LONDRES (apro).- "Las tecnologías de vigilancia no son simplemente instrumentos inofensivos. Si caen en malas manos, suelen utilizarse como instrumentos de represión. Las pruebas siguen demostrando el alcance de este comercio de carácter secreto que pone a incontables personas a merced de gobiernos que cometen abusos contra los derechos humanos". Así comienza la carta abierta elaborada por las organizaciones internacionales de derechos humanos y digitales Amnistía Internacional (AI), Digitale Gesellschaft, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Watch, el Open Technology Institute, Privacy International y Reporteros Sin Fronteras. Ese grupo de ONG’s puso en marcha este año la Coalición contra las Exportaciones de Vigilancia Ilegal (CAUSE), que busca controlar un comercio cada vez más sospechoso y de alto riesgo en el mundo. Titulada “Cause 2014: Carta Abierta a los Miembros del Acuerdo Wassenaar”, la misiva llamó a los principales exportadores de armas en el mundo a impedir que el material y las tecnologías de vigilancia se conviertan en instrumento de represión, llevando a violaciones flagrantes de derechos humanos. La carta fue enviada a 41 de los mayores exportadores de armas que se reunieron a puerta cerrada los días 2 y 3 de diciembre con motivo del llamado "Acuerdo de Wassenaar" sobre el Control de las Exportaciones de Armas Convencionales y de Bienes y Tecnologías de Doble Uso. Dicho foro secreto agrupa a 41 de las mayores exportadoras de armas del mundo, sin contar China e Israel, y normalmente las negociaciones se celebran a puerta cerrada en la Secretaría del Acuerdo de Wassenaar, radicada en Viena. La misiva de las ONG’s subraya que cada vez más aumentan los ataques selectivos contra defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados y otras personas cuando los programas espía (spyware), programas maliciosos (malware) y otros instrumentos de vigilancia caen en manos de gobiernos que cometen violaciones sistemáticas de derechos humanos. El spyware o programa espía es un software que recopila información de un ordenador y después transmite esta información a una entidad externa sin el conocimiento o el consentimiento del propietario del ordenador. "Este comercio a menudo da lugar a una vigilancia ilegal de la que suelen derivarse otras violaciones de derechos humanos, como intromisión en la intimidad, detención y reclusión arbitrarias, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, amordazamiento de la libertad de expresión, impedimentos a la participación política y represión de la disidencia dentro y fuera de Internet", dice. Los organismos defensores de derechos humanos y digitales reclamaron además a los gobiernos a negarse a conceder licencias de exportación de material de vigilancia a países donde el mismo probablemente se destine a cometer abusos, y donde no existen marcos legales de control y transparencia. También pidieron colaborar con las ONG en la elaboración de un marco jurídico internacional que incluya controles precisos y efectivos sobre el comercio de estos instrumentos. “Nosotros, los organismos firmantes, llamamos a los 41 gobiernos que componen el Acuerdo de Wassenaar sobre el Control de las Exportaciones de Armas Convencionales y de Bienes y Tecnologías de Doble Uso, a tomar acciones urgentes y resuelvan la alarmante proliferación de tecnologías de vigilancia disponibles por países represivos involucrados en violaciones sistemáticas de derechos humanos”, se lee en el texto. Para CAUSE, ese comercio “resulta en una vigilancia ilegal, que muchas veces ha llevado a más violaciones de derechos humanos”. La coalición destacó que aunque se tomaron pasos en 2013 para resolver este mercado global poco regulado, los gobiernos “no pueden dejar pasar este momento”. “Los gobiernos han incluido ahora tecnologías adicionales asociadas con software de intrusión, y monitoreo de dirección de IP en las listas de Bienes, Tecnologías y Municiones de Doble Uso, y están al tanto del impacto que esas tecnologías de vigilancia pueden tener en los abusos y violaciones de derechos humanos”, refiere la misiva. Y llama a modernizar controles de exportación “anticuados”, y a examinar de forma urgente tecnologías de espionaje para cables de fibra óptica, centros de monitoreo, y tecnologías de reconocimiento de voz y habla, “con el fin de determinar el impacto que éstas tienen en los derechos humanos y la represión interna, especialmente cuando son utilizadas por gobiernos que se sabe han cometido violaciones de derechos humanos”. “Las tecnologías evolucionan a un ritmo rápido y los gobiernos que abusan de los derechos humanos toman ventajas por las débiles regulaciones, producto de un pobre conocimiento de las tecnologías y sus capacidades”, específica. Bajo el sistema actual, los grupos defensores de derechos humanos y derechos digitales, como también expertos independientes externos, son excluidos de contribuir con su experiencia y conocimiento en el foro del Acuerdo Wassenaar. “El conocimiento y experiencias adicionales que la sociedad civil puede aportar a este debate son invalorables para este fin. Las negociaciones no deberían realizarse en foros a puertas cerradas, y por eso instamos a los gobiernos a vincularse con las organizaciones de la sociedad civil para ayudar a garantizar controles efectivos y precisos que reflejen los desarrollos tecnológicos modernos y no impidan investigaciones científicas y de seguridad legítimas”, destaca. Finalmente, indica que toda política de exportación vinculada a las tecnologías de vigilancia “deberían ubicar a los derechos humanos en el centro de sus debates”. Los gobiernos “deben ejercer una estricta política de contención y deberían negarse a otorgar licencias de exportación para tecnologías de vigilancia destinadas a países donde sean utilizadas de forma ilegal, es decir que no cumplan con los estándares legales de derechos humanos”. En ese sentido, reclama a los gobernantes de países exportadores “considerar las debilidades o ausencia de un marco legal apropiado en el país receptor, para garantizar que dicha transferencia no presente riesgos sustanciales de bienes y tecnologías en materia de violación o abuso de derechos humanos”. “Los gobiernos deberían ser también transparentes acerca de lo que exportan, a quién exportan y apoyen la creación de un marco legal internacional que lidie con las ventas y comercio de las tecnologías de vigilancia”, concluye la misiva. Tecnologías de vigilancia online en Gran Bretaña La carta fue dada a conocer días después que el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ), uno de los servicios secretos más poderosos y temidos de Gran Bretaña, lanzó una cruzada para ampliar las técnicas de vigilancia y control de individuos a través de las compañías Google, Yahoo, Facebook, Apple y Twitter, entre otras. El GCHQ acusó a dichas compañías de tecnología estadounidenses de haberse convertido en "las redes de control y comando preferidas de los grupos extremistas", incluido el Estado Islámico (EI) y Al-Qaeda. El director de esos servicios secretos, Robert Hanningan, sostuvo en un artículo de opinión del periódico Financial Times que las firmas de tecnología norteamericanas "están en negación" acerca de cómo sus servicios son abusados y dijo que deberían colaborar más con los espías para ampliar la vigilancia de individuos y grupos “sospechosos”. Hanningan también indicó que las agencias de seguridad en el Reino Unido necesitan de todo el apoyo "de las compañías tecnológicas más grandes de Estados Unidos, que dominan la web", para poder combatir el terrorismo y la amenaza del extremismo en el mundo. “Los grupos extremistas en Siria e Irak reciben con brazos abiertos el Internet", agregó el jefe del espionaje británico. Según el directivo, las grandes firmas de Internet "deben trabajar más de cerca con los servicios de Inteligencia", al aclarar que la privacidad "nunca fue un derecho absoluto" de los ciudadanos. “Esas firmas aspiran a ser herramientas neutrales de información y quedar fuera de la política. Pero cada vez más sus servicios son vehículos para materiales de extremismo violento, desde explotación infantil hasta el delito y el terrorismo", señaló. "Aunque no les guste, las compañías de tecnología en Estados Unidos se han convertido en las redes de comando y control preferidas de los terroristas y criminales, quienes descubrieron que esos servicios son revolucionarios, como ha ocurrido con el resto de nosotros", dijo el director del GCHQ. “El desafío para los gobiernos y sus agencias de Inteligencia es enorme, y sólo puede ser superado con una mayor cooperación del sector tecnológico. El GCHQ, como sus agencias hermanas MI5 y el SIS, no pueden superar estos desafíos sin un mayor apoyo del sector privado, incluidas de las compañías tecnológicas más grandes de Estados Unidos que dominan la web", subrayó el funcionario. Por ello, pidió a las firmas que dejen de cifrar información confidencial de los usuarios "para que sean de mayor acceso". El debate acerca de si las agencias de seguridad y espionaje deben poder acceder a información personal a través de redes sociales como Google y Facebook cobró mucha relevancia en 2013, luego que el ex técnico de la CIA Edward Snowden filtró detalles de programas masivos de vigilancia por parte de las agencias de Inteligencia estadounidenses a través del Internet y las llamadas telefónicas privadas. Snowden, quien recibió asilo temporal en Rusia, enfrenta cargos por espionaje debido a sus acciones. Los documentos confidenciales filtrados por el estadounidense se dieron a conocer a través del sitio Wikileaks, cuyo creador, el activista Julian Assange, se encuentra refugiado desde hace más de dos años en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar eventuales cargos de espionaje en Estados Unidos. El mes pasado, el ministro de Seguridad británico, James Brokenshire, se reunió en Luxemburgo con representantes de compañías como Google, Microsoft y Facebook, para discutir planes acerca de cómo combatir mejor el extremismo por Internet. Por su parte, Rachel O'Connell, ex directora del área de seguridad de la red social Bebo, dijo que los servicios secretos "están tomando una posición cada vez más polarizada". "Esto ha ocurrido especialmente tras el caso de Snowden, cuando nos dimos cuenta que los servicios secretos tenían acceso total a los contenidos en el Internet", admitió.