VALPARAÍSO (apro).- El agotamiento de los recursos hídricos afecta a gran parte del territorio chileno. Aunque las autoridades arguyen que la causa de este fenómeno es el descenso de las precipitaciones, existen otras razones. La más importante de estas es la apropiación, legal o ilegal, del agua por parte de megaindustrias mineras y forestales. A pesar que existe suficiente evidencia del robo del agua realizado por influyentes empresarios y políticos, ninguno de éstos ha sido penalizado por sus acciones. La Dirección General de Aguas emitió –en 2011 y 2012- sucesivos informes en los que responsabiliza directamente al exministro de Interior en el Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), el democratacristiano Edmundo Pérez Yoma, de la usurpación de agua a campesinos de la Provincia de Petorca (Región de Valparaíso). Específicamente, se pudo comprobar la captación ilegal de agua del estero Los Ángeles, realizada desde el predio El Cóndor de su propiedad. Las aguas ilegalmente extraídas llenan inmensos embalses con que se dosifica el riego de grandes plantaciones de paltos (aguacates). La DGA responsabilizó también al empresario Osvaldo Jünemann (cuñado de Pérez Yoma); al exintendente de la Región Metropolitana durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), Marcelo Trivelli, y al diputado democratacristiano Eduardo Cerda, de realizar estas mismas prácticas. A pesar de estar todo documentado, la usurpación de agua de los mencionados empresarios y políticos continúa. Como consecuencia de la depredación del vital elemento, los caudales de los ríos Ligua y Petorca han desaparecido y las napas subterráneas de sus cuencas están agotadas. En la provincia de Petorca –donde habitan unas 40 mil personas- el agua es distribuida a través de camiones aljibes. Su provisión apenas alcanza para el consumo humano. Nada queda para la ya casi extinta agricultura ni para la bebida de los animales. Con matices, esta situación se replica en todo Chile. En el centro sur, donde hasta hace unos pocos lustros había gran abundancia de agua, actualmente hay una grave sequía. En las regiones del Bío Bío y La Frontera son decenas las comunas que sufren de “emergencia hídrica”. Esta situación en gran parte se debe a la vertiginosa expansión de los monocultivos forestales que hoy cubren unas cinco millones de hectáreas en todo el país. Este fenómeno se ha visto favorecido por el decreto ley 701, de 1974 -aún vigente-, que subsidia las plantaciones de especies exóticas que succionan el agua hasta secar las napas subterráneas. En agosto pasado la Comisión Nacional de Riego (CNR) señaló que 108 municipios –casi un tercio del total nacional- se encontraban en “emergencia agrícola” y tres de ellos --Cabildo, Petorca y La Ligua (Provincia de Petorca)-, fueron declarados como “zona de catástrofe” por sequía. Según el agrónomo André Moureau, en su reciente columna La crisis profunda del agua en Chile, el 75% de los agricultores chilenos no han cosechado hace dos años justamente como consecuencia de la falta de agua. De acuerdo con el experto, esta realidad “más que a efectos únicamente ligados al cambio climático, cuyas nefastas consecuencias están más que probadas y documentadas, obedecen a otro aspecto menos mencionado: no se avanza en reformas legales que garanticen la protección del agua, su acceso equitativo por parte de la población y el abastecimiento preferencial para los pequeños agricultores y sistemas económicos de subsistencia”. Ante la evidencia de la crisis por falta de agua, el pasado 2 de abril la Ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, reveló que el Ejecutivo implementará en el corto plazo un plan de bombardeo de nubes para estimular las precipitaciones señalando además que revisarán las políticas de largo plazo en materia de aguas. La privatización del agua La privatización del agua comenzó en el gobierno militar, específicamente tras la promulgación de la Constitución Política de 1980, que consagró el modelo económico neoliberal. En el contexto de la adaptación de Chile a este sistema, el general Augusto Pinochet dictó el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122, del 29 de octubre de 1981, que otorga el derecho a particulares de adueñarse de las aguas, en forma gratuita y a perpetuidad. Con esta reforma el agua pasó a ser considerada como cualquier otro bien privado, que puede ser transado en el mercado sin importar las consecuencias sociales y culturales que de ello devengan. Además, el Código de Aguas de 1981 separa los derechos de agua del dominio de la tierra, despojando con ello del agua a comunidades rurales. Esta normativa generó una severa anomalía: en Chile existen propietarios de agua sin tierra y propietarios de tierra sin agua. Bajo la actual normativa, la administración de los recursos hídricos es responsabilidad de la Dirección General de Aguas (DGA), que depende del Ministerio de Obras Públicas (MOP). La DGA está facultada a entregar derechos de agua a quien lo requiera. Estos generalmente se han entregado a personas bien informadas y con dinero para costear estudios de abogados y hacer cabildeos. Una vez otorgados estos derechos el Estado ya no interviene en su manejo, pudiendo los particulares transar el agua que les fue entregada gratis como cualquier otra mercancía. Uno de los mayores beneficiados con la privatización del agua fue ENDESA España, que en 1990 se hizo de la propiedad de Endesa Chile –privatizada en los estertores de la dictadura militar-. La empresa española no sólo se quedó con la infraestructura física de la empresa chilena –la que compró a muy bajo precio- sino que también se adueñó de casi el 90% de los derechos de agua de los ríos de Chile. Hoy Endesa España es propiedad de la italiana ENEL la que a su vez es propietaria de los señalados derechos. La lucha por el agua La situación está haciendo crisis: comunidades devastadas por la contaminación, humilladas por las instituciones que deberían protegerles y silenciadas por los medios comienzan a articular grandes movilizaciones y sólidas defensas jurídicas que incluso han logrado paralizar al más grande de todos los megaproyectos mineros: Pascua Lama. Un centenar de comunidades de base logró dar forma a la Marcha Nacional por la Defensa y Recuperación del Agua que el 22 de abril llegó a Santiago y que congregó a unas diez mil personas. En el proceso de preparación de esta marcha se articularon un centenar de comunidades afectadas por la escasez de este recurso. En entrevista con Apro, el secretario de Organización del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima), Luis Soto Pérez, señaló que la marcha cumplió con los objetivos propuestos “al poder lograr entrar al corazón financiero y político de este país”, aunque denunció que el Gobierno les impidió congregar frente a La Moneda a los manifestantes. Soto señala que de los cinco puntos del petitorio construido por los organizadores el más importante es el que solicita “que las aguas sean declaradas como un derecho humano fundamental e irrenunciable”. Otros de los puntos del petitorio son el que se plantea “recuperar el carácter público del abastecimiento de agua de bebida para la población” y el que propone derogar el Código de Aguas. Fracaso de Barrick El arribo de la marcha del agua a Santiago, estuvo precedida por una buena noticia para los movimientos ciudadanos que se oponen a la contaminación y apropiación de los recursos que practican las industrias extractivas. La Corte de Apelaciones de Copiapó decidió el pasado 9 de abril acoger una orden de no innovar contra el proyecto aurífero Pascua Lama, de la Barrick Gold Corporation, lo que supuso la inmediata suspensión de las obras de construcción de la mina, considerada una de las más grandes del mundo. La demanda contra Barrick fue presentada por comunidades diaguitas del Valle del Huasco, que reclaman el incumplimiento por parte de esta empresa de las exigencias medioambientales contenidas en la Resolución de Calificación Ambiental que en 2005 autorizó este proyecto. Las faenas de construcción de Pascua Lama han implicado la destrucción parcial o total –no hay antecedentes absolutamente confiables- de tres glaciares que circundan el proyecto. Además, los ríos que nacen de estos glaciares han disminuido sus caudales ostensiblemente y las aguas de estos se han visto severamente contaminadas. Tras la decisión de la Corte de Apelaciones, que fue ratificada el viernes 19 por la Corte Suprema, Barrick anunció que evaluaría suspender definitivamente este proyecto. La suspensión de Pascua Lama supone un duro golpe para la transnacional canadiense porque lleva invertidos en la construcción de la mina aproximadamente 4 mil 800 millones de dólares. Pascua Lama es un proyecto binacional ubicado en las altas montañas de Los Andes, en la Región de Atacama, en Chile, y en la provincia argentina de San Juan. Con reservas de casi 18 millones de onzas de oro, 676 millones de onzas de plata y una vida útil de 25 años, es considerado uno de los proyectos auríferos más importantes del mundo.