WASHINGTON (apro).- Grupos defensores de los derechos de los migrantes, en asociación con el poderoso sindicato AFL-CIO, exigieron al presidente Barack Obama utilizar su poder ejecutivo para suspender la deportación de indocumentados, sobre todo jóvenes y niños llevados por sus padres a este país. La demanda fue presentada de manera formal en folio de 41 páginas al Departamento de Seguridad Interna (DHS, por su sigla en inglés), en la que solicitan una ampliación del Programa de Acción Diferida. A través de ese mecanismo, recordaron, se evitó la deportación de por lo menos 2 millones de inmigrantes, quienes integran el grupo de los dreamers, jóvenes que llegaron de manera indocumentada a Estados Unidos siendo menores, y que incluso han cursado estudios secundarios y profesionales. La petición a Obama está sustentada en la Ley de Actos Procedimentales, a través de la que se solicita la expansión de la Acción Diferida. En agosto de 2012, Obama, haciendo uso de su autoridad ejecutiva, implementó la Acción Diferida por la que se beneficiaron unos 2 millones de dreamers menores de 30 años. Esta acción constitucional benefició sobre todo a los jóvenes indocumentados que terminaron estudios profesionales o secundarios (con intenciones de seguir cursos académicos); o a quienes prestaron servicio militar, todo condicionado a que los solicitantes carezcan de antecedentes penales. La petición al presidente Obama para frenar las deportaciones está empujada por la AFL-CIO, en coordinación con la Red Nacional de Jornaleros y la Escuela de Abogados Cardozo de Nueva York. Luego de entregar la petición al DHS, Dick Trumpka, presidente de la AFL-CIO, dijo en rueda de prensa que se requiere una medida que haga frente a la crisis migratoria que se vive en Estados Unidos. Además, recomendó a Obama parar las redadas que de manera indiscriminada realizan las autoridades migratorias en distintos puntos de la Unión Americana para capturar indocumentados y eventualmente deportarlos. La exigencia a Obama se enmarca en el debate que se está formulando en el Congreso federal, donde ahora el Partido Republicano en la Cámara de Representantes pretende proceder con un proyecto de reforma integral a las leyes de inmigración. La propuesta republicana, a diferencia de la demócrata que se aprobó el año pasado en el Senado pero que no tuvo eco en la Cámara de Representantes, no ofrece ciudadanía estadunidense por naturalización a los 12 millones de indocumentados que se estima se beneficiarían con la reforma migratoria. Sin embargo, el lunes, Al Mitch McConnel, líder de la minoría republicana en el Congreso, descartó que este año se apruebe un proyecto de ley de reforma migratoria integral.