MÉXICO, D.F. (apro).- México se encuentra bajo presión de organizaciones ambientales y agencias estadunidenses por no impedir la muerte accidental de tortugas caguama o amarilla y se arriesga a enfrentar represalias comerciales desde Washington. A partir de 2013 han arreciado los señalamientos contra México, mientras el país y Estados Unidos negocian medidas para proteger a la especie. Ello sucede pocas semanas antes de que esos reptiles empiecen a arribar a las costas de Baja California Sur (BCS). El capítulo más reciente se relaciona con una carta de dos páginas enviada el 13 de diciembre de 2013 por 13 congresistas del Partido Demócrata a Penny Pritzker, secretaria de Comercio, y Kathryn Sullivan, administradora interina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) para indagar sobre las acciones realizadas por México para atender el fenómeno. “Nos gustaría pedir una actualización del estado de las consultas de la NOAA con el gobierno mexicano para abordar este problema creciente”, cita el texto, consultado por Apro. La misiva enfatiza que la amenaza principal a la supervivencia de las tortugas es la pesca mar adentro frente a las costas de México, y expresa preocupación porque “la creciente captura incidental es insostenible y podría acelerar el decaimiento de estas especies protegidas” al encontrarse en peligro de extinción. En enero de 2013 el Departamento de Comercio envió al Congreso el reporte bianual Mejorando el manejo de las pesquerías internacionales, en el cual el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS, por sus siglas en inglés) identificó por primera vez a México por actividades pesqueras que implican la captura incidental de recursos marinos vivientes protegidos (PLMR, por sus siglas en inglés). En total, NMFS, adscrita a la NOAA, nombró a 10 naciones involucradas en pesca ilegal y no regulada durante 2011 y 2012, basada en violaciones a la conservación internacional y medidas de manejo. Además de México aparecen, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, España, Italia, Corea del Sur, Tanzania y Ghana. Por eso, los congresistas preguntaron sobre la respuesta de México a ese informe, incluyendo “cualquier correspondencia oficial sobre el tema, qué soluciones están siendo consideradas por las partes, qué negociaciones se han llevado a cabo hasta ahora y la perspectiva y calendario para la resolución” del problema.   Captura incidental La tortuga caguama (Caretta caretta) anida y desova en las costas de Japón y cada año nada hasta el litoral del suroccidente de Estados Unidos y la Península de Baja California. Su arribo se incrementa de mayo a agosto, cuando los quelonios más jóvenes maduran y emprenden el regreso a playas niponas. Entre 15 mil y 20 mil ejemplares llegan a aguas mexicanas. Para éstos la mayor amenaza es la captura incidental por el uso de redes de arrastre y otros equipos marinos. A pesar de ser un fenómeno bien conocido, el país se ha demorado en aplicar las medidas correctivas. En 1990 México prohibió expresamente la captura directa e intencional de tortugas marinas. Además, la caguama se encuentra entre las variedades protegidas por los riesgos que penden sobre ella. En Estados Unidos esa tortuga fue originalmente enlistada como “amenazada” bajo la Ley de Especies en Peligro en 1978. En respuesta a una petición del Centro para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) y de la Red de Restauración Turtle Island (TIRN, por sus siglas en inglés), NMFS agregó en 2011 cuatro poblaciones, incluyendo la caguama del Pacífico Norte, al status “en riesgo de extinción”. NMFS ha reconocido nueve distintas poblaciones de tortugas caguama, incluyendo la del Pacífico Norte. “Las estadísticas de tortugas muertas en México nos preocupan.  No creo que haya habido protecciones serias para la tortuga, ni cambios sustanciales en la situación. Tememos que se repita el fenómeno de otras temporadas”, cuando docenas de animales aparecieron varados sin vida en playas de Baja California Sur”, dice a Apro Sara Ulehmann, directora del Programa Internacional de CBD. Esa organización, TIRN y el Centro Mexicano de Derechos Ambiental (CEMDA) han emprendido una intensa campaña para obligar a las autoridades mexicanas a proteger esta especie. En mayo de 2013, CBD y TIRN solicitaron la imposición de sanciones comerciales, como veto al ingreso de productos marinos mexicanos a Estados Unidos y la pérdida de beneficios portuarios, para que el país se vea obligado a cuidar a la tortuga amarilla. “Solicitamos formalmente que NMFS insista para que México adopte un programa totalmente comparable e igualmente ‘eficaz’ al de Estados Unidos, incluyendo vedas temporales y cierres de áreas marinas, especificaciones para equipos marinos, monitoreos y cumplimiento de la ley. Pedimos también que si México recibe una certificación negativa de PLMR, NMFS debe aplicar completamente las sanciones requeridas, incluyendo prohibiciones de importación y la denegación de privilegios portuarios”, demanda la solicitud de los ambientalistas. Éstos consideran que México incumple la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, vigente desde 2001, y en la cual el país se comprometió a reducir la captura incidental de las especies. “Este problema lleva ya más de 10 años y ni el gobierno pasado ni el actual han tomado medidas efectivas para detener la captura incidental. Han negado causas de mortandad y tememos que ésta se repita esta temporada”, señala a Apro Alejandro Olivera, representante de la oficina del noreste del CEMDA. Esa organización y varios científicos estiman que más de dos mil tortugas mueren al año debido a las prácticas pesqueras en Baja California Sur, la mayor mortalidad documentada en el mundo. CEMDA indica que al menos siete mil ejemplares de tortuga caguama murieron durante el sexenio 2006-2012 en las costas de ese estado. El Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca) reportó pruebas con redes de arrastre realizadas en julio de 2012 y documentó la captura de 88 tortugas en sólo ocho días. En su informe de enero de 2013, NMFS señaló que 438 tortugas caguama aparecieron muertas a lo largo de la costa de Baja California Sur durante el verano de 2012. Esa agencia ha determinado que la matanza de entre 37 y 92 tortugas caguama del Pacífico Norte incrementaría el riesgo de extinción de la población y finalmente amenazaría la existencia futura de la especie. En Estados Unidos los pescadores deben cumplir con una variedad de vedas y modificaciones obligatorias de equipo para limitar la captura incidental. Por ejemplo, desde 1994 la pesca de arrastre ha estado prohibida en las aguas de California. En su reporte de 2013 presentado ante la Convención Interamericana, México reconoció que la actividad pesquera repercutía en la captura incidental. Ante ello, citó la ejecución del Programa de Vigilancia para la Protección a la Tortuga Amarilla, la utilización de dispositivos de exclusión de tortugas en las redes utilizadas en la pesquería comercial del camarón y de tiburón y la imposición de vedas a la captura de ciertas especies. “Es necesario incrementar las inspecciones durante las actividades de pesca del camarón”, plantea el documento de 104 páginas de extensión. NMFS contactó al gobierno mexicano luego de enterarse de la aparición de tortugas muertas en 2012 con el propósito de solicitar más información del suceso y sobre el programa regulatorio para el manejo de la captura incidental en la pesca de arrastre. Ante el reporte de Estados Unidos, México respondió que esos señalamientos estaban bajo investigación, pero no entregó información adicional. Eso sí, envió una respuesta detallada sobre el manejo de pesquerías, pero no incluyó información explícita sobre las medidas para abordar la captura incidental en concreto. NMFS considera que las regulaciones transmitidas por México no son equiparables en efectividad a las de Estados Unidos en el Pacífico norte. Las autoridades norteamericanas identificaron al menos 15 navíos que violaron la normativa existente por prácticas como botar restos de tiburón en el mar, bolsas de sal o desechos plásticos. De ellos, cinco incumplieron las medidas de mitigación de captura incidental de tortugas, al no liberarlas. Desde 2013, ambos países entablaron negociaciones para abordar el tema, aunque se desconoce la marcha de esas pláticas. “No se sabe mucho de las reuniones. Hemos tenido problemas para obtener la información. Es frustrante y decepcionante”, lamenta Ulehmann, cuya organización presentó en septiembre último una solicitud de información pública al gobierno de Estados Unidos, misma que se encuentra en proceso. El 9 de julio de 2013 la Secretaría de Medio Ambiente y el Comité de Participación Social, formado por trabajadores de la pesca, de la zona del municipio de Comondú, firmaron un convenio de Programa Temporal de Empleo para beneficiar a 990 productores de las comunidades San Juanico, Puerto López Mateos, Ciudad Insurgentes, Santo Domingo y María Auxiliadora. Se destinó un monto de 159 mil 390 pesos a la construcción de artes de pesca y su monitoreo. Además, comisionó el Estudio sobre las causas de muerte de la tortuga amarilla en la costa occidental de Baja California Sur (Golfo de Ulloa), que inició en julio de 2013 y concluirá en marzo próximo, a un costo de un millón 400 mil pesos. Enrique Alejandro Gómez Gallardo, jefe del Departamento Académico de Biología Marina de la Universidad Autónoma de Baja California Sur comanda la pesquisa, pero no respondió a la consulta de Apro. Además participan otros 14 científicos de esa casa de estudios y de los centros Interdisciplinario de Ciencias Marinas, del Instituto Politécnico Nacional, y de Investigaciones Biológicas del Noreste.   La dura senda El tema se suma a lista de asuntos sensitivos entre ambas naciones, como la migración indocumentada, la llamada “guerra contra las drogas” y el tráfico de armas desde Estados Unidos. Además, ambos países ya tienen antecedentes, incluso no resueltos, de embargos comerciales por cuestiones ambientales. En 1990 Estados Unidos impidió el ingreso de atún mexicano por el riesgo que implicaba su captura para el delfín. Levantó la sanción 10 años después, pero desde 2006  aplica el sello ecológico Dolphin Safe, asunto que México aún ventila ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). En 2011 un panel de ese órgano resolvió que el etiquetado restringe el intercambio, aunque no lo consideró discriminatorio. Estados Unidos apeló en enero de 2012 y a inicios de este año la OMC formó un panel para revisar si el vecino del norte se ha apegado al fallo inicial. En marzo de 2010 Estados Unidos decidió bloquear la entrada de camarón mexicano capturado en alta mar por amenazar a las tortugas marinas, pero anuló esa medida en octubre de ese mismo año luego de inspeccionar la flota camaronera nacional. Olivera no apoya un embargo. “Está en manos del gobierno mexicano impedirlo, porque ya hay una advertencia. Es preferible que se tomen medidas por la conservación y no de carácter político”, plantea. En enero de 2015, NMFS debe enviar otro reporte bianual. Para los congresistas demócratas autores de la carta de diciembre, la brecha temporal existente puede arriesgar la supervivencia a largo plazo y la recuperación de las poblaciones de la caguama. A menos que México resuelva el problema, Ulehmann está dispuesta a recorrer la dura senda. “Creemos que Estados Unidos tiene toda la autoridad para imponer sanciones”, afirma y pide al país revelar los resultados de las medidas tomadas. “Queremos que reconozca que es un problema serio, que adopte regulaciones serias para sacar las redes (de pesca) de las áreas más expuestas. Queremos un buen resultado de conservación”, reclama. Olivera está en esa sintonía. “La solución no es difícil, porque la zona donde se captura es bien conocida. Si se conoce la zona, la temporada y el tipo de redes, es muy fácil atacar el problema. No hablamos de cerrar la pesca, sino sólo prohibir la captura en ese lugar y con esas artes de pesca y en esa temporada”, aconseja.