Chile: La sucia despedida de Piñera

viernes, 21 de marzo de 2014
VALPARAÍSO (apro).- Sebastián Piñera abandonó la Presidencia de Chile dejando un reguero de medidas, dictadas en los estertores de su mandato, que en algunos casos promueven el secretismo y en otros a empresas energéticas e inmobiliarias. La más polémica de las medidas se conoció el pasado 10 de marzo, un día antes que Michelle Bachelet asumiera por segunda vez la primera magistratura del país. Ese día el diario electrónico El Mostrador reveló que el 15 de enero Piñera firmó el Decreto Supremo No. 14 de 2014 que, en lo sustancial, deroga el Decreto Supremo N° 77 (de 2004), el cual obligaba a todos los funcionarios públicos a conservar sus correos electrónicos por un periodo de seis años con el fin de “asegurar la constancia de la transmisión y recepción de información”. El senador del izquierdista Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, expresó el 10 de marzo, mediante comunicado, que la medida tomada por Piñera “es un hecho gravísimo” que “equivale a que se realice un fogón con los papeles. Pero en este caso es como si fuera una hoguera digital”. Navarro señaló que como consecuencia del decreto de Piñera “los correos institucionales, documentos y oficios que forman parte de la historia de la gestión administrativa de las instituciones públicas podrán ser borrados, y esto podría ocurrir en todos los servicios y ministerios”. Este parlamentario –que representa a la centrosureña Región del Bío Bío- aseguró que la decisión de eliminar información de gestión de gobierno no sólo es una medida antidemocrática, sino que también es un delito”. Pocas horas después que El Mostrador informó sobre el mencionado decreto, el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Centro-Norte (Santiago), José Morales Opazo, envió un oficio a la Subsecretaría de Interior ordenando detener el borrado de correos. Mediante un comunicado, la citada Fiscalía Centro Norte informó que dicho oficio ratificaba la obligatoriedad que tienen los funcionarios de los ministerios de Salud, Educación, Obras Públicas, Trabajo y Urbanismo de preservar sus mails. El motivo: actualmente se realizan diversas investigaciones judiciales en dichas secretarías de Estado que podrían verse afectadas en el caso de aplicarse la comentada medida. El presidente Piñera salió el mismo 10 de marzo a bajarle el perfil al alcance de su decreto. Ante periodistas congregados en La Moneda, sostuvo  que “los correos personales son personales, pero todo lo oficial naturalmente queda”. A pesar de sus explicaciones, el cuestionado decreto de Piñera empañó su salida de La Moneda al dejar abierta una interrogante: ¿Qué quería ocultar?   “Piojos de mar” Aunque la “hoguera digital” fue la medida de despedida que más llamó la atención no es la única y probablemente tampoco sea la más importante. Un día antes del cambio de mando la web de la corporación ecológica Ecoceanos, dio a conocer que Piñera, junto al ministro de Economía Félix de Amesti y al viceministro de Pesca Pablo Galilea, firmaron el Decreto Supremo N° 171, que autoriza a las empresas salmoneras a trasladar sus centros de cultivos de salmones –en zonas que fueron saturadas de contaminación por su accionar- a otros lugares sanitariamente limpios. Esta medida venía siendo demandada desde hace meses por la patronal salmonera Salmon Chile, puesto que -desde su perspectiva- era necesaria para “disminuir los costos de producción y recuperar competitividad en el mercado internacional”. En entrevista con Apro el biólogo especialista en salmonicultura Héctor Kol señala que la relocalización de salmoneras “responde a una urgencia de la industria por buscar sitios que estén libres de caligus, que comúnmente se conoce como ‘piojo de mar’, que es el vector que está generando gran dispersión de enfermedades altamente letales”. El biólogo afirma que la “subsecretaría de Pesca, con la irresponsabilidad que le caracteriza, diseñó este plan de relocalización que no es más que un fast track para que los centros salmoneros salgan de los sitios que ya contaminaron, facilitando la propagación de todo tipo de enfermedades y plagas, y ocupen nuevos sistemas ecológicos marinos que supuestamente están libres de caligus”. Esta medida de Piñera implica dar un nuevo aire a una industria que ha destruido los sistemas ecológicos de vastas zonas del sur de Chile, dejando miseria y contaminación. De acuerdo con el Informe Sanitario de la Industria Salmonera (Fundación Pumalín, 2012), las enfermedades en el mar “están fuera de control”, como señala el biólogo Kol, uno de los autores de este informe. Este científico afirma que la situación en los cursos de agua dulce afectados por la salmonicultura también es desastrosa: “las aguas dulces con las que se abastecen las comunidades (humanas) que viven en las regiones australes del país, están contaminadas con virus y bacterias de la industria salmonera”. Dice que son cientos los lagos y ríos infectados y contaminados debido a la instalación de pisciculturas de salmoneras. Entre estos menciona a los lagos Ranco, Rupanco, Natri y Tarahuín, todos de la Región de los Ríos. Además de la plaga de piojos de mar, a la industria salmonera –que factura sobre los 3 mil millones de dólares al año- le afectan brotes de la anemia infecciosa del salmón –mejor conocido como virus ISA-; y la enfermedad piscirickettsiosis que provoca una gran mortandad. Para combatir estas enfermedades las empresas salmoneras han recurrido a todo tipo de elementos químicos, algunos de ellos prohibidos en la salmonicultura de todo el mundo, como es el caso del cancerígeno cristal violeta y del antibiótico flumequina. En la actualidad las empresas salmoneras se proponen –en un programa que se ha manejado con extremo sigilo- irradiar en los canales y fiordos marinos del sur de Chile rayos gama con el fin de detener la plaga de caligus. “El problema –señala Kol- es que estos rayos no son específicos para las larvas de caligus y van a generar muertes y mutaciones en el plancton y en la fauna marina”. El daño ambiental provocado por la acuicultura intensiva de salmones ha sido tan grave que en muchas zonas –como ocurrió hace un lustro en el Estuario de Reloncaví (Región de Los Lagos)- casi desapareció el oxígeno del agua, y para mantener la producción salmonera fue necesario introducir artificialmente oxígeno. Aunque grave, la relocalización de salmoneras no fue la única medida que atenta contra el medioambiente que dictó Piñera poco antes de partir.   Termoeléctricas Durante su campaña presidencial e incluso luego de asumir el poder, Piñera fue sumamente crítico de las termoeléctricas. En su primer informe presidencial --realizado el 21 de mayo de 2010-- llamó la atención sobre la creación de zonas de sacrificio en las comunas de Huasco (Región de Atacama), Tocopilla (Región de Antofagasta) y Puchuncaví (Región de Valparaíso) debido a la instalación de este tipo de centrales. “Las tragedias allí provocadas hablan mejor que mil palabras”, dijo. Sin embargo, poco antes de abandonar el poder abrió un proceso de licitaciones que plantea la venta o entrega en concesión de inmensas porciones del territorio nacional para diversos fines, entre ellos, para el desarrollo de proyectos termoeléctricos. El 24 de diciembre se abrió una licitación para la entrega gratuita por parte del Estado de terrenos fiscales con el fin que se construyan centrales termoeléctricas. Según se detalla en el documento Plan de Licitaciones 2014 del Ministerio de Bienes Nacionales, entre los sitios que se licitarán para el desarrollo de termoeléctricas se encuentra uno de 457 hectáreas ubicado junto a la costa en la comuna de Huara (Región de Tarapacá). En el límite de las comunas de Tocopilla y Mejillones (Región de Antofagasta) se planea la entrega en concesión de dos terrenos en el borde costero para el desarrollo de un megaproyecto termoeléctrico en superficies que totalizan mil 141 hectáreas. “Se trata de planicies costeras que no superan los 20 metros sobre el nivel del mar (msnm), de baja pendiente, muy bien conectadas a través de la Ruta 1 y que enfrentan bahías abrigadas aptas para la construcción de infraestructura portuaria por extensión y batimetría”, precisa el citado documento. Señala que estos terrenos “son aptos para el desarrollo de proyectos energéticos convencionales integrados al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)”. Claramente se refiere a termoeléctricas. Los planes termoeléctricos son particularmente duros con la Región de Atacama, zona donde se desarrollan numerosos megaproyectos mineros –como Pascua Lama y El Morro- que no tienen garantizada la provisión de energía en caso que logren salir adelante. En la costa de la comuna de Caldera el gobierno abrió la licitación para concesionar tres terrenos que en total suman mil 509 hectáreas. También se encuentran cerca de bahías aptas parta el desarrollo de puertos y –según lo planteado en las bases- serían aptos para el desarrollo de proyectos energéticos convencionales. El plan de licitaciones del gobierno considera la entrega en concesión o la venta de cientos de otros terrenos fiscales, ya sea para proyectos turísticos, inmobiliarios o industriales, además de los destinados a desarrollos energéticos. En esta misma línea de favorecer los intereses empresariales antes de partir, el 12 de diciembre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 1 que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, permitiendo la construcción de grandes centros comerciales en barrios residenciales. Hasta ahora la norma exigía que este tipo de proyectos se emplazaran frente a vías “estructurantes”, esto es: que tuvieran al menos 50 metros de ancho y 8 kilómetros de extensión. Con este decreto del gobierno de Piñera, esta exigencia se elimina. Según denunció el Colegio de Arquitectos de Valparaíso (según consta en nota publicada por el periódico La Otra Voz, el 21 de marzo) este decreto fue “un traje a la medida” de los mall’s de Castro y Valparaíso. Estos centros comerciales se emplazaron en zonas contiguas a lugares que son Patrimonio Mundial de la Humanidad (la catedral de Castro y el casco histórico de Valparaíso) y motivaron la intervención de la Unesco que ha rechazado fuertemente su construcción. Sin embargo, el 21 de marzo de 2013 la nueva ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, anunció que decidió dejar sin efecto este decreto.

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