Argentina: "Etnocidio disimulado"
BUENOS AIRES (apro).- El brutal ataque contra dos indígenas de la etnia qom en la provincia de Formosa, en la madrugada del sábado 4, pone de manifiesto una vez más el nivel de tensión que viven las comunidades indígenas o campesinas que reclaman su derecho a la tierra y se oponen al avance de la frontera agrícola.
Los jóvenes Abelardo Díaz y Carlos Sosa fueron atacados salvajemente por unas 30 personas, dentro de la comunidad qom La Primavera, ubicada en el extremo noreste de Argentina, a un puñado de kilómetros de la frontera con Paraguay. Los agresores –también indígenas– usaron garrotes y barras de metal. A causa del ataque, los jóvenes debieron ser trasladados a un hospital en el que permanecieron varios días internados.
Abelardo Díaz tiene 21 años y es hijo de Félix Díaz, cacique de la comunidad La Primavera. Félix Díaz es uno de los indígenas argentinos que con mayor firmeza ha presentado sus reclamos frente a las autoridades provinciales y nacionales, los grandes medios e incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la comunidad La Primavera –Potae Napocna Navogoh, en lengua qom– viven 4 mil 600 personas. El decreto presidencial 80.513 de de 1940 les asignó esas 5 mil 168 hectáreas. A lo largo de las décadas, sin embargo, más de 2 mil hectáreas fueron usurpadas por pobladores criollos o alquiladas a productores agrícolas a precios irrisorios. Félix Díaz ha llevado a cabo acciones para defender la integridad territorial de la comunidad y recuperar las tierras perdidas.
“Denunciamos una vez más las estrategias provinciales por quebrarnos”, escribió el cacique en el blog de la comunidad el mismo sábado 4. “Mi familia sigue siendo víctima de esta violencia generada por la provincia. Una y otra vez”, sostuvo.
Díaz culpó a dos altos funcionarios provinciales de estar “interviniendo en la comunidad” y de “generar conflictos internos y bronca”. Puntualizó: “Sabemos que la estrategia de la provincia hace tiempo es tratar de convencer a algunos hermanos aprovechándose de toda la necesidad que hay.”
El líder qom se convirtió desde hace algunos años en un elemento incómodo para el gobierno de la provincia de Formosa. Su lucha por la tierra ha generado preocupación en el Estado y rencor entre los productores que ven afectados sus intereses o expectativas de negocios.
El más reciente intento de usurpación de tierras qom provino del propio Estado formoseño. En 2007, el gobierno provincial, a cargo –desde 1995– del peronista Gildo Insfrán, anunció la construcción de un Instituto Universitario Agropecuario. Las 600 hectáreas donde se instalaría la sede son reclamadas como propias por la comunidad La Primavera. Cuando comenzaron las obras, en junio de 2010, los indígenas no se quedaron quietos. Durante meses realizaron cortes de tránsito en la Ruta Nacional 86, que demarca el límite de la comunidad. El 23 de noviembre de 2010, la policía provincial desalojó a los manifestantes de manera violenta. De los palazos y las balas no se salvaron ni los ancianos ni los niños. Durante la represión murieron el indígena Roberto López (de 52 años) y el efectivo policial Heber Falcón (34 años). Hubo varios heridos de gravedad.
“El reclamo de la comunidad es claramente territorial”, dice a Apro Lorena Cardin, antropóloga y docente de la Universidad de Buenos Aires. “Hay muchos otros reclamos por viviendas, planes sociales, con otras necesidades que también son legítimas, pero el reclamo territorial es para la provincia algo muy fuerte, porque se trata de un recurso estratégico”, señala Cardín. “El mantenimiento del reclamo en 2010 hizo que se reprimiera, porque ellos se mantuvieron firmes, cortando una ruta, y la provincia no pudo dar otra respuesta que la violencia”.
Cardín es investigadora del proyecto académico “Aboriginalidad, provincias y Nación: reconfiguraciones contemporáneas de las estrategias y demandas indígenas por la implementación de sus derechos”. Desde hace 12 años investiga la situación de los pueblos indígenas de Formosa, fundamentalmente en la comunidad La Primavera.
También desataca que la violencia que los indígenas sufren es estructural y cotidiana. “Por ejemplo, en la situación sanitaria de la comunidad, el nivel educativo, o que les retiren semillas para obligarlos a comprar semillas híbridas”.
Pero la violencia ha costado varias víctimas mortales, desde que los qom pretenden hacer valer sus derechos y no se alinean con el gobierno de Gildo Insfrán. En los últimos cinco años, ocho indígenas qom, vecinos en su mayoría de La Primavera, murieron en diversos hechos que las autoridades tildan de accidentes y los indígenas denuncian como atentados.
El gobierno nacional suele reaccionar con premura cuando la responsabilidad política del accionar represivo recae sobre algún gobernador opositor. En el caso de los qom, ningún funcionario de primera línea ha abierto la boca. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, es un firme aliado de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ataques
“Abelardo Díaz, hijo del qarashe Félix Díaz, conversaba anoche en una ronda de amigos en su comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) cuando sorpresivamente llegó una patota (pandilla) de alrededor de 30 personas y, sin mediar discusión alguna, comenzaron una brutal golpiza sobre el joven de 21 años y su amigo Carlos Sosa”, sostuvo el 4 de mayo la Agencia Rodolfo Walsh. “Los matones usaron garrotes, barras y sus puños sobre los jóvenes.”
El gobierno de Formosa intentó rápidamente desvincularse del hecho. El ministro de Gobierno provincial, Jorge González, aseguró que los dos jóvenes qom fueron golpeados en el marco de “una pelea entre muchachos que estaban bebiendo”, según publicó el diario Perfil en su edición del lunes 6.
González restó al hecho toda connotación política: “No hay nada que permita interpretar que fue una patota, sólo eran dos grupos de muchachos, de gente que entre ellos se conocen, incluso hay hasta parientes entre ellos”, sostuvo el funcionario.
Habló de “gresca entre indígenas” después de haber bebido “altas cantidades de alcohol”. Los jóvenes “estaban bebiendo en una cantina de La Primavera cuando por motivos que se desconocen comenzó una pelea donde se encontraba involucrado el hijo de Díaz quien recibió, junto a otros, golpes diversos”, insistió González.
“Lo que yo sé es que ellos estaban ahí, frente al SIC, que es el Centro Integrado Comunitario, donde debería haber funcionado un puesto de Gendarmería, que no estaba, y un grupo de qom los golpeó”, dice a Apro Lorena Cardin. “No es la primera vez que golpean a Abelardo Díaz brutalmente. Esta familia está padeciendo un infierno. Yo he estado con estos chicos, jóvenes, adolescentes, no se quieren mover de la casa. Tienen miedo. Es una situación muy preocupante.”
La Gendarmería Nacional es responsable de la seguridad en La Primavera. La decisión fue tomada después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortara al Estado argentino, el 21 de abril de 2011, a que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad indígena Qom Navogoh, La Primavera, contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos de la policía, de la fuerza pública, u otros agentes estatales”.
Félix Díaz ha denunciado que su comunidad suele ser una “zona liberada”: la policía provincial no ingresa, debido a sus antecedentes represivos, y la Gendarmería Nacional no siempre está presente. El cacique dijo ver detrás de las agresiones un intento para que “reaccione y pueda ser acusado por el poder de la provincia”.
El 18 de abril, Félix Díaz fue imputado por la justicia de Formosa como “usurpador” de esas tierras que los qom ocupan desde tiempos ancestrales.
La agresión que sufrió su hijo se inscribe, además, dentro de una serie de ataques contra los indígenas de la provincia. El 24 de noviembre de 2010, Mario López, dirigente del pueblo pilagá, murió arrollado por un oficial de policía cuando se dirigía a solidarizarse con la comunidad La Primavera. Su familia denunció, y aún sostiene, que no fue un accidente, sino un atentado.
El propio Abelardo Díaz fue víctima de otra agresión brutal en 2012. El 28 de junio fue atacado por un grupo de personas que le causó heridas con armas blancas y lo amenazó con degollarlo. Tuvo que ser atendido en el hospital local.
El 9 de agosto de 2012 fue el turno de Félix Díaz. Circulaba en un ciclomotor cuando una camioneta se le vino encima y lo hizo caer al pavimento. Recibió siete puntos de sutura en la frente y fuertes golpes en el brazo, las piernas y el pecho. La camioneta no se detuvo. “No fue accidente”, sostuvo Díaz.
El 9 de diciembre de 2012, Lila Coyipé, de 10 meses, y su abuela Celestina Jara, de 49 años, murieron luego de ser atropelladas por el gendarme Walter Cardozo. Ricardo Coyipé, marido de Celestina, abuelo de Lila, conducía la moto embestida desde atrás. “Yo estuve en el velatorio y en el entierro y lo que contaba Ricardo es que el gendarme que lo atropella, cuando Ricardo estaba tirado en el piso, su mujer muerta, su nieta muriéndose, lo insultó (‘indio de mierda’) y lo pateó”, cuenta Lorena Cardin. “Es un dato que sí lo puedo sostener y es aberrante”, añade.
El gendarme no auxilió a las víctimas, e incluso amenazó a Ricardo para que no realizara la denuncia.
En enero pasado murió Juan Daniel Díaz Asijak, de 16 años, sobrino de Félix Díaz. La policía sostuvo que sufrió un accidente en la moto conduciendo ebrio. El gobierno provincial afirmó a través de una gacetilla que se trató de un “accidente vial”, y que “lo que se diga en contrario son falacias”. Pablo Asijak, padre de la víctima, dice que la moto de su hijo no tenía ni un rasguño y que los médicos le recalcaron que la rotura de cráneo que sufrió el muchacho había sido provocada por un golpe con un palo o un fierro.
“Es la nueva modalidad que han puesto en práctica desde hace meses. Es terrible hasta dónde pueden llegar”, advirtió entonces Félix Díaz a través de un comunicado. “Hacemos pública la denuncia, pero también decimos que no nos van a amedrentar con sus agresiones. Nosotros sólo reclamamos lo que es nuestro y pedimos justicia.”
“Estos casos deberían ser investigados por una justicia independiente, porque son causas penales”, dice la antropóloga Cardin. “Pero uno acá no se puede fiar de lo que diga ni el fiscal ni el juez”, sostiene.
La suma de heridos y muertos alrededor de Félix Díaz despierta en Cardín grandes sospechas: “La provincia argumenta que son todos borrachos y que hay pugnas internas –dice la antropóloga–. Yo considero que hay toda una maquinaria perversa que han puesto en funcionamiento ahora, a partir de que hay medidas cautelares de la CIDH para proteger a esta comunidad, entonces no entra la policía sino que buscan otros mecanismos que son más difíciles de desenmascarar.”
Pastores
“Félix Díaz es el representante legal y es el qarashe –como le dicen en su propia cultura– de su comunidad, elegido democráticamente”, dijo el padre Francisco Nazar, que trabaja desde hace más de 20 años en las comunidades indígenas de Formosa, en declaraciones que el jueves 9 difundió Radio Continental. “Félix Díaz ganó en una elección que fue muy limpia y el gobierno de la provincia no reconoce este triunfo. Entonces están como metidos dentro de la comunidad queriendo quitarle el poder que él tiene”, sostuvo.
El padre Nazar se refirió al ataque sufrido por Abelardo Díaz como “uno más dentro de una multiplicidad de acciones violentas que viene sufriendo este grupo qom, no son hechos aislados”. Recalcó que la comunidad La Primavera “está sufriendo constantemente esta agresión externa por parte de funcionarios políticos, que producen divisiones internas”.
La mayoría de los qom conserva su religión ancestral y pertenece al mismo tiempo a diferentes iglesias evangélicas. “El gobierno provincial, a través de pastores evangélicos, hace llegar ayuda a parte de la comunidad y condiciona la continuidad de esa asistencia a la postura que adopten los asistidos en los reclamos de la comunidad hacia el gobierno”, publicó el diario Clarín en su edición del lunes 6. El propio Félix Díaz ha sostenido que el gobierno provincial trabaja con los pastores de la comunidad para restarle credibilidad a su liderazgo y “alimentar la confrontación”.
El 23 de abril, dos funcionarios formoseños impulsaron y organizaron la Unión de Pastores de la Comunidad La Primavera. Los pastores autorizaron a Hugo Arrúa, administrador general del Instituto de Pensiones Sociales, y a su mujer, Elizabeth Orbegozo, funcionaria del Ministerio de Desarrollo Humano, a “interiorizarse, organizarse y a planificar junto a nosotros todas las actividades institucionales y sociales que correspondan, que posibiliten mejorar la calidad de vida de nuestras iglesias y de nuestra comunidad”.
“Hay una intromisión de funcionarios provinciales criollos, blancos, que han tratado fuertemente de manipular la voluntad de los pastores, aprovechándose también de la gran necesidad que hay en esta provincia, que por supuesto es funcional a esta hegemonía política”, opina la antropóloga Cardín. “A los pastores, que son indígenas qom, cabeza de distintas iglesias evangélicas, la provincia les provee electricidad, bienes y promesas –explica–. La provincia ha intentado tener una relación clientelar con ellos porque detrás de un pastor hay toda una feligresía.”
Los qom viven bajo un asistencialismo forzoso. Su vida de cazadores recolectores ya no es viable. Alrededor de las comunidades hay plantaciones transgénicas, que se fumigan regularmente con agroquímicos. El futuro próximo lleva ese signo. El perfil productivo de la provincia está plasmado en un documento público de 250 páginas titulado Formosa 2015, donde se detalla la preponderancia del avance del modelo agropecuario con cultivos intensivos (soja y maíz) y ganadería. Se planea pasar de las 129 mil hectáreas cultivadas en 2010 a 306 mil hectáreas en 2015. Para esto es necesario avanzar sobre territorios campesinos e indígenas.
“El Plan Formosa 2015 aspira a elevar la superficie productiva agrícola en la provincial, aumentando 2.5 veces la superficie productiva actual”, explica la Red Agroforestal Chaco Argentina, colectivo integrado por ONG y técnicos de la región. “Con este horizonte es que sólo declaró 1% de sus bosques como área protegida, según el Ordenamiento Territorial en el marco de la Ley Nacional de Bosques”.
Frente a este panorama, los jóvenes qom tampoco tienen buenas perspectivas de forjarse un porvenir fuera de la comunidad. “Sólo uno de cada cinco jóvenes qom completó la primaria y uno de cada cuatro ingresó al nivel medio, aunque prácticamente ninguno logró finalizarlo. Las cifras de reprobación y abandono escolar triplican la media nacional”, puede leerse en el estudio Situación socioeducativa de niñas, niños y adolescentes de comunidades qom, un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y del Centro de Estudios de Población y la Asociación de Juventudes Indígenas.
De acuerdo con el informe, dirigido por Elena Duro, especialista en Educación de Unicef, 60% de los estudiantes qom de primaria superan la edad establecida para el curso al que asisten. Una de cada cinco adolescentes es madre. Las jóvenes son madres a una edad promedio de 19 años. Para el estudio se utilizaron datos cuantitativos de 2004-2005, los únicos disponibles que por ahora hay en Argentina.
También Félix Díaz y su mujer, Amanda Asijak, tienen hijos adolescentes. Pero sus preocupaciones actuales son más perentorias. “Félix tiene miedo, todos tenemos miedo, y queremos seguir en la lucha, pero no queremos que le pase nada más a nuestros hijos”, dijo Amanda Asijak durante una rueda de prensa que se llevó a cabo el jueves 9 en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), en Buenos Aires.
Entre los organismos sociales y de derechos humanos que se reunieron para repudiar los ataques a los jóvenes qom estaban también las Madres de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Centro de Estudios Legales y Sociales.
“Este no es un caso aislado”, dijo Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980 y presidente del Serpaj: “Hay constantes agresiones a la comunidad qom producidas en el marco de una lucha por defender el territorio, la cultura y la identidad.”
“Lo que yo considero que está ocurriendo es un etnocidio, es un intento de hacer desaparecer a los indígenas, muy disimulado, es verdad, con bastante arte, a través, por ejemplo, de mucha obra de infraestructura”, dice Cardín, quien también participó de la conferencia de prensa. “Te dicen que Formosa es una provincia que levanta escuelas y hospitales. Eso es cierto. Pero una escuela o un hospital no te garantiza el trato que se le da a los indígenas”, sostiene. “O te dicen que Formosa fue la primera provincia que sancionó en 1984 una ley indigenista, lo cual también es cierto. Pero eso no justifica la violencia que están padeciendo los qom y los otros pueblos indígenas de la provincia.”