Ordena Maduro detención de "financistas y proveedores" de la violencia

jueves, 13 de marzo de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- Ante la mayor ola de protestas que ha vivido Venezuela en la última década –que ya cobró la vida de 28 personas—el presidente Nicolás Maduro ordenó la detención de los “financistas y proveedores” de grupos violentos, de los cuales ya fueron encarcelados seis. La madrugada de este jueves, tras la jornada de protestas del miércoles 12 que dejó tres muertos en la ciudad de Valencia, Maduro encabezó el Gabinete Extraordinario de Seguridad en el que decidió enviar a la fuerza pública a las zonas de “focos violentos” y ordenó a los alcaldes opositores retirar las barricadas levantadas en sus municipios. De hecho, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo en el que ordenó a los alcaldes de los municipios caraqueños Baruta y El Hatillo, Gerardo Blyde y David Smolansky, respectivamente, "la inmediata remoción de obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes libres". Es en esos municipios y en Chacao, donde predominan la clase media y alta, que se han congregado la mayoría de los disturbios. El miércoles pasado miles de estudiantes intentaron marchar hacia el centro de Caracas para exigir que se investiguen las denuncias de torturas a los detenidos en las protestas, que ya cumplieron un mes. Sin embargo, los manifestantes fueron replegados por la policía antimotines con gases lacrimógenos y chorros de agua, para evitar que se toparan con una marcha de adeptos a Maduro. Al enfrentamiento en la Universidad Central de Venezuela le siguió más tarde un choque entre manifestantes y policías en el este de Caracas con un saldo de tres muertos. Tras la batalla, Maduro anunció “medidas drásticas” contra quienes disparen al pueblo y afirmó que francotiradores asesinaron a las tres víctimas de las manifestaciones en Valencia, entre ellos un soldado que intentaba levantar una barricada. La tarde de este jueves anunció la captura de seis de los presuntos francotiradores y advirtió que en las próximas horas seguirá tomando medidas para liberar espacios para la comunidad “y los guarimberos (manifestantes) irán presos o tendrán que irse no sé para dónde. Esa guarimba (protesta) violenta que tranca avenidas se va a acabar ya, definitivamente", sostuvo. El mandatario precisó que tras las “medidas drásticas” anunciadas la Guardia Nacional “tomó todo El Trigal en Valencia y hemos procedido a allanar todos los lugares donde estaban escondidos estos bandidos y tenemos seis presos". En ese lugar, dijo, estaban las bandas paramilitares de Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, y “la derecha valenciana”. Durante el operativo, abundó, se incautaron armas y bombas y advirtió que continuarán los allanamientos. Maduro pidió a los venezolanos fijarse en la “campaña” de la "prensa burguesa" que no habla de "los motorizados asesinados por los francotiradores de las guarimbas fascistas. “Son cinco compatriotas. Ahora la prensa burguesa del país y del mundo dice que esos motorizados que han perdido la vida es por culpa del Gobierno. Tratan de voltear, manipular y eludir la responsabilidad directa que tiene la derecha venezolana en la violencia", acusó. El presidente venezolano refirió que ha convocado a los dirigentes estudiantiles, en reiteradas ocasiones, a acudir al diálogo de paz que se realiza en el Palacio de Miraflores pero que se han negado porque no han recibido una invitación formal. "Estoy convocando a los estudiantes de oposición y lo que declara uno de sus dirigentes es que no ha recibido una invitación formal. O sea que hay que mandarle una invitación por escrito cuando lo he dicho durante cuatro semanas", cuestionó. Y ante la negativa de los estudiantes, Maduro concluyó que la negativa de la representación del Movimiento estudiantil y de dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de acudir a la Conferencia de Paz, es porque son "cómplices de esta violencia. No tengamos ninguna duda. "Estuviéramos contando otra historia si se hubieran sentado cuando los llamamos hace cuatro semanas. Ahora buscan como excusa que no les ha llegado una cartita", dijo. Senado de EU pide sanciones para Venezuela Los senadores demócratas Robert Menéndez y Bill Nelson y el republicano Marco Rubio presentaron hoy un proyecto de ley para que Estados Unidos imponga sanciones directas al gobierno de Venezuela por los “episodios ininterrumpidos de violencia” que vive el país desde hace un mes. "Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela” aprobada el miércoles por el pleno del Senado, va más allá de la propuesta inicial presentada hace unos días por Menéndez y Rubio que condenaba los actos violentos e instaba al presidente Barack Obama a imponer sanciones a Venezuela. En la petición aprobada se solicita directamente a Obama que congele los activos de las personas involucradas en la represión de las protestas en las calles de Caracas y la revocación de los visados a una lista de personas propuesta por los senadores y que compartirán con la Casa Blanca. También incluye una ayuda de 15 millones de dólares para la defensa de los derechos humanos en Venezuela, la protección de los medios de comunicación independientes y el fortalecimiento de la sociedad civil en defensa de los valores democráticos. "La situación de inestabilidad en Venezuela ilustra claramente que el abatimiento de la democracia conduce al caos político y a la inestabilidad económica. Esta legislación deja muy claro que la violencia del régimen de (el presidente venezolano Nicolás) Maduro exige una respuesta potente y rápida", dijo Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta. La legislación, dijo, sirve como “una fuerte advertencia a los miembros del gobierno, las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados implicados en la violencia, de que Estados Unidos no tolera este tipo de conducta y en consecuencia responderá para ayudar a fortalecer a la sociedad civil venezolana, mientras se aplican sanciones específicas contra los individuos responsables", sentenció. Esta iniciativa deberá ser aprobada primero por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado antes de ser sometido al pleno de esa cámara, y en caso de ser respaldada, deberá ser aceptada también por la Cámara de Representantes para que entre en vigor tras su firma por el presidente Obama.

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