MÉXICO D.F., (apro).- En un proceso sin precedentes en España, la infanta Cristina será juzgada por haber participado como “cooperadora necesaria” en dos delitos contra la Hacienda pública cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin. En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares informó que impuso a la hermana del rey Felipe VI el pago de 2.6 millones de euros como fianza para asegurar sus responsabilidades pecuniarias. Cristina –que desde el momento de su imputación fue apartada de las actividades de la Casa Real– será juzgada junto con su marido y el exsocio de éste, Diego Torres, acusados ambos de haber malversado 6.1 millones de dinero público en el marco de un caso que se convirtió en uno de los paradigmas de la corrupción en España y causó indignación en un país hundido por la crisis. La Casa Real expresó su “respeto a la independencia del poder judicial”, luego de conocerse este lunes la decisión del juez José Castro, de los juzgados de Palma de Mallorca. El magistrado dictó juicio oral “contra 17 personas, entre ellas la infanta Cristina, como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda pública'' por algo más de 300 mil euros cometidos por su marido”, según el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Luego de asegurar que Cristina se encuentra “mal y sorprendida por la resolución'”, la defensa de la infanta, el abogado Miquel Roca, anunció que interpondrá una apelación, pese a que se trata de una decisión en firme. La decisión del juez José Castro concluye una larga instrucción que comenzó a mediados de 2010, como ramificación de otro caso de corrupción, cuando empezó a indagar sobre el Instituto Noos, una entidad sin ánimo de lucro presidida por Urdagarin entre 2004 y 2006. El magistrado sospechaba que el exmedallista olímpico de balonmano, convertido en hombre de negocios, podría haber malversado junto a Torres 6.1 millones de euros de dinero público, por medio de esa empresa. La indignación causada por el caso aumentó cuando en 2013 el juez imputó a la infanta Cristina, de 49 años, porque, en su opinión, colaboró “activamente” con su marido al utilizar con fines personales una parte del dinero malversado, mediante una “empresa pantalla”, Aizoon, propiedad de los dos esposos al 50% y subcontratada por Noos. Entre esos gastos personales, el juez había mencionado durante su instrucción “un curso de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar cuya conexión con las actividades de Aizoon (...) se antoja harto difícil”. Imputada en un primer momento por un delito de blanqueo de capitales, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca redujo los cargos a los delitos fiscales por los que será juzgada la infanta Cristina, pedidos por el sindicato Manos Limpias, que actúa como acusación popular. Este sindicato se ha quedado como único “acusador” de la infanta, en contra de la opinión de la defensa, de la abogacía del Estado y del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, contrarios a que fuera juzgada. “Si no llega a ser por la acción popular no se hubiera producido la imputación”, señaló Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, presentada como una organización de extrema derecha y que suele personarse como acusación en todos los casos por corrupción. Por su parte, Iñaki Urdangarin, de 46 años de edad, se enfrenta a una petición del fiscal de 19.5 años por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, dos delitos contra la hacienda pública y un delito de blanqueo de capitales.