Londres, (apro).- Gran Bretaña, principal nación aliada de Estados Unidos en la llamada “guerra contra el terrorismo internacional”, quedó gravemente implicada en el escándalo por torturas de agentes secretos de la CIA a detenidos bajo su custodia tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Las denuncias por supuesta complicidad de espías británicos en esos programas de interrogatorio provocaron que un comité de parlamentarios ingleses exigiera a las autoridades estadunidenses entregar cualquier material que documente supuesta participación del Reino Unido en dichos interrogatorios ilegales. El pedido fue hecho por el influyente Comité parlamentario de Seguridad e Inteligencia días después de que un reporte del Senado estadunidense concluyera que agentes de la CIA cometieron "actos brutales" contra sospechosos del grupo Al-Qaeda, incluidas prácticas de tortura. A comienzos de diciembre, la oficina ministerial del 10 Downing Street, residencia oficial del primer ministro en Londres, confirmó que ciertos materiales de ese reporte del Senado fueron retirados del documento que se hizo público a pedido del gobierno del Reino Unido, por razones de seguridad nacional. Sin embargo, aclaró que no se modificó ningún párrafo o apartado por supuesta participación británica en el maltrato de prisioneros. Hasta ahora el gobierno británico niega cualquier implicación del Reino Unido en prácticas de tortura, pero el Parlamento británico quiere investigar. El Comité realiza una investigación por el supuesto maltrato de detenidos por parte de agentes de la Inteligencia británica en la década después de los atentados de 2001 en Estados Unidos. Malcolm Rifkind, que encabeza ese comité de Inteligencia, escribió el pasado 14 de diciembre un artículo en el dominical inglés The Sunday Telegraph, en el que admitió que el grupo determinará si el gobierno o las agencias de seguridad trataron de redactar partes del reporte del Senado estadunidense que contenían información comprometedora para Londres. El parlamentario indicó además que el comité evaluará otros asuntos, incluidos el uso del territorio británico de ultramar en la isla de Diego García, en el Océano Índico, por parte de agentes norteamericanos que participaban de programas de interrogatorios a sospechosos. Rifkind dijo que el gobierno estadunidense deberá decidir si entrega el documento original como le pide el Parlamento británico, o si lo hace directamente el Senado norteamericano, pero a partir de la versión pública que es más reducida. “Estamos tomando las medidas necesarias que se suelen tomar para obtener información”, declaró el presidente del Comité. "Hay varias formas de lidiar con este asunto", agregó. “Si los agentes de Inteligencia británicos estuvieron presentes cuando los detenidos eran torturados entonces fueron cómplices en esas prácticas de tortura”, subrayó el parlamentario. Rifkind sostuvo que si existió complicidad "ello habría sido algo totalmente en contra de los estándares del Reino Unido, y por ende debería salir a la luz para ser conocido por toda la población". Tras ser consultado si tiene esperanzas que Estados Unidos entregará la información solicitada, Rifkind respondió: "No estoy muy confiado". Interrogatorios “brutales” Un sumario del reporte, de 525 páginas y que fue compilado por un comité de senadores demócratas, fue publicado la semana pasada en Washington. Sin embargo, la versión completa del documento sigue siendo clasificada como "top secret”. El reporte reveló que la CIA llevó a cabo interrogatorios "brutales" a sospechosos de terrorismo en los meses posteriores a los atentados del 11 de septiembre. Entre los abusos detalló prácticas de tortura como el método de "submarino", golpizas, posiciones estresantes, y privación del sueño. El documento detalló también que un sospechoso fue mantenido vivo durante horas dentro de una caja del tipo féretro, y que otros fueron amenazados física y psicológicamente durante interrogatorios. La CIA admitió que se cometieron "algunos errores", pero insistió que el programa de interrogatorios salvó vidas y fue "clave" para entender cómo operaba Al-Qaeda. Una versión del reporte fue finalizado en 2012, pero hubo muchos desacuerdos acerca de cómo debía ser publicado. Parte de ese proceso fue una "revisión de clasificación" por parte de la CIA acerca de qué información debía seguir manteniéndose en secreto. Cuando el informe fue publicado, el gobierno británico dijo que cualquier pedido de Londres para redactar el documento de la CIA no fue para encubrir casos de supuesta participación de agentes británicos en los programas de interrogatorios. Un pedido hecho por el grupo defensor de los derechos humanos Reprieve bajo la ley de libertad de información concluyó al comienzo de 2014 que funcionarios británicos se reunieron con integrantes del Comité parlamentario de Seguridad e Inteligencia en al menos 24 ocasiones desde 2009, aunque el contenido de esas reuniones no fue dado a conocer. Clare Algar, vocera de Reprieve, explicó que el primer ministro David Cameron había dicho previamente que sólo una investigación a cargo de un juez podría llegar determinar si existió o no una presunta complicidad británica en casos de tortura. "Y nosotros compartimos esa posición", destacó la activista y defensora de los derechos humanos. Mientras, el ministro de Defensa británico, Michael Fallon, convocó al exprimer ministro Tony Blair y al excanciller Jack Straw a que revelaran qué sabían acerca de los programas de “rendición extraordinaria” y de tortura por parte de la CIA cuando estaban al frente del poder. También podría ser llamado a declarar el excanciller David Miliband. "Es responsabilidad del gobierno laborista de esa época hacerse responsable por sus acciones. Esperemos que ellos cooperen con la pesquisa parlamentaria", subrayó. En respuesta al pedido, Straw dijo que "nunca" fue cómplice de procesos ilegales de la CIA. "Esas prácticas son asquerosas, ilegales y contraproducentes, como reveló el reporte del Senado", concluyó el excanciller, al confirmar que cooperará "enteramente" en caso de ser llamado a declarar. Investigación Para la ministra del Interior en la sombra, la laborista Yvette Cooper, el comité parlamentario británico no tiene el poder suficiente para ahondar en supuesta complicidad del Reino Unido en prácticas de tortura y por ello se mostró a favor de que se lance una pesquisa independiente. En ese sentido, el diputado conservador Andrew Tyrie, que presidente el grupo pluripartidario sobre rendición extraordinaria, pidió al gobierno de Cameron "que convoque a una investigación encabezada por un juez" ante la gravedad del problema. La investigación deberá tener amplios poderes para determinar el papel de Gran Bretaña en los programas de interrogatorios de la CIA. “Nunca pensé que en el siglo XXI mi país pudiera facilitar semejantes prácticas, pero lo han hecho. La cuestión es cuánto", dijo el legislador oficialista a la radio 4 de la BBC. La Policía Metropolitana de Londres había comenzado a investigar denuncias acerca de que los servicios secretos de Gran Bretaña ayudaron en la “rendición extraordinaria” de dos ciudadanos a Libia en 2012, y un legajo con esa información fue entregada por Scotland Yard a comienzos de este año a la Fiscalía de la Corona. Por su parte, el grupo defensor de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) lanzó una campaña para pedirle a la población británico le exija al gobierno que investigue si hubo o no complicidad en prácticas de tortura de la CIA. La iniciativa, titulada Tortura: el Reino Unido debe investigar su rol, la ONG destacó que la publicación del reporte del Senado estadounidense sobre las prácticas de la CIA “revela cómo los agentes utilizaron prácticas como el ‘submarino’, ‘alimentación anal’, ejecuciones simuladas, privación del sueño, posiciones de estrés y otros tratos crueles y degradantes con los detenidos”. “Pero aún no sabemos cuán profundo fue el vínculo del Reino Unido. Demandemos al gobierno británico que investigue adecuadamente la verdad”, reclamó AI. Según el grupo con sede en Londres, al menos 23 mil personas firmaron la petición para reclamar una investigación imparcial sobre el tema, aunque se precisan 28 mil firmas para que ese pedido se haga realidad. Amnistía destacó que las prácticas de tortura empleadas por la CIA con los detenidos “les provocó a los cautivos efectos horribles como alucinaciones, paranoia, insomnio e intentos de auto-flagelarse y auto-mutilarse”. “Pero la CIA y las autoridades de Estados Unidos no actuaron solas”, agrega la campaña. Al destacar que este año se cumple el 30 aniversario desde que se firmó la Convención contra la Tortura, AI indicó que llegó la hora que el gobierno británico investigue el papel que el país tuvo en el programa de torturas y rendiciones extraordinarias de presos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. “Muchas personas habrían estado sujetas a prácticas de tortura y rendición extraordinaria durante el programa global contra el terrorismo operado por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados tras los atentados del 11-S. Entre los aliados está el Reino Unido. Sin embargo, aún no sabemos la verdad”, agrega la ONG. Según Amnistía, aunque Cameron prometió una investigación a cargo de un juez, “ahora trata de engañar a la población británica al permitir una investigación completamente inadecuada en el Reino Unido, que no es ni independiente ni que está a cargo de un juez”, concluyó.