BUENOS AIRES (apro).- El 6 de enero, a las tres de la mañana, los vecinos de la Villa 31 levantaron el “piquete” que bloqueó durante nueve días el tránsito de vehículos sobre la autopista Illia. Esta vía rápida permite el acceso y la salida de vehículos hacia el norte de Buenos Aires. En su último tramo se eleva unos quince metros sobre el suelo para pasar sobre las vías de la estación de trenes de Retiro. A ambos lados de la autopista, en terrenos pertenecientes al ferrocarril, día a día crecen los edificios precarios de la Villa 31. En este barrio viven unas 30 mil personas. Su urbanización –apertura de calles, tendido de redes de servicios públicos– está paralizada. Los vecinos que montaron el “piquete” con tablones y neumáticos reclaman viviendas dignas. El corte de la autopista generó enormes congestionamientos de tránsito. En el futuro los vecinos de la Villa 31 deberán apelar a otros medios para hacer visible su reclamo. Para el “piquete”, modalidad de protesta generalizada en ciudades y rutas argentinas, ha comenzado la cuenta regresiva. Cuatro proyectos de ley fueron presentados a tal fin en los últimos días. El que mayor polémica suscitó pertenece al gobierno. Su germen puede rastrearse en las palabras pronunciadas por Cristina Kirchner el 1 de marzo frente a la Asamblea Legislativa: “Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles e impidiendo que la gente vaya a trabajar”, dijo entonces la presidenta. “Vamos a tener que sacar una normativa relativa a la convivencia ciudadana porque no puede ser que diez personas te corten una calle y no pase nada”, anunció. Cinco parlamentarios oficialistas se hicieron eco de su demanda. La iniciativa fue presentada el miércoles 16 y tiene 34 artículos. El proyecto de ley va más allá del “piquete” en sí mismo: distingue entre manifestación “legítima” e “ilegítima”. La primera requiere que el bloqueo del tránsito no sea completo y que la autoridad policial haya sido notificada con 48 horas de antelación. Cualquier bloqueo de calles espontáneo o total se considerará “ilegítimo”. La policía entonces queda habilitada para dispersar a los manifestantes, pero no podrá usar armas de fuego o letales. El gobierno de Cristina Kirchner realiza un profundo giro hacia la “ortodoxia” económica, pues intenta conseguir financiamiento externo y atraer inversiones. Su iniciativa “antipiquetes” puede también entenderse como un medio para recobrar simpatías entre los sectores medios. El proyecto de ley cayó muy mal dentro de las propias bases kirchneristas. Se objetó que abre la puerta a la represión de la protesta social. El jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, intentó rápidamente desligar a la presidenta de la iniciativa: “Esto no es un proyecto que incumba directamente al Poder Ejecutivo”, dijo el lunes 21 en su habitual rueda de prensa. Entre los diputados que lo presentaron, sin embargo, se encuentran Carlos Kunkel y Diana Conti, que representan el núcleo duro del kirchnerismo en el Congreso. Kunkel sostuvo que están dispuestos a introducir cambios en el proyecto y que no avanzarán solos con la iniciativa “si la oposición no acompaña”. El oficialismo no está dispuesto a pagar en soledad el costo político de tal medida. Su proyecto de ley podría endurecerse todavía más con el aporte opositor. Darío Giustozzi, diputado del Frente Renovador, presentó el miércoles 16l un proyecto propio. Propone el uso de lugares preestablecidos para ejercer las protestas y multas y penas de trabajo comunitario para quienes corten calles y autopistas. El Frente Renovador es un sector del peronismo enfrentado con el gobierno. Su líder, Sergio Massa, encabeza hoy las preferencias para suceder a Cristina al frente del Ejecutivo en 2015. En el interior de este espacio tampoco parece reinar el consenso. Massa propone aplicar el Código Penal en vigencia, que criminaliza la interrupción del tránsito vehicular. “En lugar de cumplir la ley, estamos viendo cómo modificarla”, sostuvo, desechando también, de este modo, el proyecto de su lugarteniente Darío Giustozzi. Los otros dos proyectos “antipiquetes” corresponden al PRO, el partido liberal conservador que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Su líder, Mauricio Macri, también tiene apetencias presidenciales. Uno fue presentado en el Congreso Nacional y otro en la Legislatura de la capital argentina. Proponen multas severas, pérdida de subsidios y hasta penas de prisión efectiva contra quienes corten calles o impidan el normal funcionamiento de los transportes o los servicios públicos. Cero tolerancia La iniciativa del gobierno marca un giro en su política de tolerancia frente a la protesta social. El kirchnerismo buscó diferenciarse en este punto de los gobiernos neoliberales que lo antecedieron. El movimiento “piquetero” había cobrado gran visibilidad durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), Fernando de la Rúa (1999-2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003). Surgió de la desesperación de los sectores sociales que quedaron sin trabajo tras la privatización generalizada de las empresas del Estado y la flexibilización del mercado laboral. La represión de manifestaciones y “piquetes” alcanzó entonces altos grados de violencia. Néstor Kirchner a partir de 2003, y Cristina, a partir de 2007, se comprometieron a no reprimir la protesta social. Sus gobiernos recompusieron el nivel de empleo y el sistema de jubilaciones. Los subsidios recibidos por la industria y la ciudadanía generaron una recuperación de la producción y del consumo. “Los cortes de ruta eran una forma de pedir trabajo en una Argentina en la que había 25% de desocupados y los jubilados sufrían 13% de recortes en sus haberes”, sostuvo el diputado oficialista Carlos Kunkel, uno de los autores del proyecto de ley, refiriéndose a la crisis de 2001. “En la actualidad existe otra realidad social”, dijo. El “piquete”, como modalidad de protesta, implica una colisión entre el derecho a protestar y el derecho a circular. La resolución práctica de este conflicto suele generar escenas de violencia entre “piqueteros” y conductores o transeúntes. El proyecto oficialista considera “legítima” la manifestación que no provoque cortes totales en el espacio público y que haya sido notificada a la policía con 48 horas de antelación. En el caso de calles, carreteras o autopistas, los manifestantes deben dejar un carril libre para permitir el paso de terceros. El proyecto introduce, también, la figura del “mediador”. Además, los inconformes “no podrán ser desalojados por las fuerzas de seguridad sin una mediación previa a cargo de personal civil del Ministerio de Seguridad de la Nación”, dice el texto del proyecto. El “mediador” debe tener amplio conocimiento de los movimientos y de los conflictos sociales. Su función será identificar las demandas, canalizar los reclamos de los manifestantes ante la contraparte respectiva para buscar un principio de solución. Asimismo, pactará las condiciones para alcanzar el fin de la protesta, sin embargo, la mediación no puede superar las dos horas. Si vencido este plazo no se llega a algún acuerdo, la manifestación pasa a ser “ilegítima”. Lo mismo ocurre si los inconformes no aceptan la intervención del mediador. En estos casos, de acuerdo con el proyecto, la fuerza pública está habilitada para dispersar a los manifestantes. Los efectivos no podrán utilizar a tal efecto armas de fuego o letales: “Ningún arma, letal o no, puede ser disparada directamente hacia los manifestantes”, dice el texto. Se subordina “la actuación de las fuerzas de seguridad a disposiciones previstas en la Constitución, tratados internacionales y esta ley”, garantizando que el uso de la fuerza pública sea “limitado a su mínima expresión”. Incluso, todos los agentes participantes del operativo deben estar identificados mediante uniformes y placas personales. El proyecto también prevé el empleo de balas de goma sólo cuando la protesta ponga el peligro la integridad física de los agentes. El carácter de una manifestación “legítima” puede perderse, sin embargo, si algún participante comete un delito. “Además, como la ‘tipificación’ del delito es instantánea, la harían las propias fuerzas de seguridad”, se observa. Otro punto conflictivo del proyecto es el que obliga al manifestante designado para la mediación a dar su nombre, domicilio, número telefónico y correo electrónico. Freno a la protesta Diferentes sectores de la oposición creen que la iniciativa busca limitar la movilización social que surge por las dificultades económicas que atraviesa la Argentina en estos días. “El problema es que los piquetes se le han vuelto en contra y que la gente no aguanta más y le apunta al gobierno. Ya no hay piquetes buenos y malos, son todos malos”, destacó el diario Clarín el jueves 17. Los sectores de izquierda, por su parte, creen que el gobierno simplemente muestra su verdadera cara. Pero es dentro de la propia base kirchnerista donde peor ha caído la iniciativa, sobre todo entre sus políticos ligados a organizaciones sociales y sus jóvenes militantes que realizan trabajo social en los barrios. “No estoy de acuerdo con pedir permiso para protestar”, dijo el filósofo Ricardo Forster, miembro del grupo de pensamiento kirchnerista Carta Abierta. “El proyecto debería ser repensado”, sugirió. “La clasificación de las movilizaciones en ‘legítimas’ e ‘ilegítimas’ es un primer obstáculo, empezando por su propia nominación”, alertó el domingo 20 el portal de Página 12 en un análisis titulado “Legitimidades y momentos”. “La legitimidad es una categoría social o política: algo es legítimo cuando concita adhesión o merece aprobación. Usar el vocablo para diferenciar a lo permitido burocráticamente de lo denegado o no solicitado es más que un desliz: una provocación conceptual”, sentenció. La diputada del PRO, Laura Alonso, fue todavía más lejos al tachar la iniciativa como “inconstitucional”, ya que le da al Ejecutivo la potestad de decidir si una manifestación es legítima o no. Toda manifestación espontánea se convierte –de acuerdo con el proyecto de ley– en “ilegítima”. Lo sería, por ejemplo, la multitudinaria manifestación del 17 de octubre de 1945, cuando cientos de miles de trabajadores consiguieron la liberación de su líder, Juan Domingo Perón, detenido por un sector de las Fuerzas Armadas que lo consideraba populista. Igual de “legítima” sería la extraordinaria movilización popular que forzó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001, luego de que éste intentara sofocar el descontento decretando el estado de sitio. Tampoco podrían organizarse marchas o “piquetes” espontáneos para reclamar por familiares asesinados por la delincuencia, la policía o el narcotráfico. Ni frente a accidentes ferroviarios evitables, como los ocurridos en Buenos Aires en 2012 y 2013, donde murieron decenas de pasajeros. Menos podrían reclamar cortando calles los vecinos de varias ciudades que en diciembre último estuvieron diez días sin provisión de luz. Un requisito más para que la protesta sea “legítima” es que el corte de calles no sea total. Esto afectaría a los caceroleros antikirchneristas, que en los últimos años han convocado a diferentes marchas a través de las redes sociales. Y los paros de las centrales obreras opositoras ya no podrán justificarse, como ocurrió el último 10 de abril, del bloqueo a todos los accesos de la capital argentina para garantizar la efectividad de la medida. De esta forma, la prohibición de corte total de la circulación en una ruta afectaría severamente la capacidad de protesta de poblaciones que se enfrentan al avance de la contaminación por medio de agroquímicos o de la actividad minera. Ejemplo de ellos se registra en Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, donde un grupo de vecinos y ambientalistas impide desde hace meses la construcción de una planta de la multinacional Monsanto. Numerosas son también las poblaciones que han bloqueado accesos a proyectos mineros acusados de contaminar el aire y el agua. Las reacciones dentro y fuera del oficialismo contra el proyecto parecen haber calado hondo en el gobierno. “Nadie en la Casa Rosada ni entre los diputados oficialistas dio por muerta la iniciativa, aunque advirtieron que ni los propios la apoyarán y descuentan que sufrirá profundos cambios”, resaltó La Nación el martes 22. “Causa nacional” El 19 de junio de 2010 los asambleístas de la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, levantaron el piquete que bloqueaba el tránsito de la ruta 136 hacia el puente internacional que comunica con la vecina localidad de Fray Bentos, en Uruguay. El corte que impedía el cruce fronterizo había comenzado el 20 de noviembre de 2006. Durante tres años y siete meses los manifestantes repudiaron la instalación de una fábrica de celulosa frente a su ciudad, denunciando contaminación del aire y del agua del río Uruguay. La protesta había sido avalada por el expresidente Néstor Kirchner, quien en 2006 encabezó un acto en el lugar, calificando el reclamo de “una causa nacional”. Por entonces el fenómeno era criticado desde la prensa opositora pero encontraba apoyo y legitimidad en el gobierno y los sectores de izquierda. Más aún, los “piquetes” han sido el tema de más de veinte películas documentales encuadradas bajo el rótulo de “cine piquetero”. Otros “piquetes” de enorme repercusión política fueron los que llevaron adelante en 2008 las organizaciones patronales del campo. La protesta concentró a los poderosos productores de soya, opuestos a una resolución del gobierno que elevaba el cobro de retenciones a la exportación. La “guerra” contra la medida se libró en los medios masivos pero también en las carreteras del país. Los bloqueos incluso provocaron desabastecimiento de leche, pan, verduras, frutas y carne en varias ciudades, incluyendo Buenos Aires. En noviembre de 2010, la comunidad indígena qom La Primavera, en la provincia de Formosa, cortó la Ruta Provincial 86. Los inconformes reclamaban no ser desalojados de sus tierras, sin embargo, el corte fue dispersado a través de un violento operativo policial. En la refriega perdieron la vida el indígena qom Roberto López y el oficial principal de la policía provincial, Heber Falcón. Otros “piquetes” notorios fueron protagonizados, en diciembre último, por efectivos de las policías provinciales. Los uniformados cortaron calles en varias ciudades del país en reclamo de mejoras salariales. El año 2013 marcó un nuevo récord de “piquetes” en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Entre ambos distritos sumaron mil 836 cortes de calles, a un promedio de casi cuatro por día. “A la avenida 9 de Julio (en el centro de Buenos Aires) la han bloqueado con excusas de todos los colores. Estudiantes secundarios estafados con su viaje de egresados, vecinos del Gran Buenos Aires que pedían justicia por un caso de gatillo fácil (asesinato cometido por un policía durante una detención) y la barra brava de Boca de festejo por el día del hincha”, se lee en el mencionado artículo de Clarín. La devoción argentina por el “piquete” ha llegado a límites insólitos en San Lorenzo, una localidad cercana a Rosario. En la noche del 7 de marzo, un grupo de padrotes bloqueó el tránsito en la “zona roja” de la ciudad, en reclamo por la clausura de varios burdeles. “No cabe la menor duda de que hay una demanda desde el punto de vista social, un hartazgo por la interrupción del tránsito”, sostuvo el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, refiriéndose a la necesidad de regular los “piquetes”. A continuación admitió que se trata de un “tema complejo”. Pese a todo, la iniciativa presentada hace apenas unos días sufrirá modificaciones desde el propio kirchnerismo. Luego del notorio giro en materia de política económica, el apoyo de las propias bases luce hoy resquebrajado y las dudas tiñen como nunca la elaboración y ejecución de decisiones del gobierno argentino.