es una cosa nueva”, dice a Apro. “¿A un vecino le faltan unas láminas?: el narcotráfico se las regala. ¿No tiene agua?, entonces le pone la canilla (grifo). Esto quiere decir que hay un terreno en disputa. ¿Por qué? Porque el Estado no está. Entonces, en la última barrera de contención están los narcotraficantes y las organizaciones sociales”. De pelo rubio que se ha vuelto blanco, Gerardo Rico tiene 59 años, 7 de los cuales pasó en el exilio durante la última dictadura. En su despacho de la Cámara de Diputados pueden verse las fotos de sus dos hijos y la de Eva Perón. Gerardo Rico asume que el problema del narcotráfico –un delito federal-- debe ser resuelto por el Estado Nacional, el Estado provincial y la ciudadanía en su conjunto. Desde su bloque surgieron las denuncias contra el exjefe de la policía de la provincia de Santa Fe, comisario Hugo Tognoli, detenido el 21 de octubre pasado, acusado de connivencia con el narcotráfico. Y contra su sucesor, comisario Cristian Sola, removido de su cargo el 4 de febrero anterior. La diferencia entre Santa Fe y el resto de Argentina es, a su juicio, que “acá la cúpula de la policía es parte del narcotráfico. Porque en la policía siempre hay una parte corrupta, que no hace las cosas bien”, sostiene. “Pero acá es la primera vez en la vida que la conducción de la policía es parte de lo que nosotros sí definimos como la connivencia absoluta.” Tanto el gobernador de la provincia de la Provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, como la alcaldesa de Rosario, Mónica Fein, pertenecen al Partido Socialista. Su líder, Hermes Binner, ocupó el segundo puesto en las elecciones presidenciales de 2011, detrás de Cristina Kirchner. Su candidatura a la presidencia en 2015 puede darse por descontada. El socialismo cree ver detrás de las denuncias por narcotráfico en Santa Fe la “mano negra” del gobierno nacional. Sostiene que la droga ingresa a la provincia por las fronteras que son controladas por fuerzas de seguridad bajo la órbita del gobierno federal. Presionado por la opinión pública, el gobernador Bonfatti cambió dos veces la conducción policial en los últimos tres meses. Ha sugerido incluso abrir el debate sobre la despenalización de drogas blandas. El periodista Carlos del Frade se aparta de la pirotecnia que envuelve la disputa entre el gobierno nacional y el de la provincia de Santa Fe. “Si hay una narcoprovincia es porque estamos en un país narco”, sostiene. “Yo creo que estamos en un país narco. Y acá hay una gran complicidad del gobierno nacional de no controlar las fronteras –dice--. Entonces eso después despierta, con sus distintas particularidades, en cada una de las provincias. Rosario está siendo muy afectada porque tiene particularidades sociales de profunda desigualdad. Pero insisto: no hay provincia con narcotráfico sino país con narcotráfico.”