Honduras: La nota roja, un mecanismo de defensa para la prensa

SAN PEDRO SULA (apro).- Colón es un territorio agrícola y ganadero en la costa Caribe de Honduras­, con una geografía de más de 8 mil kilómetros cuadrados, montañosa y acuífera con espesa vegetación y abundantes ríos y pantanos. Se ha convertido en un lugar estratégico: es parada intermedia en el tránsito de sur a norte de la droga, de la mano de traficantes mexicanos y colombianos, según la policía colombiana y hondureña. Las plantaciones de Palma Africana encubren pistas clandestinas, antes usadas para la fumigación, y donde hoy aterrizan avionetas llenas de cocaína, de acuerdo con informes de las Fuerzas Armadas Hondureñas. Los líderes locales son los hermanos Javier y Leonel Rivera Maradiaga, en el pasado conocidos ladrones de vacas, y hoy millonarios terratenientes. Su grupo, Los Cachiros, supuestamente escoge candidatos y concierta pactos con autoridades municipales y policiacas, según un reporte emitido en mayo de este año de la oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Lo grave es que pocos conocían al grupo Los Cachiros fuera de esa región del país. Los periodistas no escriben sobre ellos, ni sobre zonas como el departamento de Colón, uno de varios en este país centroamericano donde decenas de caciques narcos han crecido con poco escrutinio de la prensa hondureña. No fue sino hasta junio de este año que residentes de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, conocieron los nombres de los hermanos Maradiaga y el de Los Cachiros. Lo mismo sucedió con otro personaje: José Handal Pérez, un reconocido hombre de negocios en San Pedro Sula, dueño de un emporio de tiendas de ropa, autopartes y restaurantes, a quien el Departamento del Tesoro lo considera un importante narcotraficante. Handal Pérez también fue objeto de amplios reportajes en la prensa nacional en abril de este año, identificado como transportista de drogas y a cargo de blanquear dinero del narco. Ambas historias salieron a la luz pública después de que en mayo y junio de este año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Los Cachiros y a Handal Pérez como importantes narcotraficantes hondureños. “Publicamos la información porque Estados Unidos nos envió los detalles”, explica sin titubear un director de un medio hondureño que pide no ser identificado. “Investigar eso en este país es muy complicado. No nos podemos arriesgar. Tampoco hay autoridades locales que nos puedan proporcionar los datos”. Honduras se ha vuelto un lugar de tránsito ideal para el narcotráfico internacional. El Estado se encuentra aparentemente inhabilitado debido a la corrupción y a que su fuerza pública no es confiable ni efectiva, según el reporte Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe, publicado en 2012 por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). En los cuatro años transcurridos desde que el presidente Manuel Zelaya fue depuesto (junio de 2009) y fue relevado por Porfirio Lobo, una crisis institucional anegó a Honduras, y el narcotráfico aprovechó para echar raíces, según el reporte de la ONU. Honduras tiene hoy la tasa de homicidios más alta del mundo: 91 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Las cifras se incrementan en territorios del norte del país, que es el corredor del tráfico de droga. El número de periodistas asesinados y atacados es también elevado para ser un país sin guerra. Los cárteles mexicanos —Zetas, Sinaloa y Golfo— han operado en Honduras desde hace tiempo. Dos grupos criminales colombianos, Los Rastrojos —con conexiones con Los Cachiros— y Los Urabeños también se pasean por el litoral de este país. Dos pandillas juveniles, o maras —la MS13 y la Mara 18, cuyos orígenes se encuentran en los jóvenes pandilleros deportados en los años 90 desde California—, controlan las periferias de las ciudades más importantes; ellas determinan quién entra y sale de los barrios. Ello sucede en, por ejemplo, La Ceiba, una de las importantes ciudades del litoral Caribe Hondureño. Las pandillas son subcontratadas por los cárteles para trabajar en el último escalón del comercio al menudeo o como sus soldados. Manejan el fuerte mercado local de distribución de drogas, según Naciones Unidas y fuentes policiacas hondureñas. Autocensura Sin embargo, los principales medios hondureños dejan al lector con la foto de los hechos, pero con poco entendimiento de lo que sucede en el país. Las notas son las típicas notas rojas, de hechos sangrientos, sin explicación ni contexto. La Fundación MEPI de Periodismo de Investigación, organización independiente con sede en el Distrito Federal, monitoreó y analizó la cobertura sobre los crímenes que durante 2012 realizaron varios periódicos de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Su objetivo: identificar cómo la prensa hondureña hace su trabajo y determinar el nivel de autocensura que podría existir en este país, donde 29 periodistas fueron asesinados en los últimos cuatro años, al menos 16 de ellos por razones relacionadas con su trabajo, según el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York. MEPI ha completado investigaciones similares en la prensa regional de México desde el año 2010. [gallery type="rectangular" ids="353306"] Con base en dicho análisis de contenidos, MEPI encontró que los medios hondureños tienden a escribir historias sobre crimen organizado, pero, como medida de protección, no identifican a quienes están detrás y mucho menos identifican a los barones de la droga en el país. Usualmente, los medios reportan los actos violentos de los pandilleros, pero evitan mencionar la presencia de grupos del narcotráfico internacional y sus conexiones con hombres de negocios, cuerpos de seguridad y grupos políticos locales. En entrevistas con editores, periodistas y analistas, que prefirieron el anonimato, el tema común fue el miedo y la fuerte presión que tienen los medios frente a una violencia que se ha desatado contra ellos. [gallery type="rectangular" ids="353307,353308"] El análisis mostró que siete de cada diez historias sobre crímenes publicadas en San Pedro Sula y Tegucigalpa no incluían detalles sobre las víctimas y los posibles motivos del crimen. La falta de información estadística se rellena con fotos de los cuerpos ensangrentados bajo titulares que anuncian: “Aparece muerto después de visitar a su madre”, “Meten a 3 hombres en bolsas plásticas y los ejecutan”, “Sacan a travesti de su casa para matarlo” o “Sale a hacer un mandado y después lo hallan muerto”. En el monitoreo, MEPI encontró suficientes elementos que describen una violencia de gran proporción y premeditación. 80% de los crímenes son cometidos con arma de fuego. Los cadáveres, según las notas, muestran señales de tortura —ante mortem— como los que emplean miembros del crimen organizado en México. Un gran número de cuerpos aparecen maniatados dentro de bolsas negras de basura. [gallery type="rectangular" ids="353309,353310"] En el mes de marzo de 2012, las notas periodísticas dieron cuenta de un crecimiento en el número de víctimas decapitadas y descuartizadas. Pero en ninguna de las notas se encuentra explicación alguna de por qué este nuevo método macabro en los asesinatos. Un periodista hizo referencia a que Los Zetas operan desde hace varios años en los departamentos de Honduras y que también se han establecido en los barrios donde operan los pandilleros. “Hace un año y medio comenzaron a aparecer los embolsados. Se relaciona esto a Los Zetas, pero el gobierno no lo reconoce”, explicó. [gallery type="rectangular" ids="353311"] Son comunes los mensajes de grupos criminales en los lugares de los crímenes. Al igual que ocurre en México, los mensajes pueden ser por la forma en que se asesina a las víctimas, o en cartulinas que se depositan al lado de los cuerpos. En 2012, varias víctimas aparecieron con un pie o una mano amputada, sin que las partes aparecieran en el lugar del crimen. Esta mutilación, según un analista criminal de El Salvador, podría significar que la víctima robó y se escapó, y es un aviso a los miembros de su grupo. La prensa hondureña publica los mensajes que los grupos criminales escriben en cartulinas. En México los medios optaron por no incluir estos detalles para no convertirse en portavoces de los criminales. Igualmente, los periódicos identifican la ocupación de las víctimas, pero nunca explican por qué ciertas ocupaciones son de alto riesgo. Los más expuestos son los taxistas, choferes de autobús, cobradores de autobuses y comerciantes. No había notas que cuantificaran las muertes o que explicaran qué hace el gobierno para mejorar la seguridad de personas que realizan este tipo de trabajo. [gallery type="rectangular" ids="353312,353313"] Cinco de cada diez asesinatos en el 2012 fueron cometidos por hombres en motocicleta, a pesar de que el gobierno prohibió que éstas transportaran a dos personas a la vez. Igualmente, las notas de prensa no identificaron a cuatro de cada diez víctimas. “Miedo, nervios y preocupación” Pocos entienden por qué la nota roja ha proliferado en el periodismo hondureño. Varios periodistas entrevistados mencionaron que es difícil escribir sobre la violencia en el país debido a la falta de información por parte de las autoridades, la escasa seguridad de los periodistas y el miedo a ser perseguido si se publican historias con muchos detalles. “Hace unos años —explicó otro periodista que cubre crímenes en Tegucigalpa— estaba de moda un bandido que se llamaba El Gato Negro. El individuo manejaba el narcomenudeo, pero si alguien lo identificaba en una nota, iba al medio de comunicación a preguntar quién fue el periodista y de dónde había sacado la información”. Muchas redacciones han vedado el ingreso de sus periodistas a barrios violentos en San Pedro Sula y Tegucigalpa, en las comunidades pobres acosadas por pandillas juveniles. Igualmente, son inexistentes los viajes a los departamentos de Olancho, Atlántida, Puerto Cortés (la Mosquitia) y Colón, donde se mueve el narcotráfico, y las noticias de esos lugares sólo aparecen en los apartados de noticias breves de los periódicos. “Es muy difícil cubrir sucesos en nuestro país. Los familiares no quieren hablar y por seguridad muchas veces no hacemos seguimiento de notas”, explicó un editor en Tegucigalpa. El debate ha causado mucho revuelo en varios sectores que se quejan de la violencia gráfica en los medios. “Está relacionada con la falta de capacitación de los periodistas. (Los medios) incluyen imágenes para vender más. Sí entienden el impacto que tiene en los lectores tanta violencia, pero no les importa,” dice un miembro de la oficina del Comisionado de Derechos Humanos en San Pedro Sula, que no quiso dar su nombre porque no estaba autorizado para hablar. De acuerdo con un sondeo realizado en marzo pasado por la compañía DLA Consulting Group, cuatro de cada diez personas encuestadas dijeron que después de leer la prensa quedaban con “miedo, nervios y preocupación”. Grupos de empresarios y líderes cívicos también se quejan de que los medios pintan una Honduras que no es real. Este debate fue aprovechado por el presidente Lobo, quien este año intentó introducir una legislación para regular a los medios y la cobertura de éstos sobre la violencia. Los medios y grupos internacionales de protección a los periodistas criticaron con dureza dicha legislación. La propuesta del gobierno intentaba regular los contenidos e incluir sanciones por la transmisión de violencia, la exaltación del crimen, la apología del delito y expresiones obscenas o cualquier atentado “contra la moral y las buenas costumbres”. En mayo pasado, los directores de medios pactaron una autorregulación que promueve valores y evita imágenes que “incitan al vicio y a la violencia”. Sin embargo, el presidente Lobo se sigue quejando de que algunos medios continúan lucrando con la violencia. Entre la espada y la pared A mediados de julio de este año, partes de un cuerpo despedazado y parcialmente quemado flotaban en una pequeña laguna entre los cañaverales de San Pedro Sula. Pertenecían a Aníbal Barrow, un comentarista de televisión que dos semanas antes fue interceptado y obligado a salir de su vehículo por diez hombres fuertemente armados, quienes también secuestraron a su chofer y a miembros de su familia, cuando circulaban por las calles de San Pedro Sula. Los familiares y el chofer fueron liberados. Barrow era íntimo amigo del presidente Lobo y era el segundo periodista con conocidos vínculos de cercanía con el mandatario que había sido asesinado de forma violenta en menos de dos años. En mayo 2012, el también reconocido periodista Ángel Alfredo Villatoro fue secuestrado y su cuerpo apareció dos semanas después vestido con un uniforme del escuadrón especial Cobra de la Policía Nacional hondureña. No se sabe si la vestimenta era un mensaje o un comentario, ya que unos días antes del secuestro de Villatoro, la policía suspendió la escolta que le brindaba seguridad. La información seria y fidedigna sobre los asesinatos de periodistas es escasa y sus móviles quedan sepultados entre suposiciones y opiniones, dice un editor. “A veces ahondamos demasiado en los casos, sin llegar a ningún punto”, señala. Otro periodista explica por qué muchos de sus colegas temen investigar los móviles de los crímenes: los autores de éstos pueden ser parte de una red en la que están conectados grupos políticos, periodísticos y del crimen organizado. Según periodistas y editores entrevistados en San Pedro Sula y Tegucigalpa, parte del problema de seguridad de los periodistas está conectado con la falta de información oficial de la policía y de otras entidades gubernamentales. Explican que el Instituto de Medicina forense rehúsa dar detalles sobre víctimas, y las jefaturas de policía sólo proporcionan escuetos comunicados de prensa. La falta de información por parte de las entidades del gobierno tiene varias causas. Una de ellas: la colusión de miembros del gobierno y de sectores de la policía con el crimen organizado, como ha sido reportado por el Departamento de Estado de Estados Unidos desde el 2010. Muchos hondureños creen que los grupos de seguridad están involucrados en prácticas de limpieza social y asesinatos de personas que les son incomodas al gobierno. Pero también existe una situación de seguridad complicada para los policías y otros funcionarios. Más de 120 agentes han muerto violentamente en los últimos tres años, de acuerdo con la Oficina de Derechos Humanos de Honduras e información policial. Incluso importantes funcionarios del gobierno corren peligro si hablan mucho. En Diciembre de 2009, seis meses después del golpe contra Zelaya, el entonces zar antidrogas, Arístides González, fue asesinado en Tegucigalpa tras anunciar que el gobierno iba a actuar contra la existencia de pistas de aterrizaje en el departamento de Olancho. González había ordenado investigar a un grupo aliado con el cartel mexicano de Sinaloa. La operación para asesinarlo fue coordinada por un traficante local.

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