México reprime sindicalización de trabajadores migratorios... en Canadá

viernes, 12 de abril de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- México enfrenta acusaciones de bloquear la sindicalización de trabajadores agrícolas temporales y de discriminar a quienes se afilian a los gremios en Canadá. Desde 2011 la Sección 1518 de la United Food and Comercial Workers Union (UFCWU) se ha enfrentado legalmente a varias empresas y al gobierno mexicano por la situación de esa fuerza de trabajo. El más reciente episodio data del 22 de marzo pasado, cuando la UFCWU presentó una demanda ante la Suprema Corte de Columbia Británica en contra del Consejo de Relaciones Laborales (LRB, por sus siglas en inglés) de esa provincia, y en contra también de México y su consulado general en Vancouver. En el expediente S-132099, consultado por Apro, el sindicato, que aglutina a unos 26 mil trabajadores de ramos como la industria alimentaria, farmacéutica, atención a la salud y agrícola, argumenta que México no goza de inmunidad de quejas de prácticas laborales injustas por interferir con los derechos constitucionales de los inmigrantes. “México, el consulado y Sidhu & Sons han conspirado para alterar el complemento laboral de la unidad de negociación de la Unión, que impide conocer los verdaderos deseos de los trabajadores”, cita el documento de 13 páginas. Se trata de un caso duradero, pues el 25 de julio de 2008 la UFCWU pidió la acreditación de una unidad descrita como empleados dentro del Programa de Trabajadores Temporales Agrícolas en la empresa Sidhu & Sons Nursery Ltd., que en ese entonces tenía 134 trabajadores en un vivero y el cultivo de arándano, y de los cuales 73 eran temporales. El 14 de octubre el Consejo rechazó en su orden B159/2008 la petición con el argumento de que no podía aplicar a la negociación colectiva. Por ello, el sindicato apeló y el 26 de marzo de 2009 el LRB revirtió el fallo en su decisión B63/2009 y ordenó al panel original reconsiderar los méritos de la aplicación inicial para representar a los realizadores del programa. El 9 de febrero de 2010 el panel original resolvió que la Unión podía representar a los trabajadores. Por ello, “el peticionario tiene la agencia exclusiva de negociación para representar a los trabajadores respecto a la representación colectiva ante su empleador sobre los términos y condiciones del empleo”, según el texto legal. En 2010 el sindicato presentó una queja contra Sidhu & Sons y el 3 de noviembre de ese año el Consejo emitió una orden que impuso a las partes un acuerdo colectivo. El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), instaurado en 1974 entre México y Canadá, es un acuerdo comercial estándar que involucra la oferta de mano de obra. Cuando hay escasez de ella en Canadá, el acuerdo es un contrato de servicios laborales. Previamente a que los trabajadores lleguen al país de la hoja de maple, debe haber una encuesta laboral para demostrar que un empleador no puede contratar a un canadiense para esa vacante. “Hay cooptación y represión a los trabajadores que buscan defender sus derechos. El consulado hace listas negras y el trabajador es castigado sacándolo del programa por uno o dos años o para siempre. Y no hay un mecanismos de apelación para las listas negras, es una de las grandes fallas del programa”, declaró a Apro Adriana Paz, activista de la organización Justicia para los Trabajadores Migrantes, que ha denunciado las condiciones en que ellos laboran. El trabajo agrícola es hecho por trabajadores vulnerables, incluyendo una gran proporción de trabajadores inmigrantes y migrantes, que son reclutados específicamente por su vulnerabilidad en el sitio de trabajo. Su vulnerabilidad es y ha estado históricamente reforzada por su exclusión de protecciones básicas laborales con el resultado de que los trabajadores extranjeros, como los del programa, tienen un conocimiento limitado de sus derechos legales, según el sindicato. El peticionario y la UFCW Canadá tienen un programa nacional llamado Alianza de Trabajadores Agrícolas que asesora gratuitamente o a costo muy bajo a los empleados foráneos. Se puso en marcha “porque los trabajadores migratorios son particularmente vulnerables al abuso y explotación debido a la fragilidad de su empleo, falta de conocimiento sobre sus derechos legales, falta de fluidos y aislamiento. Desde 1974, más de 200 mil trabajadores se han desplazado a Canadá por el PTAT. Cada año los emigrantes envían desde Canadá más de 100 millones de dólares a sus países de origen, de acuerdo con el Banco Mundial. Los trabajadores permanecen en el norte entre tres y ocho meses, y ganan diariamente entre 8 y 10 dólares. “Sus sueldos están entre los más bajos”, al decir de Paz. Los emigrantes provienen mayoritariamente del Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato y Oaxaca. Maniobras El 11 de abril de 2011 un grupo de empleados de Sidhu & Sons presentaron ante el LRB una solicitud de cancelación de la certificación avalada debido a la presión del consulado y los patronos. El 19 de ese mes la Unión entabló una queja ante esa instancia acusando de prácticas laborales injustas a la empresa, México y el grupo de empleados, en violación al Código canadiense de Trabajo. “México ha violado el Código al impedir que trabajadores mexicanos, a quienes señala de ser pro-sindicato, regresen a Canadá”, cita la demanda. El consulado informa a los funcionarios del PTAT en México para asegurarse de que a esos trabajadores les sea negada la entrada a Canadá y, en otros casos, se han negado a enviarlos de nuevo al sitio de trabajo sindicalizado, requiriéndoles que trabajen en lugares sin sindicato. El 28 de abril de 2011 los acusadores entablaron otra demanda ante el Consejo en contra de México por una unidad de negociación colectiva con otro empleador y pidió que esta queja se consolidara con la presentada el 19 de ese mes, a lo cual el ente se negó. En otro escrito enviado al LRB el 20 de junio de 2011, el sindicato acusa al cónsul Ángel Villalobos Rodríguez, la vicecónsul Estela García León y Guadalupe Palacios, asistente del PTAT en Vancouver, de bloquear la afiliación de los trabajadores a sindicatos. “El consulado ha librado, durante años, una batalla concertada para alejar a los empleados del programa de cualquier involucramiento con sindicatos en general y de la Unión en particular. El consulado instruye a los trabajadores a su arribo a Columbia Británica a no contactar a la Unión y ninguno de sus representantes. El equipo del consulado regaña a los trabajadores cuando sabe que han contacto a la Unión y los amenaza con expulsarlos del programa. El consulado ha mantenido estas amenazas y ha elaborado una lista negra con numerosos trabajadores, quienes están ahora privados del ingreso canadiense”, denuncia el sindicato. Villalobos fue nombrado cónsul en 2007 por el entonces presidente Felipe Calderón; y Palacios aún aparece en el directorio del consulado, en el cual ya no figura el nombre de García León. La UFCWU obtuvo un fax oficial del 3 de julio de 2011, en el cual se “boletina” a Víctor Robles Vélez, originario de Tlaxcala, quien ha estado en el programa desde 2004 y trabajado con Sidhu & Sons, y quien “no podrá salir a Canadá porque está inmerso en cuestiones de sindicalización. Poner atención para que no salga”, según ese documento. La querella señala que “algunos empleados han obtenido solicitudes de desacreditación mediante intimidación, diciéndoles a los laborantes que tendrán problemas si no firman la petición”. Y denuncia que “la conducta de México y el consulado han dañado y disminuido el patrimonio del sindicato, y ha interferido con la actividad comercial tanto de la Unión como de los trabajadores”. Ante los señalamientos, el gobierno mexicano aportó una objeción preliminar basada en la falta de jurisdicción, a partir de la Ley de Inmunidad Estatal de 1985. El 1 de febrero de 2012 el Consejo resolvió en su decisión B28/2012 que carecía de jurisdicción por el marco legal referido. Pero avanzó que “hechos con respecto a las acciones de México son relevantes e importantes para proveer de antecedentes y contexto en el cual el Consejo podría ejercer completamente sus poderes remediadores, si es apropiado hacerlo, una vez oída y considerada la evidencia en este caso”. Por eso, la queja contra Sidhu & Sons y algunos empleados fue autorizada a proseguir. El 20 de febrero de 2012 el sindicato presentó un recurso de reconsideración. El 24 de enero de este año el LRB rechazó la reconsideración basándose en la Ley de Inmunidad Estatal. “Proponemos que el programa no tenga un contrato laboral cerrado, en el cual el trabajador está sujeto a un solo patrón, que haya un mecanismo de apelación neutral, que se elimine el proceso de repatriación o despido cuando el trabajador se enferme o tiene un problema laboral. Proponemos que haya un mecanismo de obtención de residencia permanente, porque es una mano de obra esencial para Canadá”, plantea Paz.

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