BUENOS AIRES (apro).- Jorge Rafael Videla murió este viernes, a los 87 años de edad, en una cárcel común de las afueras de Buenos Aires. El 24 de marzo de 1976, el entonces teniente general encabezó el golpe militar que derrocó al gobierno de la presidenta María Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón. Con ello, el llamado Proceso de Reorganización Nacional inauguró la etapa más negra de la historia reciente en Argentina. La junta militar puso en marcha un plan sistemático de secuestro y desaparición de personas. Los prisioneros eran torturados y vejados en centros de detención clandestina, distribuidos a tal efecto en todo el territorio del país. Sus hijos eran apropiados y sus bienes saqueados. Después de ser ejecutados de manera sumaria, sus cadáveres eran enterrados en fosas clandestinas o como ‘NN’ en diferentes cementerios. La dictadura a cargo de Videla inauguró una modalidad que pretendía ajustar en un solo acto la muerte del prisionero y la desaparición de su cuerpo, es decir, la desparición de toda prueba. Miles de prisioneros fueron arrojados con vida al mar o al Río de la Plata, pero antes de ser subidos a los aviones recibían un poderoso sedante. Los capellanes militares daban sosiego a algunos ejecutores de los “vuelos de la muerte”, afirmando que a los detenidos se les daba una “muerte cristiana”. La dictadura tuvo en José Alfredo Martínez de Hoz a su emblemático ministro de Economía. Martínez de Hoz provenía de una familia de estancieros. Su bisabuelo fue fundador de la Sociedad Rural Argentina. Joe, tal como se lo apodaba, llevó a cabo una apertura irrestricta a la importación de productos extranjeros, al tiempo que estimulaba la especulación financiera y la fuga de capitales. La industria vernácula no resistió el embate. El endeudamiento externo pasó de 9 mil 700 millones de dólares en 1976 a 35 mil millones en 1981. La pobreza, que afectaba a 4.6% de los hogares en 1974, trepó a 21.5% en 1982. La dictadura restringió de manera drástica la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza, revirtiéndose rápidamente las conquistas laborales obtenidas durante el derrocado gobierno peronista (1976-1976). El terrorismo de Estado acalló las protestas. Con la complicidad de los ejecutivos de las fábricas, centenares de delegados sindicales fueron a dar a las mazmorras del régimen y figuran hasta el día de hoy en la lista de los desaparecidos. “Los desaparecidos son eso, desaparecidos: no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos”, dijo Videla en noviembre de 1979, durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, cuando ya el vocablo en castellano recorría todo el mundo y se transformaba en un emblema de la dictadura argentina. “No se puede hacer nada con un desaparecido porque es una incógnita, no tiene entidad, no está”, afirmó Videla. Campeón del mundo Videla nació el 2 de agosto de 1925 en la ciudad de Mercedes, a cien kilómetros de Buenos Aires. Se graduó como subteniente de infantería en el Colegio Militar de la Nación en 1944. Cursó la Escuela Superior de Guerra entre 1952 y 1954. En los años sesenta fue uno de los tantos altos mandos argentinos que pasó por la Escuela de las Américas, y en 1971 fue ascendido a general de brigada. En 1975 se convirtió en comandante en jefe del Ejército, y tres días después del golpe de Estado Videla fue designado presidente. Ocupó el cargo hasta 1981. El 9 de julio de 1978 fue para Videla un día de gloria. Vestido de civil, frente a una multitud enfervorizada, el dictador le entregó la copa a Daniel Pasarella, capitán de la Selección Argentina, que acababa de conseguir el campeonato mundial de futbol. El festejo de los goles en el estadio de River Plate, donde se jugó la final entre Argentina y Holanda, llegaba a oídos de los prisioneros de la vecina Escuela de Mecánica de la Armada. En la ESMA, el centro de detención clandestino más emblemático de la dictadura, hoy funciona el Espacio Memoria y Derechos Humanos. La vida cultural de esos años estuvo signada por la censura y el oscurantismo. Los grandes medios apoyaban al gobierno de facto. Muchos de los más importantes intelectuales del país, que desde el exilio denunciaban las atrocidades del régimen, eran vilipendiados por la prensa local, que los acusaba de llevar a cabo una “campaña antiargentina.” En diciembre de 1978, la intervención de último momento del papa Juan Pablo II evitó un conflicto armado entre Argentina y Chile. Ambos países se disputaban tres islas al sur de Tierra del Fuego, sobre el Cabo de Hornos, que divide el Océano Atlántico (reclamado por Argentina) del Pacífico (reclamado por Chile). El reclamo de soberanía de ambos países sobre la Antártida se superpone parcialmente. En 1984, poco después del advenimiento de la democracia en Argentina, ambos países firmaron un tratado de paz y amistad. Durante los juicios a las Juntas Militares de 1985, impulsados por el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), Videla fue hallado culpable de numerosos crímenes de lesa humanidad. Se lo condenó a prisión perpetua con destitución del grado militar. En 1990, sin embargo, fue indultado por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999). Ocho años más tarde, en 1998, volvió a ser procesado y detenido. El delito –sustracción de identidad de menores nacidos en cautiverio– quedaba fuera de la órbita del indulto y de las leyes de amnistía (Obediencia debida y Punto final), dictadas por el declinante gobierno de Raúl Alfonsín. Videla pasó apenas un mes en una prisión militar. A causa de su avanzada edad, se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. “El peor momento ocurrió con la llegada de los Kirchner al gobierno. Ha habido una asimetría total en el tratamiento a las dos partes enfrentadas en el conflicto”, sostuvo el propio Videla en una extensa entrevista concedida en prisión a la revista española Cambio 16, publicada en febrero de 2012. El genocida dijo que en Argentina “no hay justicia, sino venganza”. El 21 de agosto de 2003, el Congreso derogó, a instancias del presidente Néstor Kirchner, las leyes de Obediencia debida y Punto final, que mantenían impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El 24 de marzo de 2004, Kirchner hizo descolgar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, que se exhibían en una de las galerías del Colegio Militar de la Nación. Poco a poco algunos jueces comenzaron a reabrir los casos de delitos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. En 2006, la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, consideró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales. La sentencia fue confirmada en agosto de 2010 por la Corte Suprema de Justicia. Cuatro meses más tarde, Videla fue condenado por segunda vez a reclusión perpetua, por el asesinato de presos políticos en Córdoba. El 5 de julio de 2012 se lo encontró penalmente responsable del secuestro sistemático de neonatos y niños durante la dictadura. El tribunal lo condenó a 50 años de prisión por idear y ejecutar un plan sistemático de sustracción de bebés nacidos en centros clandestinos de detención. Este proceso judicial revistió una enorme importancia. Fue la primera vez que la justicia comprobó la existencia de un plan orquestado para hacer desaparecer a los hijos de las personas detenidas ilegalmente. Uno de los 18 casos puntuales por los que fue condenado es el de Guido, el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuya identidad y paradero siguen siendo un misterio. El tribunal decidió unificar las sentencias en una pena única de reclusión perpetua. Desde entonces, Videla se encontraba en el pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad en el Penal de Marcos Paz, en las afueras de Buenos Aires. Tres días antes de morir, Videla visitó por última vez los tribunales federales de Buenos Aires. Allí se le seguía una causa por el denominado "Plan Cóndor", que coordinó la represión ilegal entre las diferentes dictaduras latinoamericanas. Videla se negó a declarar. Leyó un breve manifiesto en el que se asumió como “preso político”. Confesión En septiembre de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón solicitó licencia por motivos de salud. Durante algunas semanas la primera magistratura del país fue asumida por el presidente provisional del Senado, Italo Argentino Luder. Durante su breve interinato, Luder firmó tres decretos que ordenaban a las fuerzas armadas “aniquilar” los elementos “subversivos” que operaban en el país. En realidad, para esa fecha tanto la Organización Montoneros como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) habían sido militarmente derrotados. “Luder prácticamente nos había dado una licencia para matar”, sostiene Videla en el artículo citado. “Casi no hubiera sido necesario dar el golpe de Estado”, dice. “El golpe de Estado viene dado por otras razones –explica–, como el desgobierno y la anarquía.” Videla reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas y mencionó el apoyo al golpe de algunos partidos políticos. “Había vacío de poder, parálisis institucional y riesgo de una anarquía, y frente a este estado de cosas el clamor ciudadano, con sus dirigentes a la cabeza, pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas”, sostuvo. En dicha entrevista Videla se refirió por primera vez al método del secuestro de personas y su posterior asesinato. Fijo en siete mil el número de ejecutados, negando la cifra que históricamente han manejado los organismos de derechos humanos: 30 mil desaparecidos. También en 2012, en entrevistas para el libro Disposición final, del periodista Ceferino Reato, Videla confesó que el gobierno militar mató “a siete mil u ocho mil personas” y que sus cuerpos se hicieron desaparecer “para no provocar protestas dentro y fuera del país”. Dijo que la decisión de que esa gente desapareciera se adoptó sobre la marcha. “Cada desaparición puede ser entendida, ciertamente, como el enmascaramiento de una muerte”, añadió. "No había otra solución –sostuvo–. Estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta.” La complicidad de la cúpula de la Iglesia católica con la dictadura ha sido largamente documentada por los organismos de derechos humanos de Argentina. “Mi relación con la Iglesia católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”, dijo Videla en la citada entrevista con Cambio16. Sostuvo que la Iglesia “fue prudente”, ya que no le creó problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista” de “otras iglesias del continente”. Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Ante el deceso de Videla, el secretario de Derechos Humanos, Juan Martín Fresneda, dijo en Radio Nacional: “Es un orgullo haber logrado una Argentina con Justicia antes de que se fuera Videla a otro lugar”. Fresneda tiene 38 años, es abogado e hijo de desaparecidos. “Desde el Estado argentino no celebramos la muerte de nadie, pero sí consagramos haber conseguido Justicia”, dijo.