MÉXICO, D.F. (apro).- La Cámara de Diputados de Brasil rechazó la propuesta de la presidenta Dilma Rousseff de convocar a una Asamblea Constituyente para discutir una reforma política, en respuesta a las manifestaciones que sacuden al país. “La Cámara va a hacer ese debate, pero no quiere que sea por la vía de una Constituyente, porque eso retardaría más una discusión que el Congreso tiene que hacer y debe hacer”, declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves Alves, quien se comprometió a retomar el tema en el segundo semestre de este año. El legislador reconoció que Brasil “quiere una reforma política”, y muestra de ello son las multitudinarias protestas que desde hace dos semanas sacuden al país casi a diario. “Todas las propuestas que sean presentadas, sea por la presidenta o por la sociedad civil, serán bienvenidas” en la Cámara de Diputados, instancia que creará un grupo de trabajo para que, durante el segundo semestre, se pueda aprobar la reforma política, cuya discusión lleva más de 15 años. Justamente ése, abundó Alves, fue uno de los argumentos que usó Rousseff para justificar su propuesta, presentada el lunes en una reunión con alcaldes y gobernadores para dar respuesta a las manifestaciones. Además, los partidos políticos y el Poder Judicial han expresado sus dudas al respecto. Consideraron innecesaria la Asamblea Constituyente, sobre todo porque ya existen proyectos de reforma política que tramitan las cámaras. Ante esas reacciones, el gobierno dio a entender hoy que la propuesta de la Constituyente puede ser olvidada. Rousseff abordó el asunto hoy con el presidente del Colegio de Abogados, Marcus Vinicius Furtado, quien se opone a la convocatoria. “El gobierno parece convencido de que la propuesta de una Asamblea Constituyente no es lo más adecuado”, dijo Vinicius en declaraciones a periodistas. En tanto, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien estuvo presente en la reunión, dijo que el gobierno puede replantear su propuesta y convocar un plebiscito, pero sólo para que los brasileños opinen sobre la forma y contenido que debe tener la reforma política y para ello no es necesario instalar una Constituyente. Sindicatos aprovechan manifestaciones Con la finalidad de aprovechar el impacto que generaron las movilizaciones sociales registradas en Brasil en las últimas dos semanas, las principales centrales sindicales de ese país convocaron a los trabajadores a una jornada nacional de protestas y paralizaciones el próximo 11 de junio. La idea de los agremiados es reforzar la posición de los sindicatos ante el gobierno, en medio de la crisis social que atraviesa el país sudamericano desde hace dos semanas con las masivas manifestaciones en demanda de mejoras al transporte público, la salud, la educación, y contra la corrupción. Según un vocero de la Central Única de los Trabajadores (CUT), no se trata de una huelga general como se ha especulado en medios brasileños, sino de una “jornada de luchas”, que incluye paralizaciones, algunas huelgas y “muchas movilizaciones”, advirtió. El presidente de la Força Sindical, el diputado Paulo Pereira da Silva, afirmó que “será el ‘día nacional de lucha con huelgas y movilizaciones’ en todos los estados del país”. Las centrales sindicales consideran que la insatisfacción expresada por los brasileños también puede fortalecer las reivindicaciones de los sindicatos. “Nuestro papel será levantar las banderas de la clase trabajadora e incorporar las reclamaciones de las calles. Vemos con buenos ojos lo que está ocurriendo en el país”, dijo el presidente de la Conferencia Nacional de la Clase Trabajadora, Pascoal Carneiro. La gran movilización sindical fue acordada en una reunión que sostuvieron este martes en Sao Paulo los dirigentes de las principales centrales sindicales del país: Força Sindical, Unión General de los Trabajadores (UGT), Coordinación Nacional de Luchas (Conlutas) y Central General de los Trabajadores Brasileños (CGTB) y la CUT. Durante la reunión los sindicatos unificaron su posición de cara a la reunión que sostendrán este miércoles por invitación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Entre sus principales demandas de los sindicatos está la reducción de la jornada de trabajo hasta 40 horas semanales, la modificación de una ley que reduce las pensiones de quienes se jubilan prematuramente y la petición para que se archive un proyecto de ley que permite a las empresas ampliar el número de trabajadores tercerizados. Algunos sindicatos también exigen medidas para reducir la inflación, que los trabajadores ven como la principal preocupación actualmente. Las masivas manifestaciones también han sido aprovechadas por grupos de delincuentes que aprovecharon las movilizaciones para cometer ilícitos. Según la Policía de Brasil, un grupo de narcotraficantes que se localiza en el conjunto de favelas conocido como Complexo da Maré se enfrentó con policías, lo que dejó un saldo de ocho personas muertas, entre ellas un sargento. Según la policía, los incidentes comenzaron en la noche del lunes cuando la policía inició la persecución de un grupo de pistoleros que, aprovechando el final de una de las manifestaciones que desde hace dos semanas sacuden a Brasil, promovió una serie de asaltos en la Avenida Brasil, una de las principales vías de la ciudad. El enfrentamiento comenzó en la noche del lunes, tras el asesinato del suboficial y de un habitante de la barriada de Nova Holanda, que forma parte del conjunto de favelas Complexo da Maré. La policía realizó un operativo para ocupar el conjunto y buscar a los responsables por los homicidios. El operativo terminó en la madrugada de este martes con la muerte de otras cinco personas, que la policía identificó como miembros de una banda de narcotraficantes, y el arresto de otras dos. Además de los cinco supuestos narcotraficantes y de las dos víctimas del martes, otro habitante de la barriada que fue tiroteado la noche del lunes murió en un hospital por la gravedad de las heridas que sufrió. Los enfrentamientos y la ocupación policial obligaron a los comerciantes y a las escuelas de la región a cerrar sus puertas. El Complexo da Maré aún es controlado por bandas de narcotraficantes en Río de Janeiro, y es uno de los blancos de la política de “pacificación” del gobierno regional, que prevé la instalación de puestos policiales permanentes y la oferta de servicios públicos en barriadas pobres antes dominadas por pistoleros. La instalación de las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP) ha permitido la expulsión de organizaciones criminales antes dominaban importantes y extensas favelas como la Rocinha y las que forman parte del Complexo do Alemao. La meta del gobierno regional de Río de Janeiro es “pacificar” todas las favelas de la ciudad antes de los Juegos Olímpicos que la ciudad organizará en 2016.