Berlín, (apro).- Luego de meses de protestas y presiones por parte de organismos no gubernamentales y de la oposición en el Parlamento, el gobierno alemán concedió colocar candados de protección al Acuerdo de Seguridad que negocia con México, con el propósito de que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y la protección de datos personales. Así lo confirmó a Apro el Ministerio del Interior alemán, quien es la autoridad que, junto con su contraparte mexicana, la Procuraduría General de la República (PGR), negocia y redacta el citado convenio. "El trabajo conjunto que Alemania desea establecer con México tiene como objetivo fortalecer el estado de derecho y el mejoramiento de los derechos humanos. El gobierno alemán toma en serio los argumentos planteados en contra del Convenio de Seguridad entre ambas naciones y, en ese sentido, conduce las negociaciones de una forma responsable, poniendo especial atención al tema de la situación de los derechos humanos", aseguró a esta reportera Pamela Müller-Niese, vocera del Ministerio del Interior alemán. La funcionaria detalló que el actual borrador del convenio contiene “protecciones" que garantizarían los derechos humanos. Y explicó: “Así, en el documento queda establecido que el trabajo conjunto se da bajo la salvedad de la admisibilidad del derecho alemán. Eso significa, por ejemplo, que la transmisión de datos personales DE CRIMINALES no procederá si con ello se contraviene la ley alemana y además también en el caso de que los derechos humanos de la persona en cuestión (no necesariamente un criminal) estuvieran en riesgo”. “Por lo demás –continuó--, también analizamos si se requiere incorporar al acuerdo todavía más protección para garantizar la vigilancia de los derechos humanos". Y es que, desde los sucesos del pasado 26 de septiembre, cuando un ataque de la policía municipal de Iguala provocó la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, tanto organizaciones defensoras de derechos humanos como diputados alemanes levantaron la voz para exigir al gobierno alemán la suspensión del polémico acuerdo. El motivo: Alemania no puede negociar ni capacitar a la policía que viola sistemáticamente los derechos humanos de la población. En sendas cartas enviadas a la opinión pública y a las autoridades del gobierno federal alemán, la Coordinadora alemana por los Derechos Humanos en México --que aglutina a 15 ONG's alemanas-- ha exigido que se suspenda el convenio toda vez que --como el diario alemán TAZ Tageszeitung reveló-- existe la sospecha de que incluso se hayan utilizado armas de producción alemana en el ataque a los normalistas. Comprobado cuando menos ya quedó que la policía municipal de Iguala y su exalcalde José Luis Abarca tenían a su disposición indebidamente fusiles de asalto HK tipo G-36. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) señaló su preocupación de que un acuerdo de tal nivel y la transmisión de datos personales que éste puede contemplar, repercuta negativamente en la situación de los derechos humanos. Su temor se basa en su último reporte sobre tortura, en el que queda asentado que ésta práctica es todavía común entre las fuerzas del orden y las armadas de México. Al respecto, el Ministerio del Interior alemán aseguró que las limitantes que dentro del borrador del Acuerdo buscan la protección de los derechos humanos también serán aplicadas a lo relativo a la transmisión de datos personales. “El borrador del Acuerdo considera también una cláusula de protección de datos, que -entre otras cosas- contiene instrucciones sobre plazos de extinción, limitaciones de objetivos y obligaciones de documentación para asegurar un nivel de protección de datos y con ello garantizar un trato legal a los datos personales", aseguró Müller-Niese. Al tiempo que el gobierno de Angela Merkel realiza los ajustes al documento que planea firmar con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la oposición en el Parlamento alemán no deja de presionar sobre la situación en México y dicho Acuerdo. Tanto la bancada de Los Verdes como la de La Izquierda presentaron el jueves 18, por separado, tres mociones parlamentarias que tienen como propósito que el gobierno federal alemán suspenda las actuales negociaciones del citado acuerdo, así como forzarlo a adoptar una postura crítica ante los recientes sucesos de Iguala. Durante su presentación en la Tribuna, el diputado Verde Tom Koenigs hizo referencia a la investigación publicada por Proceso en su más reciente edición (número 1989 del 14 de diciembre) que señala que la Policía Federal no sólo tuvo conocimiento de los hechos de aquel 26 de septiembre en Iguala sino que presumiblemente también participó en ellos. Y aún más: reveló que ya la policía alemana ofreció a la mexicana, específicamente a la Policía Federal Ministerial, en mayo de 2014 un curso sobre "técnicas y métodos en operativos policiacos". “La PFM es una unidad de la Policía Federal mexicana creada en 2001 para conducir la lucha contra el tráfico de drogas. La pregunta que nos hacemos es de qué tipo de ‘técnicas y métodos’ hablamos y de qué forma se emplean en México. ¿Sabe el gobierno federal alemán, sabe alguien en este Parlamento, qué hacen realmente los alemanes cuando se involucran con México", criticó el diputado. Sin embargo, el gobierno federal alemán parece ver la situación de otra forma. Insiste en que la colaboración que existe sólo es a nivel federal, sin involucrar a autoridades estatales ni municipales y asegura además tener un riguroso cuidado en la elección de sus socios. "El gobierno federal asegura que en el marco del trabajo conjunto policiaco que realiza a través de los distintos convenios de colaboración y la cuidadosa selección de su socio cooperante, no se apoyan medidas policiacas ilegales. El acuerdo con México no abre la puerta para una cooperación ni con la policía de los estados ni con la policía municipal", concluyó la vocera del Ministerio del Interior.