LONDRES (apro).- Gran Bretaña se encamina a convertirse en otro de los países del mundo que legaliza la eutanasia, en caso de que la Corte de Apelaciones de Londres vote a favor de dos personas con discapacidades severas, quienes buscan modificar las leyes de suicido asistido para poder morir “con dignidad”. El británico Paul Lamb, de 58 años y oriundo de la ciudad de Leeds (norte de Inglaterra), quedó paralizado del cuello a las piernas tras un accidente automovilístico grave que sufrió en una carretera inglesa en 1990. Lamb padece el llamado síndrome de enclaustramiento (locked-in síndrome, en inglés), producido por una lesión en el tallo cerebral a nivel de la protuberancia anular. Se trata de una condición en la que el paciente está alerta y despierto pero no puede moverse o comunicarse verbalmente debido a una completa parálisis de casi todos los músculos voluntarios en el cuerpo, excepto los oculares. Desde los últimos diez años, Lamb busca que un médico lo ayude a morir, pero bajo la ley actual ese profesional de la salud estaría cometiendo un delito grave y, por ende, se arriesgaría a terminar en prisión. El exobrero de la construcción busca ahora un dictamen judicial que dé a los doctores una defensa contra cargos de asesinato premeditado, al afirmar que vive desde hace 23 años con dolores constantes, y requiere atención médica las 24 horas del día para alimentarse y hacer sus necesidades básicas. El británico no puede mover ninguna de sus extremidades a excepción de un leve movimiento con su mano derecha. Su parálisis casi completa significa además que no puede tomar los recaudos necesarios para suicidarse, y necesita por ello de un médico o profesional de la salud para un procedimiento de ese tipo. Lamb, que está divorciado y tiene dos hijos adolescentes, admitió que no está deprimido, aunque sí quiere poner fin a su vida de forma digna, rodeado de sus seres queridos. “No tengo confianza porque he visto cómo funciona el sistema legal en este país. Le ha fallado a varias personas que buscaban ayuda para poder suicidarse”, afirmó el británico fuera del tribunal londinense el pasado 13 de mayo, rodeado por toda su familia. “Uno nunca puede confiar. Siento que el sistema legal no te escucha y que debería hacerlo más”, agregó. Según Lamb, la población británica apoya no sólo su caso, sino también el de muchas personas que quieren ayuda para poder poner fin a sus “vidas indignas”, sea por enfermedades terminales o intolerables. Su caso es apoyado por la Asociación Humanista británica, que quiere establecer el derecho para que un médico asista en suicidios en ciertas circunstancias, principalmente en el caso de enfermedades terminales o neuromotoras graves. El segundo hombre, que por razones legales sólo es conocido con el nombre de “Martin” busca también modificar el procesamiento por suicidio asistido. “Martin”, que como Lamb padece del síndrome de enclaustramiento tras haber sufrido una apoplejía masiva en agosto de 2008, espera que su causa judicial fuerce a la Fiscalía General de Gran Bretaña a permitir que profesionales de la salud lo ayuden a quitarse la vida. Aunque la ley actual sostiene que los amigos o familiares que asisten en el suicidio por compasión de un ser querido “posiblemente no sean procesados”, la esposa de “Martin” no quiere participar de ese procedimiento ella misma, aunque sí que quede a cargo de un médico, una enfermera o profesional de la salud. El hombre, que no puede hablar y que está virtualmente imposibilitado para moverse, califica su vida como “intolerable, indigna y penosa” y quiere que se le permita “un suicidio digno”. Ambas causas son consideradas como los desafíos legales más ambiciosos para tratar de modificar las leyes de eutanasia en Gran Bretaña. Los dos casos en la Corte de Apelaciones, que se espera duren varias semanas, podrían tener implicaciones históricas a las normativas actuales. Dicho tribunal también deberá dictaminar sobre el caso del británico Tony Nicklinson, quien murió en su casa de Melksham, en el condado inglés de Wiltshire, el 22 de agosto de 2012, una semana después de haber perdido un caso en el Alto Tribunal de Londres para que un médico lo ayudara a suicidarse. Su viuda, Jane, prometió que seguirá batallando en las cortes británicas para modificar la ley, “como parte del legado de Tony”. El Alto Tribunal de Londres había desestimado en agosto pasado un recurso legal en Inglaterra y Gales contra dicha ley presentada por Nicklinson, al indicar que esas decisiones dependen finalmente del Parlamento británico, que es el responsable de modificar legislación. La viuda de Nicklinson, que también asistió el pasado día 13 a las audiencias en la Corte de Apelaciones de Londres, se mostró esperanzada en ganar ahora su caso, y poner fin a un sistema, que según ella, es injusto para miles de personas en el país. “Esperemos que los jueces vean que la última vez no se hizo justicia y que tenemos derecho a una apelación”, destacó la mujer, de 48 años. Nicklinson, que había quedado paralizado por una apoplejía mientras realizaba un viaje de negocios por Atenas, en 2005, se negó a comer y contrajo neumonía luego de la “devastadora” decisión del tribunal inglés, que finalmente llevó a su muerte. Sostenía que la ley británica era incompatible con el derecho a que se respetara su vida privada y familiar bajo el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que él argumentaba incluía un derecho a la autonomía y la autodeterminación para morir. El abogado Paul Bowen, que representa tanto los casos de Nicklinson como el de Lamb contra el Ministerio de Justicia, sostuvo en los tribunales que el Alto Tribunal había rechazado ambos casos, porque “consideraba que era el Parlamento, y no las cortes, el responsable de cambiar la ley al respecto”. El jurista indicó además que el Tribunal Supremo “no decidió los temas substanciales en el centro de la cuestión”, acerca de si la ley actual “interfiere de forma desproporcionada” con los derechos de sus clientes, respecto del artículo 8 de la mencionada convención. Otros casos en el pasado incluyeron el de la inglesa Diane Pretty, quien había sido diagnosticada con una enfermedad terminal neuromotora y que finalmente falleció el 11 de mayo de 2002. La británica buscaba que las cortes le dieran a su esposo Brian inmunidad para ser procesado si la ayudaba a morir en un suicidio asistido. La mujer sufría además de esclerosis múltiple y había denunciado en los tribunales la falta de claridad en la ley de suicidio asistido en el Reino Unido. A pesar de haber ganado su caso, la ley no fue modificada. Tanto el grupo británico Scope, que defiende los derechos de personas discapacitadas, como entidades antieutanasia argumentan que la legislación actual protege a las personas más vulnerables de ser asesinadas, por ejemplo, en el caso de que haya herencias o fortunas disputadas de por medio. En Escocia no existe una ley específica sobre suicidio asistido, aunque en teoría una persona puede ser procesada bajo la legislación de homicidio. La ley en Irlanda del Norte es casi idéntica a la de Inglaterra y Gales. La eutanasia es ilegal en el Reino Unido. Cualquier persona hallada culpable de asistir en el suicidio de otro viola la ley y puede ser procesada por eutanasia o intento de eutanasia. Entre 2003 y 2006, el lord laborista Joel Joffe intentó en cuatro oportunidades introducir proyectos legislativos que legalizaran la eutanasia voluntaria, aunque en todos los casos dichas propuestas fueron rechazadas por el Parlamento británico. El debate actual por la eutanasia en Gran Bretaña ocurre cuando un mayor número de británicos religiosos se muestra a favor del suicidio asistido. Según un sondeo dado a conocer el pasado 30 de abril por el periódico inglés The Guardian, la mayoría de las personas creyentes en el Reino Unido apoya la eutanasia. La encuesta, elaborada por la consultora YouGov para el think-tank Westminster Faith Debates, y que consultó a 4 mil 500 británicos, concluyó que sólo entre los musulmanes y los bautistas existe una negativa mayoritaria a modificar la ley que prohíbe el suicido asistido. Por el contrario, indicó que la mayoría de los anglicanos, católicos, judíos, hindúes, sikhs, metodistas y pentecostales de Gran Bretaña están a favor de un cambio en la ley. Varios grupos cristianos reaccionaron con consternación ante los resultados del sondeo. Austen Ivereigh, del grupo de presión Catholic Voices (Voces Católicas), indicó que la encuesta “demuestra cuán poco expuesta está la gente creyente y practicante a las enseñanzas de la Iglesia”. “Sólo recuerdo haber escuchado tres homilías sobre el tema en todos mis años en la Iglesia”, indicó Ivereigh al Guardian. En ese sentido, un portavoz oficial de la Iglesia Protestante de Inglaterra consideró que el sondeo “demuestra que discusiones complejas sobre temas como el suicidio asistido y la eutanasia no pueden ser conducidas de forma efectiva a través del medio de sondeos online”. La encuesta indicó que la proporción de creyentes que sostiene que cambian de parecer con la ayuda de “líderes religiosos locales o nacionales” es de 2% entre los anglicanos, y de 9% entre los católicos. La mayoría de los creyentes confía en su propio juicio o justificación a la hora de tomar decisiones morales al respecto, y entre estos grupos hay un fuerte apoyo al cambio a la ley de suicidios asistidos. La impulsora del sondeo, Linda Woodhead, profesora de sociología de la religión de la Universidad de Lancaster (norte de Inglaterra), indicó por su parte que ni la edad ni el género sexual, como tampoco cuántas veces se va a la Iglesia, cambian significativamente la oposición a la eutanasia. Lo único que sí tuvo peso fue la teoría de que Dios o las enseñanzas de las Sagradas Escrituras ofrecen autoridad moral al respecto. De todos modos, esas actitudes fueron mantenidas por una pequeña minoría de creyentes británicos. “Para la mayoría de la gente, la muerte ya no es el último enemigo, aunque sí lo son el dolor y la pérdida de autonomía”, afirmó la experta, considerada como una de las principales eminencias mundiales en temas de religión y sociología teológica. “Y si sumamos la creciente convicción acerca de que los individuos tienen el derecho a decidir cuándo y cómo terminan sus vidas —82% en mi sondeo—, entre ellos un 75% de católicos, apoyan el cambio. Sumémosle el rol de los profesionales médicos y los resultados están a la vista”, concluyó. Los musulmanes que se opusieron al cambio de la ley consideran que la muerte debe ser producto de factores naturales y no una decisión de la persona, ya que según ellos, debe predominar por sobre todo la santidad de la vida humana. Los católicos se mostraron mucho más preocupados por los riesgos para las personas más vulnerables como razón para que no se cambie la ley. Lo cierto es que los casos en la Corte de Apelaciones de Londres marcarán un antes y un después en un debate que sigue generando muchas divisiones, pero que cada vez más está dejando de lado aspectos religiosos o espirituales, para priorizar cuestiones de salud, dignidad de la persona y calidad de vida.