BUENOS AIRES (apro).- La represión llevada a cabo por la Policía Metropolitana el pasado 26 de abril en el Hospital Borda, el instituto de salud mental más emblemático de la capital argentina, dejó un saldo de más de 50 heridos. Los agentes usaron balas de goma, gases lacrimógenos y golpes contra pacientes, médicos, enfermeras, legisladores, periodistas y manifestantes. El gigantesco operativo policial fue ordenado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del alcalde Mauricio Macri. Su objetivo era asegurar la demolición de un pabellón que forma parte del hospital psiquiátrico. El gobierno de la ciudad proyecta construir allí otro edificio —denominado Centro Cívico— para trasladar una parte de la sede de gobierno. Trabajadores y pacientes del hospital, activistas sociales y diputados de la oposición intentaron avanzar hacia el espacio vallado, tras el cual se oía el trabajo de la maquinaria de construcción. Sostenían que la demolición era ilegal, ya que la justicia —que tiene el caso en sus manos— aún no ha dado un fallo definitivo. Denuncian que detrás de la acción hay un solapado interés inmobiliario. “La Policía Metropolitana actuó de manera brutal, pero a la vez traspasó un límite, porque fue a cumplir una orden ilegal, que era destruir este edificio en el Borda, pero eso terminó a las diez de la mañana y siguieron reprimiendo durante muchas horas más”, dice a Apro el diputado de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Bodart. “Fue una acción ejemplificadora, como para decir: ‘Acá hay una fuerza a la que no le va a temblar el pulso para llevar a cabo los planes del gobierno de la ciudad’”. Alejandro Bodart es miembro del Partido Socialista de los Trabajadores y diputado del bloque Proyecto Sur en la legislatura de la ciudad. Fue una de las víctimas de la represión de la Policía Metropolitana y debió permanecer en observación hospitalaria. El 29 de abril presentó una denuncia penal y un pedido de juicio político contra el alcalde de Buenos Aires. La represión en el neurosiquiátrico podría entorpecer las ambiciones presidenciales de Mauricio Macri. Su intención de presentarse como candidato del arco de centro derecha en las elecciones de 2015 hoy se da por descontada. Al frente del Pro (Propuesta Republicana), partido político de tendencia liberal conservadora, Mauricio Macri gobierna la ciudad desde 2007. Su ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, fue interpelado en la legislatura un día después de los sucesos. Los sindicatos de trabajadores estatales, del metro y de maestros realizaron huelgas la semana pasada, en señal de repudio y de protesta. El gobierno de la ciudad fue duramente criticado por la presidenta Cristina Fernández, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Amnistía Internacional, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires y por miembros de la Iglesia católica. El gobierno de la ciudad, por su parte, sostiene que la Policía Metropolitana respondió a las agresiones de los manifestantes y anunció que va a iniciar causas penales contra quienes arrojaban piedras contra los uniformados. Goma y pimienta Poco antes del amanecer del 26 de abril, unos 300 agentes de la infantería de la Policía Metropolitana ingresaron al predio del hospital por un acceso trasero. Junto con ellos venían las cuadrillas de operarios y las máquinas. En el pabellón a demoler funcionaba el Taller Protegido 19, donde los internos ayudaban en la fabricación de camas, sillas, roperos y muebles de oficina. Rápidamente se cercó el sector con un vallado de láminas. Los pedidos de los médicos y trabajadores para saber quién estaba a cargo del operativo no encontraron eco. Tampoco se les mostró una orden judicial pertinente. Frente a las protestas de facultativos y pacientes, los agentes reprimieron con ferocidad. Poco después de las 9:00 horas comenzaron a caer piedras de un lado y balas de goma del otro. Un cordón de unos 20 legisladores se ubicó entre la Policía Metropolitana y los manifestantes. “A mí y a otros diputados nos fueron llamando los trabajadores del Borda para frenar esa locura, porque la represión se desató en el interior de un hospital neurosiquiátrico”, cuenta el legislador Alejandro Bodart. “Estábamos todos identificados con el carnet de diputados, intentando negociar con la policía para que frenaran esto y, en un momento, en el caso particular mío, me agarraron a palazos, el gas, que me cegó por dos horas, tuve que ser hospitalizado, balas de goma… balas que tiraban a la cabeza, algo que no está permitido porque puede provocar un muerto”, sostiene. “Le pegaron a la Defensora adjunta del Pueblo, a periodistas, pacientes, no se respetaba nada”. Y concluye: “Estamos ante una fuerza que está concebida muy antidemocráticamente.” Cuando los diputados caían al piso eran pateados y apaleados. Entre los que resultaron heridos o agredidos figuran también Rafael Gentili y Jorge Selser, integrantes del movimiento Proyecto Sur; Fabio Basteiro, de Buenos Aires Para Todos, y María Rachid, del Frente para la Victoria (kirchnerismo). Alejandro Bodart y Rafael Gentili fueron atendidos en una sala del mismo hospital, con un cuadro de alta presión y problemas en la vista. Fabio Basteiro recibió un balazo de goma en la pierna derecha y otro en la espalda, además de tener los ojos irritados por el gas pimienta. “Nosotros fuimos a tratar de generar un ámbito para discutir y analizar en forma pacífica esta situación de desarrollo represivo, y la policía de una manera irresponsable, indiscriminada, con una saña muy grande, empezó a tirar balas de goma, perdigones, balazos, todo lo que estaba a su alcance, tenían ganas de usar todo lo que gastan en armar a la policía”, dijo Basteiro el 29 de abril a la agencia Argenpress. “Esta es una situación de conflictividad que se podría haber canalizado en forma pacífica, se podrían haber tomado los recaudos legales, se podría haber esperado que la cámara se expida y se hizo todo lo contrario, se armó todo este aparato represivo a efectos de hacer una maniobra distractora y avanzar con la obra inmobiliaria, que es el negocio que quieren llevar adelante”, sostuvo. Los policías metropolitanos dispararon a mansalva y golpearon incluso a los pacientes del hospital neurosiquiátrico. Uno de ellos recibió 22 impactos de bala de goma. “El accionar de la Metropolitana fue muy violento. Destruyeron el pabellón 19, hay muchos heridos y hubo pacientes entre los manifestantes. Todo lo que han hecho es absolutamente ilegal”, sintetizó el psicólogo Gabriel Cavia, secretario general de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda, durante una entrevista con el Diario Z publicada el 26 de abril. Ni siquiera los militares durante la dictadura entraron al Borda sin avisar a los directivos. Cavia consideró “inaceptable que la Infantería actúe en un lugar donde hay pacientes siquiátricos porque les genera brotes y pueden salir lastimados, como efectivamente ocurrió”. La fuerza policial, lejos de mantenerse en la zona en la que se llevaría a cabo la demolición, avanzó hasta el patio central del hospital, llevando la balacera y los gases a un sector en el que transitan libremente los internos y el personal del establecimiento. El paciente J.T., internado involuntariamente en el Hospital Borda, recibió impactos de bala de goma en una costilla, la espalda y el cuello. La Defensoría General de la Nación formuló en su defensa una denuncia “por la posible comisión de los delitos previstos y reprimidos por el artículo 144 bis inc. 2 del Código Penal”, el cual se refiere “al funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales”. Uno de los fotorreporteros más conocidos en el medio periodístico, José Pepe Mateos, del diario Clarín, recibió un tiro de goma en el mentón. Poco después sufrió una detención temporaria, que hizo recordar el accionar de las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar. “Llegué a eso de las 9:30, ya habían sucedido los primeros enfrentamientos. Ahí se arma otra vez y me pegan en el mentón con una bala de goma. Muchos colegas recibieron impactos”, contó Mateos mientras permanecía en observación en el Hospital Británico. Más tarde, Mateos avanzó junto a otro fotógrafo para intentar hacer la foto del Taller Protegido 19. “Se nos viene la policía encima —contó—. Nos decían que nos fuéramos pero quería hacer la foto del edificio que estaban derrumbando, si el tema era ese”. El fotógrafo fue reducido y tirado al piso. Se golpeó la cabeza y cayó sobre la cámara. Le clavaron una rodilla en la espalda y lo esposaron. Cuando lo llevaban detenido pidió a otro de los policías que le quitara las esposas para comunicarse con el diario. Fue liberado antes de que lo trasladaran a la comisaría. En total fueron 17 los periodistas que recibieron impactos de balas de goma. El que se llevó la peor parte fue Mario Ricci, camarógrafo del canal C5N. El profesional tuvo que ser intervenido quirúrgicamente después de haber recibido algunos impactos en el brazo desde muy corta distancia. También resultaron heridos o afectados por los gases Mario Otero (C5N), Alberto Samudio y Sebastián Vázquez (Telefé), Carlos Torres (Canal 13), Soledad Larghi (América), Fabián Alasi (Crónica TV), Gabriel Eiriz y Leonardo Piccone (Télam), Patricio Tejedor (FM La Tribu) y reporteros de La Nación, CN23, Canal 26 y el Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes. Hubo al menos 20 civiles hospitalizados por ataques con perdigones de goma, cachiporras, gas pimienta y patadas. Entre los ocho detenidos de ese día había dirigentes sindicales y familiares de pacientes. Fueron acusados de atentado y resistencia a la autoridad y liberados horas después. Más de 15 abogados de distintas organizaciones de derechos humanos se preocuparon por su suerte. “No tenemos que ceder a los violentos”, justificó esa misma tarde el jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri. El alcalde alegó que la policía había sido agredida a pedradas. Según la vicejefa de Gobierno de la ciudad, María Eugenia Vidal, hubo “nueve policías heridos, uno a punto de perder el ojo y otro de gravedad”. Antes de que cayera la noche, un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad consideró que el procedimiento había sido ilegal. Multó con 20 mil pesos a los funcionarios responsables. Reimplantó una medida cautelar que le prohíbe al gobierno realizar obras hasta que se resuelva la cuestión de fondo. La multa confirmó que el ingreso de la policía al hospital y la demolición del Taller Protegido 19 se realizaron sin autorización judicial. El proyecto para construir parte del Centro Cívico en ese predio del Hospital Borda había sido detenido por una medida cautelar de octubre de 2012. En diciembre, la Sala II de la Cámara en lo Contenciosos Administrativo y Tributario ratificó la decisión. El pasado 19 de febrero la jueza Andrea Danas levantó la cautelar que frenaba la obra. Aunque el fallo fue apelado, el gobierno de Macri se aferró al mismo como si fuera definitivo. Negocios Los críticos del traslado de la sede del gobierno porteño a ese predio del Hospital Borda sostienen que Macri quiere hacer un gran negocio inmobiliario. La instalación del Centro Cívico sería un acto estratégico para incentivar el desarrollo inmobiliario en la zona, muy cercana al centro de la ciudad, pero a la vez muy postergada. Muy cerca de allí se piensa erigir el proyecto urbanístico Solares Santa María, llamado también el Dubái de Buenos Aires, un complejo habitacional y comercial de torres de lujo contra el Río de la Plata. Muy cerca está también la Isla Demarchi, donde el gobierno nacional impulsa la construcción de un gran Polo Audiovisual. “Acá hay un plan maestro de avanzar sobre las tierras, tanto de este hospital, que son 12 hectáreas, como del Hospital Moyano, que está al lado, que son 14 hectáreas, muy apetecibles para la construcción inmobiliaria”, explica el diputado Alejadro Bodart. “En esta ciudad se viene avanzando a ritmo violento con la construcción de grandes edificios de lujo para la especulación financiera —dice—. Este plan maestro tiene un primer punto inicial que es la construcción del Centro Cívico y el traslado de las oficinas. Como ha habido medidas cautelares que le impiden avanzar en un sector hospitalario, el gobierno de la ciudad está preocupado porque se le vencen los plazos con las constructoras. Eso fue lo que motivó a que, pasando por encima de una orden judicial, hicieran lo que hicieron el otro día.” El gobierno porteño sostuvo, a través de diferentes funcionarios y del propio Macri, que la policía se defendió a sí misma y a los operarios del ataque de los manifestantes. “El sindicato se niega a aceptar fallos judiciales”, aseguró la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal. La multa de 20 mil pesos impuesta luego por la justicia a los funcionarios, por su “mala fe procesal”, vino a desmentir sus dichos. El ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro, volvió a defender el accionar de la Metropolitana y afirmó que “no se trató de una protesta”, sino de “una agresión indiscriminada hacia el orden”. En ese sentido, precisó: “Había gente tirando con hondas”. Vidal, por su parte, sostuvo que el gobierno de la ciudad “analizará si hubo excesos por parte de la Policía Metropolitana” durante la manifestación y, en tal caso, “va a haber sanciones”. Aseguró, eso sí, que se denunciará penalmente a quienes arrojaron piedras contra la policía. Juicio político Las críticas contra el accionar de la Policía Metropolitana también provinieron de la Iglesia. “Lo primero que encontré al llegar al hospital fue a un paciente golpeado. Era como una película surrealista en un lugar donde hay mucho dolor y sufrimiento”, dijo el sacerdote Gonzalo Fernández, presente durante la refriega. “La locura —resumió— fue ver cómo les pegaban (a los internos).” El obispo auxiliar de Buenos Aires, Vicente Bokalic, expresó la solidaridad con pacientes, voluntarios y médicos del Hospital Borda, en una misa que presidió el 1 de mayo en la capilla del centro asistencial. Allí se rezó por el “respeto y cuidado de la vida” y para que el diálogo sea el “único camino para resolver conflictos”. Amnistía Internacional (AI) le dijo a Macri, a través de un comunicado, que las protestas sociales “son manifestaciones del ejercicio de libertad de expresión y de asociación que el Estado debe garantizar, ya que se encuentran protegidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que Argentina se encuentra obligada”. En ese sentido, recordó que “las autoridades deben asegurar que la fuerza sólo sea utilizada como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente”. Tanto el alcalde Mauricio Macri como su secretario de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, recibieron varias denuncias penales por el accionar de la fuerza de seguridad bajo sus órdenes. Uno de sus demandantes es el propio diputado Alejandro Bodart, que extendió la denuncia penal contra el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, y el jefe y subjefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez y Enrique Pedace por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, daños y lesiones. El diputado Bodart cree que el avance de la justicia en las investigaciones es importante. “Pero también creo que los diputados nos debemos un mecanismo constitucional, que es el de juicio político, para investigar la acción del jefe de gobierno”, sostiene. “Tenemos que avanzar en las responsabilidades políticas, porque acá hubo un gobierno que incumplió una orden judicial, ordenó una represión brutal para cumplir un acto ilegal y le caben todas las de la ley en relación a un juicio político”, dice. El Pro de Macri cuenta con 26 de los 60 escaños que tiene el cuerpo. El Frente para la Victoria, partido de la presidenta Cristina Fernández, es la segunda fuerza, con ocho legisladores. Bodart cree que si la oposición se mantiene firme el juicio político podría ser un hecho. “Ya hay algunos diputados del Frente para la Victoria que me han comunicado que van a adherir a mi propuesta”, sostiene. “Si el bloque como tal adhiriera, tenemos los 31 votos necesario como para avanzar en este proceso.” El nivel de represión visto en el Hospital Borda contrasta con la negativa a la represión inaugurada en Argentina en 2003. A partir de la llegada al poder en ese año de Néstor Kirchner, el gobierno nacional restringió severamente el uso de la represión policial en marchas y actos de protesta social. La presidenta Cristina Fernández, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que “sólo alguien que no está bien puede reprimir en un neurosiquiátrico”. Criticó también “la impresionante protección mediática” que recibió el gobierno porteño de Macri, tras la represión que desató la Policía Metropolitana contra pacientes, médicos, enfermeros, legisladores y periodistas que estuvieron en el hospital Borda: “Debería incluirse como materia en las facultades de comunicación social de todo el país”, escribió. La mandataria se preguntó también qué hubiera pasado si una fuerza de seguridad nacional se hubiese llevado esposado a un reportero gráfico de Clarín. Macri es un contendiente de tiempo completo de la presidenta. La política del Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, ha sido, como mínimo, oscilante. De hecho, el bloque kirchnerista sumó sus votos al de los del jefe de gobierno para avanzar en el traslado del centro cívico hacia el predio del Hospital Borda.