La infanta Cristina comparecerá este sábado ante la justicia española por el caso Nóos

viernes, 7 de febrero de 2014
MADRID (apro).- La infanta Cristina de Borbón y Grecia, séptima en la sucesión por la Corona española, comparecerá este sábado en calidad de indiciada ante el juez de Instrucción 3 de Palma de Mallorca, para responder a las acusaciones por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en la investigación del llamado Caso Nóos. El juez José Castro la citó a declarar por su presunta participación en la trama corrupta por el uso de 6 millones de euros de fondos públicos (del gobierno valenciano y del balear) que su esposo, Iñaki Urdangarín, recibió por supuestos servicios. Esta es la primera vez que un familiar directo del rey Juan Carlos se sentará en el banquillo en una investigación judicial. Como dato paradójico, durante el interrogatorio la infanta Cristina tendrá de frente el retrato de su padre, el rey de España, en su calidad de jefe de Estado, que cuelga en la pared principal del juzgado –como casi todos en el país-, sobre la cabeza del magistrado. El tema de la declaración de la infanta –que recibe el trato legal de “alteza real” por ser hija del rey Juan Carlos- ocupa todas las mesas de debates políticos y periodísticos en España, y es noticia de carácter internacional, al grado de que hay acreditados 300 periodistas para la cobertura de su comparecencia. Al menos 200 elementos de la Policía Nacional, Guardia Civil y policía local estarán custodiando el evento y acordonarán al menos dos calles alrededor, donde se prevé que haya por lo menos siete protestas en contra de la monarquía y de la actuación de los Duques de Palma (Cristina e Iñaki). Pese a la presión de instancias de poder, incluido el gobierno central, el juez mantuvo su decisión de hacerla comparecer, de disponer que la comparecencia sea grabada en audio así como medidas de seguridad para evitar filtraciones, por lo cual prohibió introducir al juzgado celulares, computadoras o cualquier equipo de comunicación. El 7 de enero pasado, el juez Castro emitió un auto de imputación contra la infanta –de 227 folios—citándola para declarar el 8 de marzo porque encontró elementos que vinculan las finanzas personales de Cristina con los movimientos sospechosos entre el Instituto Nóos, una fundación sin fines de lucro, con Aizoon S.L., la sociedad patrimonial que los duques poseen a partes iguales. El magistrado encontró lo que denominó una “doble defraudación” y en la que Aizoon era utilizada solo como una entidad pantalla para evitar tributar ante Hacienda sus gastos personales haciéndolos aparecer como gastos de la empresa. Esta era la segunda imputación dictada por el juez, ya que la primera de abril de 2013 –de 15 folios—fue impugnada por el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach bajo el argumento que no veía indicios de delito cometidos por la infanta, una decisión que ha sido criticada debido al inusual papel de salir en defensa de una acusada y no en la persecución de delitos fiscales que afecten a la Agencia Tributaria. Aunque el sentir general es que el ministerio fiscal –dependiente del gobierno de Mariano Rajoy—está tratando de paliar las posibles penas contra la hija del monarca, el 7 de mayo de ese año, la Audiencia Provincial de Baleares suspendió la imputación de la infanta por decisión de dos de los tres magistrados. El 14 de mayo de 2013, el juez Castro ordenó a la Agencia Tributaria una nueva y exhaustiva indagatoria sobre la vida financiera de la infanta Cristina pero no solo en Nóos, sino sobre la sociedad patrimonial Aizoon, cuyo resultado fueron los indicios que encontró de delitos fiscales y blanqueo de capitales. En la misma causa, a su esposo Iñaki Urdangarín, imputado el 29 de diciembre de 2011, se le acusa por los presuntos delitos de evasión de impuestos, fraude fiscal, falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos públicos al percibir los referidos 6 millones de euros utilizando como instrumento el Instituto Nóos. El juez Castro ha sido objeto de una dura campaña de desprestigio desde la fiscalía y desde algunos medios de comunicación, marcadamente los diarios La Razón y ABC, así como radiodifusoras escoradas a una ideología más conservadora o monárquica. Esto llevó a la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria a denunciar la “intolerable y grosera campaña de desprestigio” contra Castro y el “silencio” del Consejo General del Poder Judicial al que insta a denunciar los hechos. Entre los elementos del entramado citados en el auto del juez destaca que los duques de Palma firmaron un “alquiler” ficticio de su sociedad Aizoon cuya sede social es el mismo domicilio de su residencia particular, el sofisticado palacete de Pedralbes, una exclusiva zona de Barcelona. Incluyeron gastos de viajes personales, fiestas de cumpleaños del duque y de uno de los hijos, clases de coaching para hablar en público o clases de salsa y merengue. Durante toda esta semana previa, la infanta –que ahora vive en Ginebra, Suiza, enviada por La CaixaBank, donde trabaja— permaneció en Barcelona con sus abogados, quienes la entrenaron para el interrogatorio. Ha trascendido que la hija del rey no se saldrá de su posición que desconocía la procedencia ilícita del dinero obtenido por su marido. Esto le podría beneficiar para que llegue al juicio sin ser acusada de ningún delito, pero sí como partícipe a título lucrativo, cuya consecuencia será devolver más de medio millón de euros, que es la tesis que maneja la fiscalía anticorrupción para darle una salida. En una encuesta publicada recientemente por el diario El Mundo, un 90% de los españoles consultados creía que “la justicia no es igual para todos” y rechazan abrumadoramente a la pareja (93% a Urdangarín y 64,8% a ella). La comparecencia de la infanta, según las palabras del juez citadas en el auto de imputación, tiene el propósito de “evitar que la incógnita se perpetúe”.

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