MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano José de Jesús Orozco Henríquez, y la responsable de la Relatoría de Libertad de Expresión, Catalina Botero, advirtieron que el organismo se encuentra en una crítica situación financiera que pone en riesgo su supervivencia. En una conferencia de prensa en Internet y en vísperas de la Asamblea Extraordinaria del Consejo General de la OEA, el mexicano Orozco Henríquez advirtió que si los 35 países que conforman la OEA no aumentan sus aportaciones la CIDH será prácticamente “estrangulada financieramente”. Botero fue más lejos todavía al manifestar que la CIDH podría desaparecer si prevalece la propuesta de prohibir al organismo allegarse de fondos externos. Los integrantes de la CIDH ofrecieron la rueda de prensa para dar por concluido su proceso de reforma, luego de entregar al consejo general del organismo hemisférico sus propuestas de modificaciones al reglamento interno. La reforma al organismo, que ha sido vista como un intento de algunos países de América Latina para debilitarlo, arrancó en 2011 y culminó el pasado viernes 8, en una reunión de los comisionados con representantes de los 35 Estados participantes. De acuerdo con Orozco Hernández, en dicho encuentro “hubo un reconocimiento al trabajo que ha hecho el organismo a favor de los derechos humanos de los habitantes del continente”. En la conferencia de prensa transmitida por internet, los comisionados dejaron en claro que su mayor preocupación radica en el financiamiento de los Estados, que –admitieron– sólo cubre 55% de las necesidades de la CIDH, mientras que el resto es solventado con fondos de organizaciones internacionales y de naciones que deciden hacer donaciones extraordinarias. Según el último informe financiero, en 2012 la CIDH contó con un financiamiento de 8.8 millones de dólares, de los cuales 4.8 millones corresponden a fondos de la OEA, provenientes de cuotas entregadas por los Estados miembros. El resto, 3.8 millones de dólares, llega a través de donaciones de países miembros, de naciones de la Unión Europea con carácter de Observadores Permanentes y de otras instituciones y organismos internacionales. La Relatoría de Libertad de Expresión funciona con fondos externos a los proporcionados por la OEA, reconoció Catalina Botero, quien aseguró que si en la Asamblea Extraordinaria se aprueba la moción de algunos de los detractores de esa oficina para que la CIDH no se allegue de recursos foráneos, “hay que cerrarla”. Explicó que 90% de los proyectos impulsados por la Relatoría de Libertad de Expresión son financiados con recursos de donaciones o licitaciones de organismos e instituciones internacionales, “mismas que no emiten un cheque en blanco”, por lo que “si a la Relatoría de Libertad de Expresión no le permiten acceder a estas fuentes de financiamiento hay que cerrarla”, insistió. En su momento, mandatarios como Rafael Correa, de Ecuador, y el venezolano Hugo Chávez, fallecido el pasado martes 5, acusaron a la Relatoría de Libertad de Expresión de seguir lineamientos de Estados Unidos –que aporta 34% de las donaciones extraordinarias– y de países de la Unión Europea, para cuestionar los regímenes de las dos naciones sudamericanas. Incluso ese fue uno de los argumentos para que Venezuela se retirara de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los comisionados señalaron que si no se incrementa el financiamiento, eso acotará la capacidad de la CIDH para atender denuncias de los habitantes del continente, en momentos en que buena parte de los países sufren estragos causados por la operación de cárteles del narcotráfico y delincuencia organizada. Al respecto, Rodrigo Escobar Gil, relator especial para México, resaltó que la violencia y la corrupción son los efectos más graves de la actuación de las organizaciones criminales, sobre todo las dedicadas al narcotráfico, violencia que ha derivado en “graves violaciones a los derechos humanos no sólo en México, sino en distintos países de Centroamérica y en general en Latinoamérica”. Escobar advirtió que si los Estados miembros de la OEA no investigan ni sancionan a los responsables de la violencia, “todas esas denuncias (por la omisión de los Estados) van a venir a la CIDH, quien finalmente tendrá la última palabra y tomará las medidas para erradicar la impunidad en la región. Por eso –dijo– se necesitan más recursos y el fortalecimiento financiero de la Comisión”. Por su parte, Catalina Botero puntualizó que el gremio de los periodistas es uno de los sectores más afectados por el crimen organizado, en especial aquellos comunicadores “más alejados, los periodistas regionales que tienen la tarea de reportar lo que pasa con el crimen organizado, la corrupción y la cooptación de instituciones débiles o incluso los abusos de derechos humanos que se comenten en la lucha contra el crimen organizado”. Luego de referir que su relatoría elabora un informe sobre prevención, protección y lucha contra la impunidad de los periodistas en riesgo, la colombiana insistió en que “la prensa merece una protección especial, y los Estados tienen la obligación de impedir y prevenir esas violaciones, tienen la obligación de proteger a los y las periodistas en riesgo, y tienen la obligación de luchar contra la impunidad”. Rosa María Ortiz y Felipe González añadieron que otros sectores vulnerables son los niños, adolescentes y migrantes. Los relatores especiales de esas dos áreas señalaron que ya realizan informes especiales sobre el reclutamiento de menores de edad por parte de cárteles del narcotráfico y en torno de los abusos que sufren los migrantes centroamericano en su cruce por México rumbo a Estados Unidos. En la conferencia de prensa participaron también las comisionadas Tracy Robinson, Dinah Shelton y Rose Marie Belle Antoine, así como Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo, y Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta.