Alemania y la "migración de pobres"

viernes, 10 de enero de 2014
BERLIN (apro).- "Quien engaña, para afuera", reza el slogan que por estos días ha desatado un debate enardecido entre la clase política alemana por los tintes, dicen sus detractores, xenófobos y de derecha que hay implícitos en él, y porque además representa el primer gran desencuentro dentro la Gran Coalición que desde el pasado 17 de diciembre gobierna Alemania. El autor de la frase es la Unión Social Cristiana (CSU por sus siglas en alemán) de Baviera, el partido hermano de la canciller Angela Merkel, y el tercero en tamaño de los tres que conforman la Gran Coalición. Los otros son la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD). El polémico mensaje resume las intenciones de la conservadora CSU para imponer una línea dura en contra de la denominada "migración de pobres" de Europa del Este y está dirigido especialmente a los ciudadanos de Rumania y Bulgaria, quienes desde este 1 de enero gozan ya de libre circulación laboral en todo el espacio de la Unión Europea (UE). Y es que, para la CSU, la libre circulación laboral de la que ahora gozan los más de 27 millones de rumanos y búlgaros, a la que además tienen derecho por ser miembros de la UE, representa un riesgo para el sistema social alemán. El partido bávaro parte de una suposición falaz: que una oleada de rumanos y búlgaros --históricamente vinculados a la etnia gitana-- sin preparación y recursos llegará a suelo alemán con la única intención de beneficiarse del generoso sistema social alemán. Tanto Rumania como Bulgaria son parte de la comunidad europea desde 2007. Pero al igual que otros países, como Polonia o Portugal en su momento, han tenido que esperar siete años después de su ingreso a la UE para que la restricción de libre circulación laboral de sus ciudadanos se levante. Ésta concluyó justamente a partir del 1 de enero.   Atizar el miedo   "El continuo abuso de la generosidad europea por parte de la migración de los pobres pone en riesgo no sólo la aceptación de las medidas por parte de los ciudadanos, sino que también coloca a los municipios (alemanes) al límite de su capacidad financiera", señala el borrador de un documento con el que la CSU pretende restringir el ingreso de migrantes comunitarios a Alemania y que fue retomado con arduas críticas por la prensa teutona. En su demanda, los socios de la canciller Merkel pretenden que, de entrada, al migrante comunitario que decida instalarse en este país se le niegue durante los primeros tres meses de estancia el derecho a la asistencia social. Además, que en caso de que se compruebe falsedad o fraude en el proceso para obtener las ayudas sociales del Estado, se le expulse del país y se le prohíba de manera permanente un nuevo ingreso al país. "Quien engaña, para afuera", señala con claridad su eslogan. Especialistas en el tema, coinciden en que detrás de la campaña de miedo que ha lanzado la CSU en contra de la migración de pobres se encuentra una estrategia política que busca posicionar al conservador partido bávaro frente a las elecciones estatales que tendrán lugar en el mes de marzo y frente a las europeas a realizarse en mayo próximo. Y es que, las advertencias de las CSU son innecesarias y carecen de soporte estadístico que les den credibilidad. "No es la primera vez que la CSU intenta sobresalir con mensajes populistas y de poco nivel. Hay que tener en cuenta que es el partido más pequeño de la Gran Coalición y que sólo tiene arraigo a nivel regional en Bavaria. Con su posición lo que demuestra es ignorancia de los principios elementales de la Unión Europea y de las necesidades de la economía y demografía alemana", asegura en entrevista con Apro Petra Bendel, politóloga y directora del Instituto de Estudios de Área de la Universidad de Erlangen-Núremberg. Explica Bendel: "El mensaje de la CSU no toma en cuenta que la libre circulación de las personas es uno de los principios más valiosos de la Unión Europea. Las 'soluciones' que propone para la supuesta inmigración hacia los sistemas sociales tampoco son nuevas, sino que están ya claramente definidas en la legislación de la UE. Por ejemplo, los Estados miembros ya pueden restringir la libre circulación de las personas en el caso de que éstas abusen de los sistemas sociales y, bajos ciertas circunstancias, también pueden llegar a no permitir la remigración de una persona determinada si consideran que ésta representa un peligro para el orden público". --¿Coincide en que se trata de una estrategia política frente a las próximas elecciones? --No hay otra explicación. Y lo que espero es que los alemanes sean lo suficientemente inteligentes para no dejarse llevar por un debate que carece de fundamento y que tan sólo sirve para echar más leña al fuego a la causa de una minoría xenófoba.   Crisis entre socios   No ha pasado siquiera un mes de que la Gran Coalición comenzó a gobernar en Alemania y el debate generado por la CSU apunta a la primera gran crisis entre socios. Por un lado, la CDU de la canciller Merkel ha intentado asumir un perfil bajo en la discusión. La propia canciller ha mantenido un silencio absoluto respecto del tema, lo que incomoda y molesta a muchos, y se ha limitado a ordenar la creación de una comisión de secretarios de Estado que discutan el tema y definan una serie de medidas encaminadas a evitar que suceda lo que la CSU advierte. Los socialdemócratas (SPD), en cambio, han hecho evidente su molestia y crítica a sus socios de gobierno. El ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, dijo en declaraciones a la prensa que quien critica la libre circulación de trabajadores comunitarios daña no sólo a Alemania sino a toda Europa, ya que este rubro representa una parte irrenunciable de la integración europea. Además el político socialdemócrata reconoció que Alemania es quizás el país que más se beneficia de la fuerza laboral de los inmigrantes. El Ministerio de Trabajo, una cartera del SPD, se apresuró a demostrar con estadísticas que la denominada “migración pobre” no colapsa el sistema social alemán y que tampoco existen indicios que suponga una ola de migración proveniente de Rumania y Bulgaria.   ¿Apoyo social para todos?   Sin embargo, este viernes 10 el debate escaló y amenaza con cambiar la configuración del sistema social alemán. A partir del caso de una migrante rumana a la que se le negaron las prestaciones sociales por desempleo, la Comisión Europea consideró que Alemania tendría que estar obligado a proporcionar estos beneficios a todos los inmigrantes comunitarios desempleados que se muden a este país. Fue justamente el diario bávaro Süddeutsche Zeitung el que reveló este viernes un informe que la Comisión Europea envió al Tribunal Europeo de Luxemburgo y en el que se establece como ilegal la negación de parte del Estado alemán de otorgar la ayuda denominada Harz IV (que es el apoyo social que se otorga a alemanes desempleado de largo plazo y a aquellos cuyo sueldo es tan bajo que no les alcanza para subsistir) a los inmigrantes comunitarios. De acuerdo con el documento citado por Süddeutsche Zeitung, la Comisión Europea considera que los parámetros aplicados por la autoridad alemana no son compatibles con la legislación europea, por lo que además de insistir en que los inmigrantes comunitarios no debe ser excluidos de la prestación Harz IV, pide al Estado alemán analice de manera individual cada caso en el que se solicite tal prestación. La decisión resulta por demás polémica, ya que prevé que Alemania otorgue apoyo social (esto es, el dinero suficiente para vivir y pagar la renta de una casa) a los inmigrantes desempleados y que no necesariamente estén buscando reinsertarse en el mercado laboral.  

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