MADRID (apro).- El expresidente español Felipe González aseguró que “la independencia de Cataluña es imposible”, porque “puede provocar una fractura política y social que costaría 30 o 40 años solucionar”. Durante el Foro de la Nueva Comunicación, en cuya sesión inaugural participó como presentador del presidente del Grupo Prisa (editor del diario El País), Juan Luis Cebrián, Felipe González fijó su postura en momentos en que persiste el debate sobre la independencia de Cataluña y mientras se realizan las negociaciones entre los gobiernos de Mariano Rajoy y el autonómico de Artur Mas para buscar una salida política al tema catalán. “La independencia de Cataluña es imposible, y galopar hacia un imposible puede provocar una fractura política y social que cueste 30 o 40 años solucionar”, puntualizó. A su vez, el periodista Juan Luis Cebrián señaló que Cataluña no tiene el poder legal para poder declarar la independencia por sus propios medios. Sin embargo, consideró que la salida a ese conflicto debe ser la reforma a la Constitución, a fin de resolver la aspiración de un nuevo modelo de financiamiento de esa comunidad autónoma, y que su identidad tenga un mayor reconocimiento. Sugirió que eso debe hacerse mediante un referéndum después de las próximas elecciones legislativas, previstas para 2015. De acuerdo con Cebrián, el presidente Rajoy está obligado a “convocar a las fuerzas políticas en un diálogo en el Parlamento y abordar la reforma de la Constitución en profundidad con la celebración de un referéndum después de las próximas elecciones legislativas” Rajoy “se equivoca si cree que con la mejora de la economía lo demás se resolverá”, advirtió el periodista. Al hablar sobre la nueva polémica surgida a raíz de la nueva operación del rey Juan Carlos de Borbón, que lo tendrá fuera de actividad hasta seis meses, pero ejerciendo la jefatura del Estado, Cebrián dijo que el monarca “lleva un año en el banquillo”, lo que provoca “alarma” en el estamento político español. El presidente Rajoy, agregó, debe estar al frente de un proceso de “mediación y arbitraje” que no deje en manos de la Casa Real todas las explicaciones sobre lo que pase con el monarca.