LONDRES (apro).- Cuando se cumplen exactamente 300 años desde la firma del Tratado de Utrecht que llevó a que el Peñón de Gibraltar pasara a manos británicas, la tensión diplomática entre los gobiernos de Gran Bretaña y España ha escalado a tal grado que amenaza con descarrilar las relaciones bilaterales. El conflicto se intensificó luego de varios meses de controversia por la actividad de pesqueros españoles en lo que Gibraltar considera aguas bajo su soberanía. El gobierno de El Peñón respondió vertiendo en esa zona 70 grandes piezas de hormigón con ganchos, que impiden que los pescadores españoles puedan faenar en esas aguas. España reaccionó a la maniobra incrementando los controles en la frontera, alegando un sospechoso aumento de la llegada de tabaco a la parte española, presuntamente fruto del contrabando. Esos controles generaron importantes demoras en el paso fronterizo, lo que enfureció al Reino Unido. Madrid también confirmó que considera una serie de medidas, incluido el pago de 50 euros para cruzar la frontera a Gibraltar, dinero que será destinado "a ayudar a los pescadores españoles afectados por la destrucción de zonas de pesca". El miércoles 7 el primer ministro británico, David Cameron, se comunicó telefónicamente con su contraparte español, Mariano Rajoy, para expresarle "serias preocupaciones" por la escalada de tensiones. Durante la breve conversación, que Cameron calificó de "constructiva", el primer ministro británico transmitió a Rajoy su intención de mantener la misma posición sobre la soberanía del Peñón, en tanto que el presidente del gobierno español calificó de "inaceptable" que Gibraltar haya lanzado de forma "unilateral" bloques de hormigón en aguas de la Bahía de Algeciras. Desde el número 10 de Downing Street se informó luego que en la charla Rajoy se comprometió a reducir la intensidad de los controles fronterizos, aunque dijo que éstos obedecen al cumplimiento de su obligación de control "para evitar tráficos ilícitos". Mientras el Ministerio de Exteriores del Reino Unido envió de inmediato un comunicado de tono amenazador, en el que confirmó que el gobierno de Londres defenderá Gibraltar "con todas las medidas necesarias para salvaguardar la soberanía británica". La conversación se realizó poco después de que el embajador británico en España, Giles Paxman, se reunió el mates 6 con el secretario de Estado de Exteriores, Gonzalo de Benito, en un encuentro de unos 45 minutos, en el que el británico trasladó a España una queja oficial por los controles fronterizos y su preocupación por las medidas de mano dura anunciadas por el gobierno de Rajoy. De Benito respondió que España se mantendrá “firme” en la defensa de sus intereses, especialmente los de los pescadores Rápidamente la cancillería británica emitió un comunicado, en el cual afirma: “El primer ministro ha dejado claro que nuestra posición sobre la soberanía de Gibraltar y las aguas que lo rodean no va a cambiar. También ha reiterado, tal y como anteriormente acordaron el primer ministro y el señor Rajoy, que esa cuestión no debería dañar las relaciones bilaterales. Sin embargo, hay un riesgo real de que eso ocurra a menos que mejore la situación en la frontera”. También resaltó la voluntad de resolver "por medios políticos" las diferencias entre ambos países acerca de Gibraltar, aunque reiteró que "el primer ministro ha dejado en claro que el gobierno británico va a cumplir sus compromisos constitucionales con el pueblo de Gibraltar y no va a aceptar compromisos acerca de su soberanía". "Nuestras diferencias con España sobre Gibraltar se resolverán por medios políticos a través de nuestra relación con España como socios en la UE (Unión Europea), no a través de medidas desproporcionadas como los retrasos en la frontera que hemos visto durante la semana pasada", agregó el comunicado. En una entrevista con el diario español ABC, el ministro de Exterior José Manuel García-Margallo, señaló hace dos semanas que España considera cobrar por el ingreso o salida a Gibraltar a través de su frontera. García-Margallo también destacó la posibilidad de otras iniciativas, como la investigación impositiva a propiedades de unos 6 mil gibraltareños en regiones vecinas en España, y el cierre del espacio aéreo español para vuelos con destino al peñón de Gibraltar. Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, acusó al gobierno de Madrid de "dar sablazos" belicosos. "Las cosas que García-Margallo ha dicho hacen pensar más al tipo de declaraciones que uno escucha de Corea del Norte que de un socio de la UE", sostuvo el funcionario gibraltareño en declaraciones a la radio 4 de la BBC el martes 6. "Lo hemos visto antes durante el régimen de Franco en los años cincuenta y sesenta, pero esperábamos que ese tipo de políticas nunca más regresarían", agregó. En tanto, el ministro de Exterior británico en la sombra, el laborista Kerry McCarthy, manifestó que imponer el cobro para el cruce a Gibraltar "será inaceptable" y pidió a la Foreign Office resistir cualquier medida de ese tipo. Graham Watson, el europarlamentario británico por la circunscripción del sudoeste de Inglaterra y Gibraltar, confirmó haberle escrito al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, quejándose por los comentarios de García-Margallo. El legislador pidió a Barroso "una intervención personal para detener semejante comportamiento objetable por parte de un gobierno de la UE que amenaza a ciudadanos europeos". "La Comisión Europea debe recordarle a Madrid sus obligaciones bajo las leyes de la UE", concluyó. En ese sentido, la Comisión Europea propuso a España la creación de una misión técnica para que observe sobre el terreno los controles en la frontera con el Peñón, con el objetivo de aclarar la polémica por los retrasos "supuestamente excesivos" que ha denunciado Gibraltar. Según el periódico inglés The Guardian, si la situación empeora y no se levantan los controles fronterizos, Gibraltar está preparada para lanzar acciones legales contra España tanto en la Corte Europea de Justicia como en la Corte Europea de Derechos Humanos. El matutino, que cita al primer ministro adjunto del Peñón, Joseph García, indicó que el gobierno gibraltareño está recopilando un dossier con “pruebas estadísticas” y “quejas individuales” por lo que califica de “inhumanas” medidas adoptadas por España en la frontera. El propósito de ese informe es recopilar datos para una posible denuncia contra España ante los tribunales europeos. “Estamos recolectando las quejas individuales en caso de que necesitemos tomar medidas sobre la base de que se hayan infringido derechos individuales. Las medidas españolas son totalmente inhumanas”, destacó García al diario londinense. Según The Guardian, el primer ministro adjunto de El Peñón es pesimista y cree que la situación “empeorará antes de mejorar”. Esta no es la primera vez que Gran Bretaña y España se enfrentan por el conflicto de Gibraltar. En junio pasado se reportaron disparos por parte de un buque de la Guardia Civil española a un jet británico que atravesaba aguas de Gibraltar. España disputa la soberanía británica del Peñón, ubicado en el sur de la península ibérica, que ha estado bajo dominio de Gran Bretaña desde 1713. Ese año y tras la firma del Tratado de Utrecht, también conocido como La Paz de Utrecht, el Reino de España bajo Felipe V entregó la soberanía del Peñón a Londres. El acuerdo cambió además el mapa político de Europa. Actualmente el Reino Unido, que cuenta con 14 territorios de ultramar, entre ellos Anguila, Bermudas, las Islas Caimán y el Territorio Antártico británico, también mantiene otra disputa territorial de alta resonancia, pero en el Atlántico Sur, con la Argentina, en este caso por la soberanía de las Islas Malvinas. Esas diferencias hasta hoy día sin resolverse llevaron a que ambos países se enfrentaran en abril de 1982 en una sangrienta guerra --ganada por las fuerzas militares de Margaret Thatcher-- en la que murieron 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños.