MADRID (apro).- El Partido Popular (PP) demandó este miércoles a la empresa editora del diario español El País y al “autor” de los llamados “papeles secretos de Bárcenas” difundidos por el periódico, y que atribuye al extesorero de dicho partido, Luis Bárcenas, donde se destapó una ilegal “contabilidad paralela” de los principales dirigentes populares. Los delitos por los que se acusa al diario que preside Juan Luis Cebrián son: vulneración del derecho al honor y daño en la imagen y el prestigio de los demandantes. A esta única demanda del PP se sumaron varios pesos pesados del partido, entre ellos los exvicepresidentes Rodrigo Rato (exgerente general del FMI), Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas. La demanda dejó al margen al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, cuya figura el PP trata de alejar de esta polémica, pese a ser uno de los beneficiarios de varios cientos de miles de euros de “dinero negro” producto de donaciones de empresas privadas, según El País. El partido tardó más de un mes en formular la demanda, desde el momento en que anunció que procedería contra los responsables de hacer públicas las páginas de un cuaderno donde Bárcenas hizo sus apuntes durante años sobre las donaciones que supuestamente recibió de los empresarios Juan Miguel Villar Mir, de OHL; Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr Vallehermoso; de FCC y de Mercadona, entre otras, dinero que sirvió pagar en sobres sumas de dinero a sus dirigentes. En este nuevo capítulo del escándalo por los “papeles secretos de Bárcenas”, el PP no ha querido mencionar en forma directa al extesorero, sabedores de que posee todos los secretos del financiamiento del Partido Popular. De hecho, en la demanda los abogados del PP resolvieron el dilema de no dar por hecho que el extesorero era el responsable de entregar los documentos al diario, al plantear la acusación contra “el autor de los falsos papeles publicados que, según dicho medio de comunicación, es Luis Bárcenas, aunque él lo haya negado públicamente y ante la Fiscalía Anticorrupción”. En la demanda tampoco se cita por su nombre al abogado Jorge Trías, exdiputado del PP y amigo de Bárcenas, quien dio por hecho en El País que el PP se financió de forma ilegal y manejó dinero negro en sobresueldos. Lo que dicen es que encausarán su demanda contra “la persona o personas que hayan entregado al diario El País los falsos documentos, cuya identidad se desconoce actualmente”. Centra, eso sí, en el matutino español, la mayor carga de la culpa por “la difusión premeditada e irresponsable, inexplicable de un medio de comunicación, de documentos (presumiblemente prefabricados ad hoc) cuya autenticidad, veracidad y autoría no se ha contrastado, ni de otro modo consta a quien los difunde, y pone evidentemente de manifiesto el criticable e inexistente rigor profesional y mala praxis de lo que hace”. Cualquier información o documento que ponga en duda la existencia de “una única contabilidad en el PP”, debemos “reputarla como radicalmente falsa, temeraria y tendenciosa”, dicen, y alegan que ven en esa información “la clara intención de dañar la imagen y buena reputación del PP y de sus dirigentes y empleados”. El PP pide como indemnización de daños y perjuicios, que incluye el daño moral, el importe de 500 mil euros, que serían destinados a organizaciones de carácter social. Lo que no incluye la demanda son las acciones legales que el martes 5 presentó Bárcenas en contra del PP por “maltrato laboral”, según publica El Mundo.es La demanda presentada en la Dirección General de Trabajo de Madrid alega como “un atentado a su intimidad como trabajador” que directivos del partido dispusieran forzar la entrada al despacho de Bárcenas en la sede del partido, en la calle Génova de la capital española. Una semana antes, Bárcenas presentó una denuncia en la comisaría de policía contra el PP y el abogado Alberto Durán por el “robo de dos ordenadores (computadoras) portátiles y por forzar la puerta del despacho” que tenía asignado. Después de esa denuncia, agentes policiales y peritos acudieron a la sede del PP para tomar huellas y hacer un registro, pero les fue impedido el paso y no pudieron concretar ninguna diligencia.