TUCSON, Arizona (apro).- El miércoles 7 de agosto, tras 17 días de permanecer en prisión, nueve jóvenes indocumentados lograron lo que durante décadas congresistas, abogados y organizaciones activistas estadunidenses han intentado: utilizar las leyes de inmigración de ese país para solucionar la situación de quienes han sido deportados o han tenido que abandonar su vida en Estados Unidos para volver a sus países de origen. Los jóvenes mexicanos iniciaron el martes 22 de julio la acción de desobediencia civil más radical que ha realizado el movimiento Dreamer. Caminando desde el lado mexicano hacia la garita que conecta las ciudades de Nogales, Sonora, y su homónima en Arizona, Lizbeth Mateo, Lulu Martínez, María Peniche, Adriana Gil, Claudia Amaro, Marco Saavedra, Mario Gómez, Luis León y Ceferino Santiago hicieron saber a quienes se encontraban en el lugar, incluidos los oficiales de inmigración, que eran indocumentados, que no sentían vergüenza de serlo, y que tras haber regresado a México por diversas razones —algunos semanas atrás, otros hace años; algunos debido a una deportación, otros por motivos personales¬— deseaban regresar al país que los vio crecer y que consideran suyo. Los Dreamers son los jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos sin documentos cuando eran menores de edad, que han hecho toda su vida en ese país, y que vagamente recuerdan el país de origen. El nombre del movimiento tiene su origen en la iniciativa de ley DREAM Act, presentada en 2001 por el senador Richard Durbin ante el Congreso de Estados Unidos. De ser aprobada, esta ley regularizaría la situación migratoria de los jóvenes para permitirles, entre otras cosas, el acceso a los apoyos financieros necesarios para cursar la educación superior y la posibilidad de contar con un permiso de trabajo una vez que finalicen sus estudios. La ley, que beneficiaría a 1.7 millones de jóvenes, ha sido sometida a votación en varias ocasiones y hasta ahora no ha sido aprobada. Coreando la consigna “Undocumented and unafraid!” (¡Sin documentos y sin miedo!), los nueve muchachos, que vestían togas y birretes de graduados como símbolo de su aspiración a convertirse en profesionistas en Estados Unidos, llegaron al cruce fronterizo e hicieron saber que buscaban reingresar al país, para lo cual solicitaron una visa humanitaria. El protocolo de inmigración establece que, ante esta solicitud, y dada la intención expresa de permanecer en territorio estadunidense, los solicitantes deben ser detenidos mientras la autoridad da una respuesta. Margo Cowan, abogada del condado de Pima, Arizona, tomó en sus manos el caso de los jóvenes y, en conjunto con la dirigencia de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (The NIYA), diseñó la estrategia legal. Asumiendo que la visa humanitaria les sería negada, preparó las solicitudes de asilo político para los nueve jóvenes bajo el argumento conocido en inglés como “credible fear”: un temor fundado con base en una amenaza a la integridad física o psicológica de la persona en caso de permanecer fuera de territorio estadunidense. Los agentes abrieron la reja de la garita, los dejaron ingresar, y ahí los esposaron y los subieron en vehículos de la Patrulla Fronteriza para llevarlos al centro de detención de Eloy, entre las ciudades de Phoenix y Tucson. Durante las siguientes dos semanas, los nombres de los nueve Dreamers, conocidos en redes sociales como #Dream9, darían la vuelta al país y generarían una ola de opiniones a favor y en contra por el uso de la agresiva estrategia. Desobediencia civil La estrategia seguida por este grupo forma parte del movimiento de desobediencia civil iniciado por la organización Dreamactivist, integrante de la red The NIYA, en 2010. Ante la falta de consenso en el Congreso estadunidense para aprobar la iniciativa DREAM Act cuando fue presentada por última vez, en diciembre de ese año, los jóvenes iniciaron una serie de acciones para llamar la atención de los medios de comunicación y llevar sus historias ante la opinión pública y a la agenda nacional. El principio rector de Dreamactivist consiste en que la organización de la comunidad indocumentada y la construcción de una red sólida pueden ser suficientemente poderosas para detener la deportación de los inmigrantes indocumentados. Para demostrar este punto, Dreamactivist organiza acciones consistentes en el bloqueo de avenidas o en la “toma” de oficinas de gobierno, con el fin de provocar el arresto de sus integrantes. Los jóvenes suelen portar camisetas y corear consignas en las cuales dejan claro que son indocumentados. En un entorno en el cual carecer de documentos es un estigma que acarrea vulnerabilidad ante las autoridades migratorias, el reconocimiento público del estatus requiere de valor y se vuelve noticia. Los activistas han echado mano de dos herramientas para que estas acciones no terminen en una deportación, el resultado común cuando se arresta a un inmigrante que no puede probar su presencia legal en el país. La primera es el uso político del llamado “Memorandum Morton”, un documento emitido en 2011 por el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, en donde se establece que se aplicará la discreción del fiscal (prosecutorial discretion) en los casos de deportación de jóvenes que hayan sido traídos al país siendo menores de edad, para dar prioridad a otros casos que representen un riesgo para la seguridad del país. La segunda herramienta es una sólida red de activismo y cabildeo, que se hace cargo del trabajo mediático y de negociación en Washington, D.C., para lograr la liberación de los detenidos. Cuando a pesar de ser público su estatus migratorio los jóvenes son liberados, la organización logra su objetivo: enviar el mensaje de que aún sin documentos, una persona puede estar segura y salir victoriosa si cuenta con los argumentos legales adecuados y forma parte de una red bien organizada. Desde 2010 a la fecha Dreamactivist ha realizado más de 20 acciones de desobediencia civil; en todos los casos los activistas indocumentados han sido arrestados, y en ninguna ocasión estos arrestos han finalizado en deportación. La del 22 de julio fue su acción más reciente y la más radical; es también la primera en su tipo en la historia del movimiento proinmigrante en Estados Unidos. Para realizarla, The NIYA contactó a cinco Dreamers que habían salido de Estados Unidos y que habían tratado de rehacer su vida en México sin éxito. Luis León, de 20 años de edad y originario de Veracruz, llegó a Estados Unidos a los cinco años de edad y vivió en Carolina del Norte hasta 2011. Tras sufrir una deportación e intentar volver de manera ilegal en cuatro ocasiones, todas sin éxito, no dudó un momento cuando le explicaron en qué consistía el proyecto: él y sus compañeros buscarían ser detenidos y encontrar un recurso legal para permanecer en el país, corriendo el riesgo de que su tiempo en prisión se prolongara indefinidamente, y que al final les fuera negada cualquier posibilidad de audiencia y tuvieran que regresar a México. Al igual que Claudia, Adriana, Ceferino y María, Luis dijo que sí. Un sexto joven, Mario, se les unió en el último momento. A los seis chicos que ya se encontraban en México, se sumaron otros tres jóvenes indocumentados que, estando en territorio estadunidense, decidieron cruzar al lado mexicano para acompañarlos —uno de los principios de The NIYA es que jamás piden a otros que realicen algo que sus propios miembros no harían. En todas las acciones de desobediencia civil, al menos uno de los dirigentes de la red se somete al riesgo de arresto y deportación. Sin documentos y sin miedo Lizbeth Mateo, de 29 años de edad, llegó a Estados Unidos a los 14 años, procedente de Matatlán, Oaxaca. Lizbeth, fundadora de Dreamactivist y de The NIYA, ha vivido desde entonces en California. Hace dos años, su familia sufrió la deportación de su tío. Lizbeth inició entonces una campaña para evidenciar los efectos de la separación familiar. En junio pasado Lizbeth decidió que 15 años eran mucho tiempo sin ver a su familia en Oaxaca, y regresó para pasar unos días con ellos antes de intentar el reingreso por Nogales. “Estoy grabando este video desde México. Sé que pueden pensar que estoy un poco loca por hacer esto, por dejar Estados Unidos para venir; pero para ser honesta, creo que es aún más loco que haya tenido que esperar 15 años para ver a mi familia”, dijo ella en un testimonio que grabó en video y el cual circuló en YouTube unas horas antes de la acción del 22 de julio. “Lo hice no sólo por mí, sino por los miles que han sido deportados. 1.7 millones de personas han sido deportadas (durante la administración de Barack Obama) pero no son sólo esas personas las afectadas, sino 1.7 millones de familias. Vine a Oaxaca sabiendo que tal vez el gobierno de Estados Unidos no me permita regresar”. Al igual que Lizbeth, Marco Saavedra y Lulú Martínez salieron de Estados Unidos para regresar con el resto de los Dreamers. Así, los nueve fueron arrestados y llevados al centro de detención de Eloy, mientras la abogada Cowan presentaba las solicitudes de asilo. Contra los pronósticos de varios analistas, quienes consideraron que la acción de los chicos, particularmente los “autodeportados”, había sido suicida y que de ninguna manera podrían reingresar al país, el martes 6 de agosto se anunció que las nueve solicitudes de asilo serían recibidas por la autoridad de inmigración para su consideración, y que los jóvenes enfrentarían el proceso en libertad y en territorio estadunidense. El miércoles 7 de agosto los nueve Dreamers, sonriendo ampliamente y vistiendo sus togas y birretes, bajaron del autobús que los trasladó del centro de detención a la ciudad de Tucson. La abogada Cowan explicó que, dado que una solicitud de asilo requiere de la construcción de un expediente de cientos de páginas, el proceso es tardado; esto, sumado a la saturación en las cortes de inmigración estadounidenses, da por resultado que el tiempo promedio de resolución oscile entre los cinco y los siete años. Durante ese tiempo los jóvenes, que cuando salieron de Estados Unidos eran indocumentados, recibirán un permiso de trabajo y gozarán de estancia legal en el país. Cada uno de los casos fue sustentado a partir de las experiencias individuales. Claudia, por ejemplo, salió a los 13 años de edad de México debido a la persecución sufrida por su familia a manos de los asesinos de su padre. A los 30 años de edad volvió a México con su hijo, ciudadano estadunidense, debido a la deportación de su esposo. En Torreón, donde se asentaron, han sido víctimas de extorsión y de actos delictivos. Estos y otros elementos serán tomados en cuenta para evaluar su caso. Si una vez transcurrido el tiempo de proceso la corte niega el asilo político, el solicitante debe salir del país inmediatamente. Sin embargo, muchas cosas pueden pasar en este tiempo; entre otras, la aprobación de una iniciativa migratoria que, dependiendo de sus términos, podría beneficiar a los #Dream9. Cowan recordó que, al margen del proceso legal de los jóvenes, “la acción que realizaron no es un asunto sólo de asilo, sino un intento de detener las deportaciones; de llamar la atención sobre la separación de las familias que debe cesar”.