MADRID (proceso.com.mx).- La infanta Cristina de Borbón y Grecia rechazó su implicación en la gestión de la empresa Aizoon S.L., propiedad de ella y su esposo, Iñaki Urdangarín, a partes iguales, y centro de la presunta trama corrupta del llamado caso Nóos. Durante seis horas y media, la hija menor del rey Juan Carlos I respondió con evasivas —“no sé”, “no me consta” y “no lo recuerdo”, según fuentes judiciales—, y achacó la gestión total a su esposo, el duque de Palma, porque “confiaba plenamente” en su marido. La infanta llegó por la mañana y abandonó el Juzgado de Instrucción 3 de Palma en medio de fuertes medidas de seguridad y con la atención de una buena parte de los españoles, quienes siguieron por televisión los noticieros y programas especiales sobre la comparecencia, inédita por ser la primera vez que un familiar directo del monarca se sentaba en el banquillo en una investigación judicial. En el auto del juez José Castro, del 7 de enero, se señala una serie de indicios que involucran directamente a Cristina, por su participación como vocal en el Instituto Nóos y como copropietaria de Aizoon, los dos instrumentos de la trama corrupta, muchos de cuyos documentos tienen la firma de ella. Según la “doble defraudación” que el juez advierte en dicho auto –de 227 folios—, Urdangarín obtuvo 17 millones de euros que fueron canalizados por el Instituto Nóos, fundación presentada como filantrópica y sin fines de lucro. De ésos, seis millones eran por el pago de servicios brindados por Urdangarín a los gobiernos valenciano y balear. El dinero luego fue desviado a la sociedad patrimonial Aizoon S.L., que ambos poseen a partes iguales, entidad a la que se cargaban gastos personales como si fueran de la empresa, como si fueran beneficios. El método utilizado es señalado como “doble defraudación” en el auto del juez. Cristina respondió a las más de 300 preguntas del juez Castro, del fiscal Pedro Horrach y de sus abogados, entre ellos de Miquel Roca, quien declaró que la declaración de su clienta “ha sido ejemplar”. El magistrado presentó a la infanta una serie de facturas de gastos personales hechos por ella y que cargó a Aizoon, pero su respuesta fue que ella “no llevaba la contabilidad” de la empresa familiar. Fue cuando dijo que ella firmaba los documentos que le presentaba su esposo porque confiable plenamente en él. La abogada Virginia López Negrete, quien representa al sindicato ultraderechista Manos Limpias –parte de la acusación particular—ironizó señalando que la infanta se aferró a “la teoría del amor”, utilizando el argumento de la confianza en su pareja como “cortafuego” de su propia implicación.