LONDRES (apro).- La graduada universitaria Cait Reilly, de 24 años, logró hacer historia en Gran Bretaña: fue la primera joven en demandar al Estado británico y ganarle en los tribunales por un programa de reinserción laboral del gobierno, que obliga a trabajar sin remuneración. La joven de Birmingham (centro de Inglaterra) denunció que en noviembre de 2011 la obligaron a trabajar de forma gratuita por dos semanas en una tienda Poundland de esa ciudad, una cadena donde los productos raramente superan el precio de una libra esterlina (cerca de dos dólares), violándose las leyes que prohíben la esclavitud y el trabajo forzoso. Inicialmente el Alto Tribunal le dio la razón al gobierno, pero el pasado 12 de febrero la Corte de Apelaciones de Londres terminó dándole la victoria a la joven. El caso tuvo tamaña repercusión en el país que el propio ministro de Trabajo y Pensiones, el conservador Iain Duncan Smith, declaró en una ponencia en el Parlamento que Reilly es en realidad una "job snob" (esnob del trabajo). La joven, graduada de la Universidad de Birmingham en 2010 en Geología, trabaja actualmente como cajera en la tienda de supermercados Morrisons, luego de meses de tener que cobrar el seguro de desempleo. "Detestaba estar en la lista de desempleados y cobrar el seguro de desempleo", le dijo la universitaria al periódico The Guardian, entrevista que le dio fuerzas para demandar al Estado británico y ganarle en los tribunales británicos. Reilly, quien dijo ser muy sencilla y humilde, decidió llevar su caso a los tribunales del país debido a que el Centro de Desempleados le dijo que no podía seguir realizando la experiencia laboral en su museo local, el Pen Room, dedicado a la historia de la escritura y los bolígrafos. En cambio, fue informada que debía realizar un trabajo sin remuneración en Poundland. "Mi primera reacción fue de mucho abatimiento porque amaba ir al museo. Ellos en el museo dependían bastante de mí y yo de ellos por la experiencia. Y luego sentí mucha frustración porque no tenía ningún sentido lo que me estaban diciendo del Centro de Desempleados", agregó. Los empleados del Jobcentre, según Reilly, "sabían que estaba obteniendo experiencia laboral adecuada, pero dijeron: 'Tienes que cambiar, no tienes otra opción. Es obligatorio'". Después de que fue entrevistada por The Guardian, los abogados Tessa Gregory y Jim Duffy, del bufete Public Interest Lawyers, ofrecieron representarla gratis en la corte, basándose en la Ley de Derechos Humanos del Reino Unido, que prohíbe el trabajo esclavo. Según Duffy, lo ocurrido a Really contravenía el artículo 4, inciso 2 de la Ley de Derechos Humanos, que indica: ‘Nadie debe ser requerido para realizar trabajos forzados o de forma obligada’. “Este gobierno ha creado, sin la autoridad del Parlamento, una serie de complejos esquemas que le permiten a los Centros de Desempleo forzar a personas a realizar trabajo gratuito y fútil por semanas o hasta meses”, indicó el jurista. “No tenemos problemas con los planes del gobierno que aumentan las oportunidades de que los jóvenes encuentren empleo, esa es la clave para combatir la actual crisis económica, pero estos planes han demostrado en otros países que sólo aumentan el ciclo del desempleo y la pobreza”, agregó. De acuerdo connel abogado, a Really “no se le dijo desde el principio que tendría que trabajar gratis (…) Se le impidió que siguiera con su experiencia laboral muy útil para su carrera y en cambio se le obligó a reponer góndolas de un supermercado”. Sostuvo, pues, que a Really como a otras personas no se les informó adecuadamente acerca de qué derechos tenían y qué podían hacer en esas circunstancias. De hecho, a pesar de haber sido amenazada con sanciones (como perder el seguro de desempleo, unas 53.45 libras semanales u 83 dólares), su labor en Poundland no era obligatoria. Pero nadie parecía conocer las reglas, ni siquiera existían en los documentos públicos. "Esto demuestra cuán ridículas son estas regulaciones y cuán difíciles son de entender. Ya sea las personas que son sometidas a estas reglas, como las que deben hacerlas cumplir, nadie puede interpretarlas apropiadamente. Toda la situación es realmente frustrante", dijo la joven al diario. “Workfair” La batalla legal de Reilly contra el llamado programa "workfare" (tarifa de trabajo) del Ministerio de Trabajo y Pensión británico fue titular de los principales diarios del país en enero de 2012, justo en medio de fuertes críticas públicas lanzadas por grandes compañías como la cadena de librerías Waterstones y de indumentaria TK Maxx contra dicho programa. A medida que más empresas se negaban a sumarse al programa de experiencia laboral del gobierno, temiendo ser acusadas de explotación de desempleados y de trabajo forzado, Really se convirtió en la antorcha que iluminó un debate sobre las clases más desprotegidas y aquellos sin empleo. La graduada británica, que no es afiliada a ningún partido político y que tuvo que enfrentar críticas personales de ministros y políticos oficialistas, admitió haber tenido que mantener la calma para seguir con su demanda judicial. "Estaba enfurecida. Nosotros somos las personas que ellos deberían estar protegiendo. Dependemos de ellos para que el sistema nos ayude a salir de la dependencia (a los subsidios). No quería seguir cobrando el seguro de desempleo, sólo quería conseguir un trabajo lo antes posible", sostuvo la inglesa. Su campaña la convirtió de la noche a la mañana en una celebridad, con miles de británicos que comenzaron a escribirle agradeciéndole por su lucha y apoyándola en su batalla. "Era más fácil quedarme callada y seguir enfurecida, pero me di cuenta que causaría más problemas si hablaba", continuó. Tras haber ganado la demanda judicial, el gobierno confirmó que apelará la decisión al considerar que su programa “workfair” ayudará a reducir el índice de desempleo en Gran Bretaña y la dependencia de jóvenes al sistema de subsidios públicos. Dicho programa tiene como objetivo ayudar a unos 250 mil jóvenes en un período de dos años a partir de entrenamiento y experiencia laboral sin pago alguno en los sectores público, privado y de voluntariado. Las últimas cifras oficiales indican que en el Reino Unido hay más de un millón de jóvenes que no tienen empleo ni educación o entrenamiento en oficio alguno. El índice de desempleo juvenil para aquellos de entre 16 a 24 años es de 20.5%, sin cambio comparado con el trimestre previo, y 1.7% menor comparado con 2011. El ministro de Empleo, el conservador Mark Hoban, sostuvo a la radio 4 de la BBC, el pasado martes 12, que a pesar de la demanda “es muy importante darle a los jóvenes oportunidades para que encuentren trabajo y dicho plan ayudaba a ello”. “Es ridículo decir que se trata de trabajo forzado”, se defendió el funcionario. “De todas formas, estamos decepcionados y sorprendidos por la decisión de la corte. Tiene que haber flexibilidad, para darle a los jóvenes la ayuda que precisan y consigan un empleo”, continuó. Un número de sindicalistas y activistas por los derechos de los trabajadores exhortaron al primer ministro, David Cameron, a abandonar por completo dichos planes que obligan a los jóvenes a trabajar gratis para seguir cobrando su seguro de desempleo. Nicola Smith, delegada sindical del poderoso Congreso de Sindicatos británicos (TUC), sostuvo que la corte permite revaluar los programas laborales para desempleados. Tom Walker, abogado laboral del bufete Manches, consideró que el dictamen "defiende el principio clave del empleo, que debe ser recompensado”. "Si alguien trabaja para una compañía, debe ser pagado por ello. Más allá de las buenas intenciones, es muy peligroso introducir planes de trabajo sin pago en el mercado laboral del Reino Unido", aseveró a la BBC News el día de la decisión judicial. Para Reilly, como para tantos otros miles de jóvenes británicos, la victoria en los tribunales podría permitir un cambio dentro de los planes para insertar a los jóvenes en el trabajo, quienes cada vez más están haciendo frente a la profunda crisis económica que afecta a toda Europa.