Venezuela: Los riesgos de la violencia

viernes, 11 de abril de 2014
LONDRES (apro).- Bassil Dacosta Frías, de 23 años, murió el 12 de febrero en Caracas tras participar en una manifestación. Un día antes Dacosta escribió en su página Facebook: "Este que está aquí, sale a marchar mañana sin miedo". De acuerdo con el testimonio de sus familiares, al terminar la marcha en la tarde del día 12, los manifestantes gritaron y lanzaron piedras en contra de las fuerzas de seguridad. En respuesta los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), al igual que hombres armados vestidos de civil, dispararon hacia los manifestantes usando armas cortas y largas. Bassil Dacosta recibió un disparo en la cabeza. El primo de Bassil relataba así los hechos: "Me vine corriendo hacia abajo, me crucé de acera y cuando subo escucho: ‘hay un herido, hay un herido!’. Cuando vi, era mi primo. Ahí mismo lo agarré, lo cargué, pero instantáneamente vi que el tiro era en la cabeza porque soltaba sangre a chorro. Y en una de esas yo me lo cargo así ‘¡Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo!’ y me lo llevo junto con otros compañeros. Y uno de los chamos que lo estaban agarrando me dice: ‘no, ya está muerto, ya está muerto’. Y yo: ‘que no está muerto, vamos a seguir, vamos a llevarlo’... Yo dentro de mi mente sabía que mi primo estaba muerto, pero no quise dejarlo en ese lugar. Mi esperanza era que él viviera porque él estaba respirando, incluso él llegó al hospital respirando". Bassil fue llevado por la Policía Nacional a un hospital cercano, donde murió al poco tiempo. Hasta la fecha ocho oficiales de las fuerzas del orden y del SEBIN han sido imputados por la muerte del joven. Geraldín Moreno, una estudiante de 23 años de Valencia, estado Carabobo, murió el 22 de febrero tras recibir un disparo en el ojo durante una protesta realizada el 19 de febrero. Según el testimonio de sus familiares y el recuento de testigos presenciales, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana a bordo de motocicletas dispersaron a los manifestantes disparando perdigones de goma. Los perdigones de plástico penetraron el cerebro de Geraldin pasando por un ojo. Otros manifestantes la llevaron a un hospital cercano. Sin embargo, las intervenciones quirúrgicas no pudieron salvarle la vida. Un pariente de Geraldín relató así los hechos: "Los guardias que hirieron, que dispararon, fue (...) ‘pam, pam, pam’, se juntaron y se fueron. A ellos (los guardias) no les importó si el herido podía ser trasladado a la clínica. Se juntaron y se fueron… Los perdigones de plástico son para eso, para dispersar. La gente está herida pero realmente no son mortales porque por lo visto (los perdigones) se dispersan. Pero (los guardias) tenían que haber sabido que la niña tenía que haber sido atendida". Aunque el Ministerio Público ha abierto una investigación sobre el caso, nadie ha sido acusado por la muerte de Geraldín. Juan Montoya, coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, que unifica a colectivos populares en la Gran Caracas y Vargas,  murió el 12 de febrero en Caracas después de recibir un disparo en el rostro, cuando se dirigía a apoyar la marcha convocada por el oficialismo para ese día. Ocho oficiales de las fuerzas del SEBIN han sido imputados por su muerte. Espiral Los casos anteriores son detallados en un informe de Amnistía Internacional (AI), el cual advierte que Venezuela enfrenta una de las peores amenazas al Estado de derecho de las últimas décadas si las diversas fuerzas políticas no se comprometen a respetar los derechos humanos. El reporte de 27 páginas, dado a conocer el pasado 1 de abril en Londres y titulado Venezuela: La espiral de violencia amenaza el Estado de derecho,  documentó denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos en el contexto de las manifestaciones que tuvieron lugar desde comienzos de febrero. Según la Fiscalía venezolana, hasta la semana pasada ha habido 37 muertos (29 civiles y ocho funcionarios de seguridad y orden público), 559 heridos y 168 personas actualmente arrestadas, aunque el total de detenidos en 49 días de protestas antigubernamentales es de 2 mil 158. De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio Público, decenas de personas fueron detenidas sin orden de aprehensión y sin que en ese momento se encontrasen cometiendo delito alguno. Muchas de ellas no fueron detenidas durante las protestas, sino cuando se encontraban alejándose del lugar o en zonas aledañas a las mismas. Incluso en algunas actas policiales se habría indicado que las detenciones se llevaron a cabo porque los funcionarios presumieron que se iban a cometer delitos, los cuales posteriormente se imputaron a los detenidos, y no porque fueran sorprendidos en flagrancia, como establece la ley. Asimismo agentes de las fuerzas del orden habrían allanado viviendas en zonas donde se bloquearon vías de comunicación. Realizaron detenciones sin mediar una orden judicial. De acuerdo con abogados de derechos humanos entrevistados por AI, algunos detenidos permanecieron sin acceso a un abogado ni a sus familiares durante las 48 horas previas a su presentación ante un juez. Ello sucedió incluso con detenidos que eran menores de edad. Los familiares no fueron notificados formalmente de la detención ni las autoridades presentaron información oficial de personas detenidas ni lugares de detención, obligando a familiares y abogados a recorrer distintos sitios para localizarlos, sostiene el reporte. "El país corre el riesgo de caer en una espiral de violencia si no se toman pasos para llevar a las partes en conflicto a un diálogo. Esto sólo puede ocurrir si ambos lados respetan los derechos humanos y el Estado de derecho. Si esto no sucede, el número de víctimas va a continuar creciendo, con personas ordinarias llevándose la peor parte", afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. En su informe, AI advirtió que la violación de derechos humanos viene de ambos lados del conflicto, "aunque el balón parece estar del lado del gobierno", dice la organización. También denunció un uso "excesivo" e "indiscriminado" de perdigones, gases lacrimógenos y cañones de agua a presión sin advertencia ni opción de desalojar. Y documentó abusos a los derechos humanos cometidos por grupos en favor del gobierno, manifestantes e individuos no identificados. "Todas las acusaciones de violaciones y abusos a los derechos humanos tienen que ser investigadas de manera inmediata y exhaustiva y aquellos responsables, llevados a la justicia", dijo Guevara. "La crisis política amenaza con socavar cualquier progreso hecho en los años recientes en lo que respecta a los derechos de las personas más marginadas del país", agregó. El caso de Daniel Otro de los casos detallados es el de Daniel Quintero, estudiante de 21 años que participó en una manifestación en contra del gobierno el día 21 de febrero en Maracaibo, estado de Zulia. Quintero describió a Amnistía las torturas y malos tratos que recibió en tres lugares distintos, después de que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana lo detuvieron en el momento en que se dirigía a su casa. Cuando los guardias lo apresaron, “lo primero que recibí fue patadas en la cara, golpes en la cara, patadas en las costillas, cachazos en la frente. Les decía que me dejaran y me insultaban: ‘cállate maldito, cállate, cállate hijo de puta, móntate en la moto’ y me seguían golpeando”, contó Daniel. En motocicleta lo llevaron a un vehículo blindado en el que se turnaron para golpearle, “cada uno como en filita, pum pum", explicó el joven a AI. Dentro del vehículo continuaron los maltratos, “El piloto de la tanqueta me dio latigazos con una especie de cuero en el hombro izquierdo, unas seis veces. El copiloto daba media vuelta y me daba golpes con la escopeta en la frente”. Después, relató, "un funcionario encendió su celular en forma de video y se lo pasó a un amigo y se me colocó encima a hacer movimientos sexuales obscenos, me rozaban las piernas con los rifles, así como tocándome, me dijeron ‘ay, se afeita las piernas, te van a violar en el Marite, y si te violan te van a matar también’”. De ahí, Quintero fue llevado a las instalaciones del Comando Regional 3 de la Guardia Nacional Bolivariana en Maracaibo, donde el Comandante en Jefe de la sede “me dijo que me iba a quemar. Y a su lado derecho tenía un bote de gasolina, alambres y fósforo (…) Y me dijo que me iban a quemar y que nadie iba a preguntar por mí...”. Después, Daniel fue llevado a la sede del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) de la Guardia Nacional, también en la ciudad de Maracaibo. Ahí fue interrogado sobre los nombres de los líderes de la protesta, los nombres y números telefónicos de miembros de una organización no gubernamental a la que pertenece, llamada Venezuela sin Balas. El joven contó: “Me metieron en el calabozo dónde me exigieron desvestirme y quedarme en ropa interior. En el calabozo me esposaron la mano izquierda, a nivel de mis pies a la pared, un barrote que estaba pegado en la pared. Me pusieron dos reglas: que no podía dormir (…)  y tenía que estar con los pies juntos, mano derecha tocándome los tobillos y el ombligo prácticamente pegado a los muslos. En esa posición como doblado tenía que quedarme toda la noche, sino me entraban a palazos. “Entonces, cada vez que medio doblaba las rodillas me decía: ‘eh, párate bien’ y le daban un palazo al piso, ‘pa!’. Estuve aproximadamente nueve horas así. En horas de la mañana ya cesó un poco la agresión física, pero la verbal nunca cesó. Eso fue toda la noche: ‘maldito, te van a violar, hijo de puta, no miréis pa’ acá’. Insultos, puros insultos”. Ataques a la prensa AI recibió denuncias de decenas de periodistas que fueron objeto de presuntas amenazas, hostigamiento, agresiones y detenciones arbitrarias. La mayoría de esas acciones habrían ocurrido cuando cubrían las protestas.  Los periodistas –cuya línea editorial es tanto a favor como en contra del gobierno-- no quisieron hacer públicos sus casos. De acuerdo con Espacio Público, una organización de derechos humanos venezolana que vela por el respeto a la libertad de expresión, durante las jornadas de movilizaciones entre el 12 de febrero y el 12 de marzo últimos, se registraron 87 casos de violaciones a la libertad de expresión que habrían afectado a un total de 127 personas, entre ellas locutores, periodistas, reporteros gráficos y fotógrafos, así como personas no profesionales que informaban sobre las protestas y las acciones de las fuerzas del orden. Las denuncias recibidas incluirían 22 detenciones, 30 agresiones, 18 robos o hurtos, un herido de bala y una persona fallecida. Este balance representaría un aumento del 480% en relación al mismo período del año anterior. En su documento, Amnistía exhortó al gobierno venezolano a asegurar que se lleven a cabo investigaciones imparciales e independientes de cada una de las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Además, hizo un llamado a las autoridades del país para que se comprometan con un Plan Nacional de Derechos Humanos, "que sea el resultado de un diálogo nacional e incluir a todos los partidos y a la sociedad civil". Amnistía exigió a las autoridades “investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos recibidas en el contexto de las protestas y esclarecer todas las responsabilidades”.  Y señaló que “los responsables deben ser llevados ante la justicia”. También pidió “garantizar el acceso de todas las personas detenidas a sus abogados, a sus familias, y a los servicios médicos independientes e imparciales que puedan necesitar” y “garantizar que todas las personas detenidas sean juzgadas en procedimientos que reúnan todas las garantías internacionales relativas a la celebración de juicios justos, como por ejemplo el derecho a impugnar la legalidad de la detención y el derecho a una defensa adecuada”. Exhortó a las autoridades que se garantice que las personas puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión, “sin temor a ser víctimas de homicidios, ataques y malos tratos y detenciones arbitrarias” y llamó a garantizar “la protección y el pleno ejercicio del trabajo de los defensores y defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación”. "El gobierno y la oposición deben comprometerse a utilizar medios pacíficos para resolver la crisis política e instruir a sus partidarios que la violencia y la retórica confrontacional que pueda incitar a la violencia no será tolerada”, destacó Guevara.

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