MÉXICO, D.F. (apro).- La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) recolectó datos electrónicos de sus ciudadanos antes de ser autorizada para ese propósito y prosiguió con el espionaje a sabiendas de que era una actividad ilegal. Esa conclusión se desprende de tres dictámenes de la Corte para la Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISC, por sus siglas en inglés), desclasificados por el gobierno estadunidense y plagados de tachaduras. Los documentos, marcados con la leyenda top secret, revisan a detalle el funcionamiento de los programas de espionaje utilizados por la NSA y cómo éstos pueden acceder virtualmente a cada comunicación, dentro y fuera de Estados Unidos. De las tres opiniones judiciales, revisadas por Apro, la más importante data del 3 de octubre de 2011 y tiene una extensión de 85 páginas. En ella el juez de la FISC, John D. Bates, ordena a la agencia frenar la vigilancia de Internet de los ciudadanos estadunidenses y concluye que la recolección directa de operaciones en la red de redes con múltiples comunicaciones, y no a través de datos entregados por proveedores del servicio, es deficiente por cuestiones estatutarias y violatoria de la Cuarta Enmienda constitucional que protege la privacidad de las personas. Los envíos del gobierno para conseguir la revalidación de la autorización para vigilar, “dejan en claro que no sólo la NSA ha estado obteniendo comunicaciones de Internet desde antes de que la Corte aprobara la primera certificación en 2008, sino también que la NSA busca proseguir con esa recolección”, escribió el magistrado, quien ahora despacha en la Corte del Distrito de Columbia. La resolución de Bates era el objeto de deseo de organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EEF) y la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) que, desde 2012, litigaron para que el gobierno desclasificara el dictamen. El 5 de junio, el diario inglés The Guardian reveló que la NSA ha obtenido información de usuarios de la empresa Verizon Business Network Services, Inc. Un día después, esa publicación y The Washington Post dieron a conocer la existencia del programa secreto PRISM, a cargo de la NSA, mediante el cual se accede a correos, documentos, audios, video, fotos y contraseñas de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTal, AOL, Skype, Youtube y Apple. Los documentos desclasificados aluden al funcionamiento de ese software y veladamente a otros con propósitos similares. Su fuente fue Edward Snowden, de 29 años y exempleado de la empresa contratista Booz Allen Hamilton, quien entregó un dossier sobre el esquema de vigilancia y recibió asilo político por un año en Rusia. Desde la primera revelación no se ha detenido el flujo de información sobre las actividades de espionaje indiscriminado global que ha realizado Estados Unidos. La dependencia recolectó correos y otras comunicaciones cibernéticas de unas 56 mil personas durante tres años, y de hecho se dedicó a esa práctica mucho antes de que la Ley Patriota la autorizara en 2008. La NSA ya reveló que ha juntado 250 millones de cibercomunicaciones al año, de las que 9% proviene de intervenciones directas de Internet con hasta 25 millones de correos al año.   El procedimiento   El gobierno estadunidense presentó el 22 de abril de 2011 solicitudes ante la FISC para obtener ciertas comunicaciones telefónicas y electrónicas. El 2 de mayo de ese año la NSA envió la carta titulada Clarificación de la recolección directa de la Agencia Nacional de Seguridad acorde con la Sección 702 de FISA (Ley para la Vigilancia de Inteligencia Extranjera) al Tribunal para defender su petición y en la cual reconoció por primera vez la adquisición de transacciones completas. Tres días después, el 5 de mayo, el gobierno pidió extender hasta el 22 de julio de ese año el periodo de 30 días que tenía la Corte para revisar las certificaciones, lapso que concluía el 20 de mayo y a lo cual la Corte accedió. El 9 de mayo, la FISC pidió por escrito una serie de respuestas, pues consideró que las peticiones excedían el alcance de recolecciones previas. A partir de ese momento se generó una ronda de consultas que se extendió hasta septiembre de ese año. Según el documento, la Corte expresó su preocupación debido a que es la tercera ocasión en menos de tres años que el gobierno ha tergiversado los alcances del programa de la NSA que recolecta transacciones de Internet. En marzo de 2009, la Corte concluyó en que su autorización de la adquisición masiva de la NSA de registros telefónicos detallados había estado basada en una descripción manipulada de cómo la agencia usa esos metadatos –quién llama a quién, cuándo y cuánto dura la conversación-- y que esto se originó desde el inicio con el primer aval concedido en 2006, apoyada por repetidas declaraciones imprecisas contenidas en los envíos del gobierno. Contrario a las repetidas afirmaciones gubernamentales, la NSA había realizado rutinariamente búsquedas de los metadatos usando términos de búsqueda que no cumplían los estándares requeridos. La Corte concluyó en que este requerimiento había sido violado tan frecuente y sistemáticamente que “puede ser justo decir que este elemento crítico del régimen entero nunca ha funcionado efectivamente”. El gobierno describe una transacción de Internet como un complemento de paquetes viajando por la red que juntos pueden ser entendidos por un dispositivo, de una forma inteligible para el usuario de ese dispositivo. “La recolección directa es significativa, porque es capaz de adquirir ciertos tipos de comunicaciones seleccionadas conteniendo valiosa información de inteligencia extranjera. Los dispositivos obtienen transacciones de Internet y la NSA adquiere millones por año. La agencia no puede excluir algunas comunicaciones cibernéticas debido a los retos tecnológicos” inherentes a esa actividad, analizó Bates. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, la NSA obtuvo más de 13 millones de transacciones de Internet. De ellas, entre 996 y 4 mil 965 fueron comunicaciones múltiples que contienen una completa comunicación doméstica que no son de, hacia o sobre un objetivo seleccionado. El juez recalcó que “tanto en términos de su tamaño como de su naturaleza, la intrusión resultante es sustancial”. En vez de intentar identificar y segregar la información no elegida, protegida por la Cuarta Enmienda prontamente después de la obtención, arguye el magistrado, la propuesta de la NSA tiende a maximizar la retención de tal información y en consecuencia el riesgo de que será usada y diseminada. Bates reconoció que no es técnicamente posible para la NSA configurar sus dispositivos de recolección y su efecto práctico es que la agencia no puede saber en el momento en que obtiene una transacción de Internet si el remitente y todos los recipiendarios intencionales de cualquier comunicación dentro de las transacciones está ubicado dentro de Estados Unidos. La orden judicial pidió a la NSA resolver los problemas con el diseño de a quién puede buscar y cuáles datos pueden ser almacenados. La agencia aceptó mantener las comunicaciones por dos años, en vez de los cinco aplicados inicialmente. El 25 de abril pasado, el juez de la FISC Roger Vinson ordenó que Verizon entregara diariamente datos de más de 100 millones de estadunidenses, medida que expiró el 19 de julio y cuya renovación aún se ignora.   Ataque legal   ACLU, su fundación y sus filiales en Nueva York solicitaron el lunes 26 ante la Corte del Distrito Sur de esa ciudad que la NSA detenga su espionaje y no use los registros hasta la audiencia del caso programada para el 1 de noviembre. La querella 13-cv-03994-WHP, de 48 páginas, argumenta que el espionaje viola los derechos a la privacidad, a la libre expresión y asociación y excede la autoridad provista por el Congreso estadunidense mediante la Ley Patriota. La demanda, planteada inicialmente el 11 de junio de este año, está enderezada contra James R. Clapper, director de Inteligencia Nacional; Keith B. Alexander, director de la NSA; Charles T. Hagel, secretario de Defensa; el fiscal general Eric B. Holder, y Robert S. Mueller III, director del Buró Federal de Investigación (FBI). “Los empleados de los acusadores hablan rutinariamente por teléfono con clientes y clientes potenciales sobre la representación legal en demandas contra el gobierno. A menudo, incluso el mero hecho de que los acusadores se han comunicado con estos individuos es sensitivo o confidencial”, cita la demanda. El pliego resalta que los acusadores, clientes de Verizon, “reciben regularmente llamadas de, entre otros, informantes prospectivos buscando asesoría legal y empleados gubernamentales que temen represalias por sus ideas políticas”. ACLU ya recurrió a la Ley de Libertad de Información en busca de documentos gubernamentales sobre la interpretación legal y uso de la Sección 215 de la Ley Patriota y también ha presentado una moción ante la FISC para liberar sus dictámenes secretos con los que autoriza el programa de la NSA. También, el lunes 26 el gobierno estadunidense pidió a la Corte rechazar el caso, pues ACLU no puede probar que alguien accedió a sus registros. En febrero de este año la Corte Suprema desestimó el caso de inconstitucionalidad entablado por la ACLU en 2008 sobre los cambios introducidos a FISA con el argumento de que esa organización no podía probar que había sido monitoreada por el gobierno. Desde junio último han sido presentadas al menos cuatro demandas en contra de los programas de espionaje masivo.