Argentina: El narco se expande y alarma

viernes, 14 de marzo de 2014
BUENOS AIRES, Rosario (apro).-  Las  68 cruces blancas tienen unos 50 centímetros de altura. Se incrustan en el césped de la Plaza Pringles, en pleno centro de la ciudad de Rosario. En cada una puede leerse el nombre de una persona asesinada de manera violenta en los primeros 65 días del año 2014. Los responsables de esta iniciativa, llevada a cabo el 5 de marzo, son integrantes de la Red Antimafia de Rosario. Reclaman seguridad y justicia. Denuncian que en Rosario funcionan en este momento mil “quioscos” de venta de drogas.  Muchas de estas muertes son resultado directo o indirecto de la violencia que el narcotráfico imprime a la vida en muchos barrios. Rosario, cuya tasa de asesinatos dolosos cuadruplicó en 2013 el promedio de Argentina, registra en lo que va de 2014 más de un asesinato por día. “Los muertos son muchos”, dice a Apro Adriana Rossi, catedrática de posgrado de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. “Actualmente la desarticulación de las bandas lleva a los grupos supervivientes a enfrentarse para ver quién se queda con el territorio y el negocio. En el momento que surjan bandas nuevas fuertes, los territorios se pacificarán, pero no se habrá eliminado el fenómeno del tráfico”, afirma. Las ejecuciones y ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al narcomenudeo se han vuelto moneda corriente en el tercer polo industrial de Argentina. Pero también en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza se registran asesinatos, balaceras y amenazas a la prensa atribuibles al accionar del narco. Paulatinamente la sociedad argentina se ha ido acostumbrando a la irrupción de una violencia que hasta hace muy pocos años se leía en las noticias provenientes de otros países de la región. “Esto revela el traslado del escenario narco de países como Colombia y México a la Argentina desde finales de los años noventa”, dice a Apro el periodista Carlos del Frade, una de las voces más autorizadas en la materia. El colombiano Carlos Gutiérrez Camacho, de 41 años, fue ejecutado el 3 de marzo por la tarde en Buenos Aires. Paseaba con su novia en bicicleta por los bosques de Palermo. Le acertaron tres tiros desde una moto con una pistola calibre 380 larga.  A esa hora, en el parque más tradicional de la ciudad hay aerobistas, parejas que pasean en bote por el lago, cultores del roller skate, el taichí o el yoga. El hombre “tendría conexiones con organizaciones (narcocriminales) importantes de Colombia” y “antecedentes en su país de tener vínculos con el lavado de activos”, afirmó el secretario de Seguridad argentino, Sergio Berni, en conferencia de prensa. El propio Joaquín Guzmán habría estado siete meses en Argentina, entre agosto de 2010 y marzo de 2011, bajo una identidad falsa,  junto con su esposa y una hijastra. Argentina fue elegida por El Chapo para “diversificar sus posiciones” y “minimizar riesgos”, informó Proceso el 25 de mayo de 2011. La presencia en Argentina de colombianos y mexicanos insertados en el negocio se debe, según Adriana Rossi, a que el país “es territorio de resguardo donde los narcos pueden venir para fugarse de situaciones peligrosas en sus países, para pactar entre organizaciones rivales en territorio neutral, para lavar dinero, comprar inmuebles, mandar familias para que estén al resguardo de la violencia que podría alcanzarlas”, enumera. “Pero han venido también para establecer negocios poco limpios y en los que la metodología mafiosa prima”, explica Rossi, quien actualmente dicta el curso de posgrado “Drogas, narcotráfico y políticas antinarcóticos. Desafíos a la democracia, gobernabilidad y paz” en la Universidad Nacional de Rosario. Roce diplomático [gallery type="rectangular" ids="367269"] El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó el pasado 4 de marzo acerca del avance del narcotráfico y el lavado de dinero en Argentina. Su reciente informe anual sobre narcotráfico en el mundo sostiene que Argentina sigue siendo principalmente un “país de tránsito” en el que la elaboración es “pequeña”. Considera preocupante, sin embargo, “la creciente producción de cocaína”. La réplica del canciller argentino, Héctor Timerman, fue dura: “Los Estados Unidos son el principal problema del narcotráfico –sostuvo un día más tarde–. La Argentina no reconoce el derecho de los Estados Unidos a emitir juicios de valor sobre otros gobiernos”. “La opinión del Departamento de Estado es real y la opinión de Timerman genera, una vez más, la confirmación del doble discurso kirchnerista”, dice Carlos del Frade. “Por un lado cuestiona la moralidad del imperio para señalar culpas ajenas y ocultar las propias pero, al mismo tiempo, establece convenios y se subordina a los planes de la doctrina de seguridad ciudadana de Estados Unidos”, sostiene. Pone como ejemplo la compra de 35 vehículos blindados Hummer al Comando Sur de los Estados Unidos en enero de 2014. El operativo Fortín II, prorrogado por la presidenta Cristina Kirchner hasta diciembre de 2014, habilita al Ejército argentino para participar en tareas de control del narcotráfico en la frontera norte. “Pero el operativo colisiona con un serio tropiezo: las leyes de seguridad interior y de defensa prohíben a los militares participar en acciones policiales, como es la lucha contra el narcotráfico”,  advirtió el pasado 7 de enero el diario La Nación. El Informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas del año 2013 ubica a Argentina como tercer exportador mundial de cocaína, detrás de Colombia y Brasil. En cuanto al consumo de dicha droga, el país ocupa el primer puesto en la región y el segundo a nivel continental, detrás de Estados Unidos. La cocaína es junto con la mariguana la droga de mayor consumo. En la actualidad crece también la producción y venta de drogas sintéticas como el éxtasis y la metanfetamina. Rossi sostiene que Argentina ha dejado de ser un corredor de las drogas secundario. “Hoy en día es parte de una red de corredores que al dejar las zonas de producción cruzan Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, para seguir a África y Europa, donde el mercado de la cocaína se ha ampliado”, explica. “Argentina tiene fronteras vulnerables y puertos con muy alto tránsito de mercancías, lo cual la convierte en un escenario favorable para los embarques clandestinos”, dice la catedrática. Considera, sin embargo, que “la insistencia estadounidense sobre el tema obedece a una estrategia continental que se ha endurecido en los últimos tiempos y que lleva a la militarización de toda Centroamérica y el intento de poner a los militares en la calle en asuntos de seguridad interna”. Abunda: “La insistencia norteamericana no tiene por objetivo combatir al narcotráfico, sino doblegar a la Argentina para que se acerque a una política general más afín a los intereses estadounidenses, y regrese paulatinamente a una ortodoxia neoliberal de la cual Argentina se había alejado”. Rossi sostiene que Estados Unidos necesita controlar fuertemente el continente en su totalidad, debido a cambios de eje geoestratégico. “Las amenazas a la gobernabilidad y la democracia a través del narcotráfico son una excelente excusa para la injerencia estadounidense que se da ya a partir de los convenios de las provincias argentinas con organismos de los Estados Unidos”, dice. Durante los gobiernos kirchneristas la presencia de la DEA se redujo drásticamente en Argentina. La cooperación entre el ministerio de Seguridad y la DEA se interrumpió durante un año en febrero de 2011, cuando el canciller Héctor Timerman  requisó un avión del ejército norteamericano, arribado al país, con personal y equipamiento, para entrenar a las fuerzas especiales de la Policía Federal. En estos días se ha anunciado, sin embargo, que cinco provincias firmaron acuerdos de cooperación con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Se trata de Buenos Aires, Chubut, Salta, Mendoza y Santa Fe. Argentina habría retomado así la colaboración estratégica con Washington de manera indirecta, a través de los gobernadores, “en algunos casos con la venia de la Casa Rosada”, estimó el pasado 4 de marzo el diario La Nación. “Para nosotros es importante seguir colaborando con el gobierno nacional y con las autoridades provinciales, para ver qué estrategias se pueden aplicar para enfrentar el narcotráfico”, dijo el encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Kevin Sullivan, a dicho diario. En la provincia de Santa Fe, donde se encuentra Rosario, se da una situación “paradójica y preocupante”, opina Rossi: “Se dan cursos a la policía en la que existen amplios sectores involucrados en el narcotráfico, que no ha sido intervenida por el poder político, que se ha acuartelado en diciembre último durante una protesta por los salarios”, sostiene. “La falta de control político sobre la policía hace que en ciudades como Rosario haya barrios que son territorios liberados donde el hampa en general comete sus delitos”, puntualiza. Polémica [gallery type="rectangular" ids="367270"] “Argentina era un país de tránsito, y ahora es un país de consumo, y lo más grave que también es de elaboración”, sostuvo el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el pasado 14 de febrero. El secretario de Seguridad,?Sergio Berni, lo contradijo: “No existen condiciones geográficas y climáticas para que cultivos de cocaína se den en la escala necesaria para producción de drogas”, señaló. La polémica sumó a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, miembros de la oposición y representantes de la Iglesia. “Hoy Argentina elabora y estira distintas drogas pero claramente no somos un país de cultivo intensivo de coca o amapola. Sí somos un país con muchos insumos químicos sin mayores controles que favorecen esa multiplicación de sustancias psicoactivas y de allí que haya exportaciones de las llamadas drogas sintéticas”, sostiene Del Frade. Rossi afirma que la polémica entre ambos funcionarios es falsa. “Tiene razón el secretario de Seguridad Sergio Berni cuando dice que no se produce cocaína a partir de plantaciones de coca. No hay ni habrá coca en Argentina por las condiciones del suelo no apto para el cultivo. Y tiene razón el ministro de Defensa Agustín Rossi cuando habla de producción ya que acá hay “cocinas” artesanales –no  laboratorios– de producción de cocaína a partir de la pasta base que ingresa por las fronteras y de estiramiento de la cocaína para la venta”, explica. Cree, sin embargo, que hoy existe una polémica mucho más relevante dentro de las filas del gobierno: “Aceptar la cooperación de Estados Unidos,  incluida la DEA, cuya conducta no es justamente limpia ni legal y su injerencia socava la soberanía nacional, o tener una doctrina propia al respecto, para abordar el fenómeno desde otra perspectiva y autonomía”. Las dificultades de asumir y ejecutar esta segunda opción son notorias: “De manera creciente, comienzan a advertirse signos de complicidad en ámbitos estatales, en particular en muchos cuerpos policiales, así como también en la Justicia, el ministerio público fiscal y actores políticos”, escribió el viernes 7 en el diario La Nación el politólogo Alberto Föhrig, profesor en la Universidad de San Andrés y especialista en narcotráfico. La polémica fue atizada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Durante la apertura del año judicial, el 6 de marzo, Lorenzetti advirtió que el avance del narcotráfico en el país “está afectando el Estado de derecho”. “Lo que dijo es real y concreto”, opina Del Frade “Y, al mismo tiempo, tardío”.  El periodista especializado en el tema cree que el narco ya ha expandido su  negocio, su cultura y su poder a barrios enteros de las periferias de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. “El verdadero poder de los grupos narcos es el gobierno de facto en barrios enteros de grandes ciudades”, dice Del Frade: “Para mi es una expresión de neofeudalismos del tercer milenio, donde la democracia es lejana y muy formal”. “Por supuesto que el narcotráfico es peligroso para la democracia, la gobernabilidad y el estado de derecho, pero se lo dejó crecer por distintos intereses que no han sido sólo los económicos, sino políticos”, sostiene Rossi. “En algunas provincias el poder político, cuando no estuvo involucrado directamente, miró para el otro lado, llegando a pactos de gobernabilidad que permitieron a los narcos insertarse con la complicidad de las fuerzas de seguridad y de la justicia”. Advierte: “Cuando seguridad y justicia están siendo infiltrados, cuando la cultura narco se difunde, cuando el poder político utiliza la presencia del fenómeno pensando que lo va a poder controlar luego, se está poniendo en peligro el estado de derecho, amenazado también por la violencia”.

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