BUENOS AIRES (apro).- La disputa entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los sectores de poder que se le oponen transita por una etapa de suma aspereza. La batalla se centra en el ámbito de la justicia y tiene su soporte comunicacional en los medios masivos. El juez federal Claudio Bonadío investiga por presuntas irregularidades y lavado de dinero a la empresa hotelera que la familia Kirchner posee en la Patagonia. La denuncia surgió de una investigación periodística del Grupo Clarín. Desde el gobierno, por su parte, se ha denunciado por evasión fiscal a más de 4 mil empresas y particulares argentinos que tendrían cuentas no declaradas en Suiza. En la lista figura el Grupo Clarín, otros importantes holdings, personalidades del mundo empresario, financiero y político. La acusación se extiende al Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) y a sus directivos por supuesta evasión fiscal y asociación ilícita. El Congreso creará una comisión bicameral para investigar el hecho. El hotel Alto Calafate está emplazado a las afueras de la localidad homónima de la provincia de Santa Cruz. Pertenece a la empresa Hotesur, entre cuyos accionistas están la presidenta Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia. Desde las habitaciones, el gimnasio, la piscina o el restaurante del Alto Calafate pueden verse las laderas de los Andes y el agua celeste del lago Argentino. Para llegar desde Buenos Aires a la pequeña villa del Calafate hay que volar cuatro horas o viajar 2 mil 777 kilómetros por vía terrestre. El turismo internacional es atraído por el espectáculo inigualable que ofrece el glaciar Perito Moreno. El juez federal Claudio Bonadío investiga supuestas irregularidades en la empresa hotelera. Hotesur debe a la Inspección General de Justicia la presentación de sus balances de los últimos tres años. El magistrado investiga también la vinculación entre Hotesur y las empresas de Lázaro Báez. Báez es el principal adjudicatario de obra pública en la provincia de Santa Cruz y fue estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Una de sus empresas, Valle Mitre, estuvo a cargo de la administración del Alto Calafate hasta fines de 2013. Báez, a través de otras nueve empresas, “durante más de un año y medio pagó más de mil 100 habitaciones por mes en los hoteles de la familia presidencial sin usar esas reservas”, sostuvo el diario La Nación en su edición del 30 de noviembre. El alquiler de habitaciones vacías es “una maniobra básica de quienes buscan blanquear divisas ilegales”, señaló el diario Clarín el 29 de noviembre. “El constructor es investigado por lavado en Suiza, Uruguay, Estados Unidos y Argentina”. El juez Claudio Bonadio allanó el 20 de noviembre las oficinas de Hotesur en Buenos Aires. Solicitó y recibió de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las declaraciones juradas de Néstor y Cristina Kirchner, de sus hijos Máximo y Florencia, del empresario Lázaro Báez y su hijo Martín Báez. Bonadio también pidió a la AFIP información acerca de Romina Mercado, sobrina de la presidenta. Mercado aparece como directora titular de Hotesur. La investigación judicial contra la empresa hotelera de la familia Kirchner surgió a raíz de un informe televisivo del periodista estrella del Grupo Clarín, Jorge Lanata, La presentación judicial fue realizada por la diputada Margarita Stolbizer, del Frente Amplio Progresista. El juez Bonadío actuó desde el primer momento con diligencia. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que la acción forma parte de un “golpismo activo del Poder Judicial” contra el gobierno. Desechó las acusaciones por tratarse de “denuncias falsas sin ningún tipo de entidad”. El magistrado actuante no goza de buena reputación. Sobreseyó a diferentes funcionarios públicos acusados por corrupción durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Hay nueve expedientes por mal desempeño abiertos en su contra. El 2 de diciembre, el Consejo de la Magistratura multó al juez por dos de ellos. La sanción implica un descuento de 30% de sus haberes por un mes. Desde la oposición se denunció que lo que en realidad se busca amedrentar al juez para que no investigue. Cuentas secretas La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció al banco HSBC y a sus directivos por evasión fiscal y asociación ilícita. La autoridad fiscal argentina presentó la demanda en sede judicial el 28 de noviembre. La AFIP acusa al banco de facilitar la apertura y ocultamiento de 4 mil 40 cuentas de individuos y sociedades de argentinos en su sucursal suiza. Entre las cuentas atribuidas a individuos hay empresarios, banqueros, políticos, jueces y futbolistas. Se menciona a los banqueros Raúl Moneta (Grupo Moneta) y Sebastián Eskenazi (Grupo Petersen) y a Gustavo Grobocopatel, dueño del holding de soya transgénica Los Grobo. Entre las cuentas atribuidas a sociedades figuran varias empresas de primer orden, tales como Cablevisión y Multicanal –ambas del Grupo Clarín–, el Deutsche Bank, la distribuidora eléctrica Edesur, la cementera Loma Negra, la petrolera Bridas. El monto en depósitos, acciones y bonos supera los 3 mil millones de dólares. La AFIP accedió a la lista gracias a un convenio que tiene con Francia para evitar la doble imposición tributaria. La fuente original es Hervé Falciani, un exempleado del HSBC que entre 2006 y 2008 extrajo información sobre 130 mil clientes de la filial del banco en Ginebra. La información cayó en poder de las autoridades tributarias francesas. Suiza ha acusado a Falciani de “espionaje financiero, violación del secreto bancario, violación del secreto comercial y apropiación de datos relativos a cliente”. Las autoridades francesas, sin embargo, consiguieron recuperar mil 200 millones de euros a través del reclamo de los impuestos evadidos a los individuos y empresas que ocultaron sus fondos en Suiza. Compartieron además los datos con sus pares de España, Italia y Bélgica. El 25 de septiembre, la Dirección General de Finanzas Públicas de Francia envió a la AFIP un CD con los datos referidos a las cuentas de clientes de nacionalidad argentina. La información encriptada ofrece una foto de 4 mil 40 cuentas a diciembre de 2006. Entre los datos consignados figuran “los titulares de esas cuentas, la dirección en Argentina, números de contacto, actividades desarrolladas, profesión, fecha de nacimiento, tipo de vinculación con el banco, saldos y movimientos de cuentas bancarias, comunicaciones personales con el banco, cenas, almuerzos, correos electrónicos intercambiados y visitas al HSBC en Argentina y en Ginebra, y las relaciones con los intermediarios, apoderados así como los beneficiarios efectivos (familiares)”, refirió Página 12 el 30 de noviembre. La denuncia de la AFIP alcanza también a los responsables de “la plataforma facilitadora para la evasión”, conformada por apoderados, abogados, economistas y contadores que colaboraron en la elaboración de la red de sociedades y fideicomisos extranjeros. La tarea de estos “facilitadores” es crear complejas estructuras para ocultar la identidad de los titulares de los fondos depositados en Suiza. El expresidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, sería el apoderado de una cuenta a nombre de Amalia Lacroze de Fortabat, propietaria de la cementera Loma Negra y una de las personas más acaudaladas del país hasta su fallecimiento en 2012. Varios de los imputados por las autoridades tributarias rechazaron las acusaciones en su contra. Tanto los directivos del HSBC como los titulares y apoderados de las cuentas serán citados por el Congreso Nacional para explicar su situación. Así lo prevé el proyecto de ley de creación de una comisión bicameral en el Congreso, que el Senado podría convertir en ley el próximo 17 de diciembre. Se prevé que la comisión esté integrada por cinco senadores y cinco diputados. “El objetivo es evaluar si está instalada en el país una estructura destinada a facilitar la salida de capitales provenientes de la evasión tributaria y a ocultar las cuentas que reflejan la tenencia de esos activos en el exterior”, sostuvo Página 12 el jueves 4. La comisión prevé la elevación de un informe al Poder Ejecutivo y la eventual propuesta de futuras modificaciones legislativas. En el ámbito de la justicia, el avance es algo más lento. El fiscal Claudio Navas Rial recibió de la AFIP las 3.5 toneladas de documentación sobre los titulares de las cuentas. La causa aún no tiene un juez designado. El expediente había recaído en el juzgado en lo Penal Tributario a cargo de María Verónica Straccia. La magistrada se excusó porque su marido es abogado de directivos de la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, que figuran en el listado. El segundo magistrado interviniente, Javier López Biscayart, fue recusado por la AFIP por “enemistad manifiesta” con el organismo. Este juez investiga al constructor Lázaro Báez por un caso de presunta evasión impositiva. También la justicia suiza investiga la vinculación de Báez con algunas cuentas que, se sospecha, recibieron fondos no declarados.